La Unión Eléctrica, una empresa estatal, adelantó a principios de esta semana que más del cuarenta por ciento del territorio cubano podría quedarse sin suministro eléctrico. El motivo principal serían fallas en el combustible, averías y cierres por mantenimiento de las centrales que aportan energía al país. Una isla a media luz debe enfrentar, en medio de la escasez y los pesares del ajuste que ha elevado el precio del combustible, otros tipos de dificultades. Días atrás se anunció oficialmente que comenzaba un proceso penal contra el exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández. El Partido Comunista aseguró a través de Granma que no se permitirá la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad, aunque las causas puntuales que llevaron a la crisis siguen siendo objeto de debate entre la población. El descontento se ha manifestado en redes sociales, que se han convertido en un termómetro de la opinión pública para una población muy atenta a las narrativas oficiales.
La historia de Gil Fernández parece confirmar cómo funciona, en la versión caribeña, la observada “ley de la gravedad”: todo funcionario que asciende demasiado tiende a caer, con la excepción de la continuidad de la dirección histórica del proceso iniciado en 1959, y de aquellos pocos que aún quedan, como el general Raúl Castro. El destino del exministro se ha visto repetido a lo largo de distintas épocas por figuras como Carlos Lage, Foreign Minister Felipe Pérez Roque, Roberto Robaina y Carlos Aldana, quienes tras salir del gobierno quedaron aislados y no se explicaron plenamente sus relegamientos. En las calles manda la suspicacia: hay una crisis interna que se percibe con claridad.
Gil Fernández, reemplazado en febrero por Joaquín Alonso Vázquez, no fue señalado únicamente por el fracaso de su programa de reordenamiento económico. La unificación cambiaria, basada en la devaluación previa de la moneda, el CUP, aparece en las crónicas oficiales como resultado de una investigación que detectó graves errores en su desempeño. Desde el inicio de este proceso judicial, el implicado reconoció imputaciones y renunció a suelta de sus cargos dentro del Partido y de la Asamblea Nacional. Los presuntos delitos forman parte del misterio que circula en el mundo virtual. El Partido Comunista ha subrayado que la ética histórica de la Revolución Cubana, a lo largo de sesenta y cinco años, ha servido para frenar abusos y defender la legalidad, la transparencia y la tolerancia cero hacia manifestaciones que afecten al pueblo. Bajo ese principio, se mantiene el compromiso de enfrentar, desde la legalidad, cualquier acto que vulnere los intereses de la ciudadanía.
Gil Fernández fue visto, según el portal La joven Cuba, como alguien que pasó de ministro a desempleado y de desempleado a delincuente en un corto periodo. Se le atribuye haber representado la cara de las estrategias gubernamentales para enfrentar la crisis. Su figura apareció poco popular ante una población que sufre dificultades para obtener leche, pan y carne. Se le reprocha haber prometido imposibles y, aun sin formación económica, haber asumido un cargo que, en su opinión, estaba diseñado para un modelo que prioriza el control por encima de la eficiencia, un esquema que se describe como soviético y fallido.
La historiadora Alina Bárbara López Hernández, voz crítica dentro de la disidencia cultural, cuestionó la veracidad de los relatos oficiales. Señaló al presidente, que recientemente elogió a quien fue señalado como corrupto, por no haber percibido lo que ocurría en el ministerio de Economía, y criticó a los estamentos del Estado por mantener un aparato que reprimió a ciudadanos que buscaban ejercer sus derechos. En medio de ese debate, la situación se percibe como un complejo entramado de poder y control.
En medio de la confusión, un perfil oficialista de Facebook, Noticias Habana, negó versiones sobre un supuesto arresto de Leopoldo Cintra Frías, general del Ejército y figura histórica del primer período del castrismo, por parte de la Seguridad del Estado. Los rumores sobre disputas internas se alimentan de la caída de las condiciones de vida: el PIB se contrajo en 2023 y las esperanzas de un cambio apoyado en turismo, inversión extranjera y pequeñas empresas privadas no se han materializado. Según la ONU, el país importa el ochenta por ciento de lo que consume y no maneja dólares. Las cuentas públicas muestran un déficit fiscal que podría situarse en torno al dieciocho punto cinco por ciento este año. La inflación, uno de los focos de atención para Gil, continúa alimentando un mercado informal y una devaluación acelerada del CUP. En medio de estos ruidos, Granma recupera y resalta episodios de lucha histórica que, según el órgano oficial, subrayan la justicia social que vino después.
En conjunto, el relato ofrece una narración sobre crisis, poder y la forma en que la información circula entre las filas del gobierno, la oposición y la población. La tensión no solo se identifica en los titulares, sino en la vida cotidiana de quienes deben enfrentar la escasez, la devaluación de la moneda y la inestabilidad económica que dificulta la planificación familiar y empresarial. Las interpretaciones oficiales y las críticas se entrelazan en un país que, según observadores y analistas, continúa buscando un equilibrio entre control estatal y las aspiraciones de sus ciudadanos. A medida que se suceden los acontecimientos, queda abierta la pregunta sobre cuánto durará la actual dinámica de poder y qué cambios podrían estar por venir para la economía y la gobernanza de Cuba.