La decisión de la Unión Europea (UE) de suavizar las exigencias medioambientales de la Política Agrícola Común (PAC) ha generado satisfacción general entre los agricultores españoles, que por ahora permanecen expectantes y, de momento, descartan emprender nuevas movilizaciones. Tras lograr esta primera victoria en Bruselas, los sindicatos del sector centran ahora sus esfuerzos en el Congreso de los Diputados. Ya han llegado a esa cámara un par de propuestas de reforma de la ley de la cadena alimentaria. Es fundamental revisar el sistema de fijación de precios para evitar ventas a pérdidas, señala Carles Vicente, secretario de Organización de Unió de Pagesos, la organización agraria mayoritaria en Cataluña, al apuntar que ese aspecto podría marcar el ritmo de las políticas futuras y la viabilidad de las explotaciones familiares a largo plazo. Este análisis subraya la necesidad de incorporar mecanismos de estabilidad que reduzcan la volatilidad de los ingresos y protejan al agricultor ante shocks climáticos y de mercado que se han vuelto más frecuentes en los últimos años.
Hace una observación pragmática un productor: el inicio de la entrega de ayudas para los cereales correspondientes al año 2023 coincide con la creciente incertidumbre sobre la cosecha de 2024. No obstante, añade que es positivo que se contemple la exención de controles y sanciones para explotaciones de menos de 10 hectáreas, siempre que se aporten motivos objetivos, y que las comunidades autónomas puedan solicitar tratamientos específicos cuando exista justificativo razonable. Este planteamiento, sostiene, facilita la continuidad de las pequeñas explotaciones y garantiza una distribución más equitativa de las ayudas entre los distintos tipos de explotación. En su visión, la clave reside en crear un marco de apoyo que no penalice a quienes trabajan con recursos limitados y que, a la vez, incentive prácticas agrícolas sostenibles en todo el territorio.
Aún queda por hacer
Cooperativas Agroalimentarias de España valora como un avance la flexibilización de la PAC, aunque advierte que no llega a modificar a tiempo la planificación de herbáceos y cereales de invierno, sembrados entre octubre y noviembre. El presidente de la entidad sostiene que lo más importante es mantener un “diálogo estratégico” abierto con las autoridades europeas para garantizar una transición ecológica con un presupuesto suficiente y una ejecución que no desorganice el sector. Esta posición subraya la necesidad de una planificación que combine ambición climática con realismo económico para que los agricultores puedan invertir en modernización, tecnología y prácticas que reduzcan la huella ambiental sin comprometer la rentabilidad.
En Bruselas se señala que existen políticas relevantes que afectan al sector y que no han sido abordadas de forma integral, como la ley de restauración de la naturaleza, la directiva de usos industriales o las cláusulas espejo contra las importaciones. Estas cuestiones, recogidas por la agencia de noticias en el cierre de la ronda actual, se sitúan en el centro del debate sobre cómo equilibrar la protección del medio ambiente con la seguridad alimentaria y la competitividad de la industria agrícola. El análisis sectorial advierte que la falta de claridad sobre estos puntos podría generar tensiones a medio plazo, afectando a productores, cooperativas y distribuidores por igual. Este contexto exige respuestas coordinadas entre las instituciones y los actores del campo para evitar pérdidas de rentabilidad y asegurar un abastecimiento estable para el mercado interior y, a la vez, cumplir con las metas climáticas pactadas a nivel internacional.
El secretario general de la organización COAG afirma que los cambios de la PAC son positivos, pero sostiene que aún queda mucho por hacer. Subraya que las medidas actuales no bastan para responder a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, porque no se aborda de forma clara el tema del mercado y de la competitividad. La preocupación central es que las reformas necesiten ir acompañadas de instrumentos que aseguren precios justos, condiciones de venta razonables y un marco de apoyo que fomente la inversión en tecnologías y prácticas que reduzcan pérdidas y residuos, sin que el costo recaiga desproporcionadamente sobre los productores pequeños y medianos. Esta visión insiste en una mayor coordinación entre políticas agroalimentarias y financieras para evitar desequilibrios en la cadena de valor y garantizar ingresos estables a lo largo de los años.
La agrupación UPA ha reafirmado que las medidas de flexibilización en la UE son vistas como un éxito de las movilizaciones del campo y ha manifestado su intención de alcanzar un acuerdo nacional que ofrezca apoyo concreto al sector, con respuestas a las reivindicaciones de los agricultores. Según la organización, para la campaña de 2024 las condiciones y requisitos impuestos por Bruselas para recibir las ayudas de la PAC deberían mejorar notablemente, lo que permitiría una implantación más eficiente de las medidas y un mayor acceso a recursos para inversiones necesarias, como la modernización de regadíos, la mejora de infraestructuras y el fortalecimiento de la cadena de suministro en el mercado interno. Este diagnóstico destaca la necesidad de mantener el impulso de las movilizaciones con un marco de negociación que priorice la sostenibilidad y la resiliencia de las explotaciones frente a variaciones climáticas y cambios en las reglas comerciales internacionales.
Ecologistas decepcionados
Mientras tanto, algunos actores del movimiento ecologista señalan que la reforma pactada en Bruselas a través de la revisión de la Ley de Restauración de la Naturaleza no evita la posibilidad de interferencias que dificulten el cumplimiento de los Acuerdos de París. Analistas señalan que la flexibilización de los requisitos ambientales podría reducir el nivel de protección, con efectos a largo plazo en la desertificación y en la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Las organizaciones sociales advierten que se han recortado criterios clave que permiten garantizar prácticas agroecológicas y protección de los ecosistemas si no se acompasan con monitoreo y evaluación rigurosos. En este marco, se solicita un proceso de impacto claro y oportunidades de enmiendas para asegurar que las políticas sigan siendo efectivas y aceptadas por la ciudadanía y por los productores.
La campaña ambientalista también señala que la nueva normativa ha quedado expuesta a cuestionamientos cuando, poco después de su discusión, un bloqueo provocó tensiones internacionales. Las organizaciones involucradas piden cautela y transparencia en la evaluación de efectos, para garantizar que las decisiones no afecten negativamente la seguridad alimentaria ni la estabilidad de los ingresos de quienes trabajan la tierra. En este tono, se insiste en la necesidad de medir el impacto real de cualquier cambio y de mantener abiertas las vías de participación para que los agricultores y las comunidades rurales puedan influir en las reglas que regulan su trabajo diario y su sustento a largo plazo.