Subida de la tasa Enresa enfrenta a gobierno y eléctricas fronteras de costos y planes de residuos

Las grandes eléctricas buscan bloquear durante años la subida prevista por el Gobierno de la tasa que financia el desmantelamiento de las centrales nucleares, la construcción de siete almacenes temporales y un gran cementerio definitivo, así como la gestión de los residuos durante décadas. Estas decisiones requieren una inversión que alcanza miles de millones y que afecta directamente a la economía de las plantas y al sistema de gestión de residuos radiactivos.

El Gobierno inició un proceso legal para aprobar una subida sustancial de casi el 40% del gravamen, con la intención de aplicarla a partir del próximo julio. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera, paralizó el procedimiento, archivó el borrador de real decreto y reabrió un diálogo público desde cero, sin anunciar de forma anticipada un incremento concreto de la tasa, tal como informó este diario. (Fuente: redacción)

El aumento anunciado inicialmente por el Ejecutivo provocó la oposición de las grandes eléctricas propietarias de las centrales: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Estas compañías presentaron alegaciones y emprendieron acciones legales ante el Tribunal Supremo contra el Plan General de Residuos Radiactivos y contra el cierre del proyecto para un único almacén en Villar de Cañas, Cuenca. (Fuentes judiciales)

Un nuevo plan de residuos que abandona el objetivo de un único cementerio y que, en cambio, plantea la construcción de siete almacenes temporales. Esta reconsideración eleva el coste previsto en unos 2.000 millones de euros, una razón central para justificar la subida de la tasa que pagan las centrales a Enresa, la empresa encargada de la gestión de residuos. (Informe preliminar)

Esperar al Supremo

La patronal Foro Nuclear, integrada por las cuatro grandes eléctricas, intenta frenar la subida de la tasa durante varios años. La asociación y las compañías piden al Gobierno que no presente una nueva propuesta de real decreto para subir la tasa Enresa hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre sus recursos contra el Plan de Residuos y contra el cierre de Villar de Cañas. Este aplazamiento, según fuentes jurídicas, podría extenderse al menos dos años debido a los plazos habituales de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para resolver este tipo de recursos. (Análisis jurídico)

Foro Nuclear y las eléctricas que poseen las centrales (principalmente Endesa e Iberdrola, con participación menor de Naturgy y EDP) recogieron esta solicitud en el documento de alegaciones presentado al Gobierno dentro del proceso de revisión de la tasa, según informa El Periódico de España, del mismo grupo editorial, citando fuentes cercanas a las compañías. (Investigación periodística)

Las empresas entienden que el nuevo marco de residuos y el fin del proyecto de un solo almacén son las razones que empujan al Gobierno a proponer una subida de la tasa. Se niegan a asumir los sobrecostes millonarios derivados de decisiones que, a su juicio, responden a una falta de consenso político e institucional sobre la ubicación de un almacén temporal y que no pueden imputarse a las empresas. Por ello, solicitan esperar a la decisión del Supremo antes de aplicar cualquier incremento.

Reforma fiscal integral

Las grandes eléctricas presionan para una reforma amplia de los impuestos que gravan las centrales nucleares, con el objetivo de frenar la subida de la tasa Enresa. Foro Nuclear propone destinar la recaudación proveniente del impuesto sobre el combustible nuclear gastado y los residuos a un fondo específico para el desmantelamiento y la gestión de residuos, en lugar de destinarlo a las arcas públicas. También solicita que Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego se repercute a las centrales. (Documento de alegaciones)

En su compromiso, el Gobierno de Mariano Rajoy creó estos gravámenes en 2012. Desde entonces, las centrales han abonado 3.100 millones de euros por el tributo al combustible y los residuos, y quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón total previsto para 2035. Enresa ha pagado 148 millones por el almacenamiento de residuos y tendría que abonar otros 1.277 millones a medida que aumente el volumen de desechos, recursos que, en teoría, volverán a financiarse a través de la tasa Enresa. Las nucleares sostienen que si estos ingresos se utilizan para financiar el plan de residuos, no sería necesaria una subida tan pronunciada de la tasa. (Datos oficiales)

Golpe millonario por el ‘tasazo’

El Ministerio para la Transición Ecológica había iniciado, en enero, el proceso para aprobar una subida de la prestación patrimonial que pagan las eléctricas hasta 11,14 euros por cada megavatio hora, un incremento del 39,5% respecto a los 7,98 euros actuales. Dependiendo del volumen anual, las eléctricas abonan una media de unos 450 millones de euros al fondo que financia el plan de residuos radiactivos, que acumula alrededor de 7.400 millones. (Cifras oficiales)

La subida propuesta supondría que la cuota llegara a cerca de 630 millones al año, 180 millones más que la cifra actual. Este incremento ha provocado fricción entre el Gobierno y las eléctricas, que alegan que la fiscalidad excesiva podría afectar su viabilidad económica. (Análisis económico)

Las nucleares señalan que, sumando impuestos y tasas, ya pagan alrededor de 25 euros por MWh, es decir entre el 35% y el 40% de los ingresos. Con la subida de la tasa Enresa, ese porcentaje podría tocar los 28 euros por MWh, lo que equivale a casi la mitad de la facturación. Un informe de PwC estimó que la carga total quedaría en torno a 1.566 millones de euros anuales entre impuestos y la subida de la tasa. (Informe PwC)

El planteamiento vigente, basado en el plan de residuos, pretendía aumentar la subida de la tasa en un 39,5% para cubrir los costes de 2.000 millones del nuevo plan de residuos. Este periodo se sitúa después de la subida de casi el 20% acordada en 2019 entre el Gobierno y las eléctricas para fijar el calendario de cierre de las plantas. Las nucleares sostienen que ese acuerdo de 2019 ya contemplaba un incremento del 20% y ahora buscan diálogo para evitar subir por encima de esa cota y no romper el pacto. (Notas de negociación)

La subida de la tasa estaba vinculada al nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, que prevé el cierre escalonado de todas las centrales entre 2027 y 2035, la construcción de siete almacenes temporales y un almacén definitivo para 2073, con una factura total estimada de 20.200 millones de euros para las instalaciones en servicio. (Plan detallado)