Balanza fiscal y gasto territorial: clave para entender la inversión del Estado en Cataluña

Con el objetivo de respetar el compromiso asumido con Junts, el Ministerio de Hacienda ha publicado este martes datos presupuestarios que deben servir para construir una estadística de balanzas fiscales. Estas balanzas muestran las relaciones financieras entre la Administración central y las comunidades autónomas, y, en particular, entre el Estado y la Generalitat de Cataluña.

Los datos, disponibles en la web del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), corresponden al ejercicio 2021 y se presentan en bruto en varias hojas de Excel para que los analistas extraigan conclusiones con los criterios y metodologías que consideren pertinentes. Aun así, la información ofrecida por Hacienda no facilita las conclusiones de forma directa. Por ejemplo, de 106.504 millones de euros que componen los gastos de la Administración del Estado en 2021, solo figuran territorializados, por comunidades, partidas que suman 3.991 millones, es decir, apenas el 3,75% del total. El resto, unos 102.000 millones, figura como gasto “no regionalizado”.

De este modo, resulta complicado extraer conclusiones, y la Generalitat de Cataluña ha expresado su queja este mismo martes. “Hay 102.000 millones de gasto del Estado que aún no se indican en qué territorios se gastan”, señalan desde la Conselleria de Economia.

Empresas estatales

Otra cuestión relevante es la inversión de las empresas estatales. Aunque la partida de gasto es menor (4.422 millones en 2021), sí aparece con datos territorializados por comunidades autónomas en los estados contables publicados por el IEF. El 90% de esta inversión se concentró en siete empresas estatales: Adif-Alta Velocidad, Enaire, Adif Infraestructuras, Renfe, Puertos del Estado, Sepi y Seittsa.

De los casi 4.000 millones de euros invertidos por estas siete empresas en 2021 (3.926 millones), el mayor porcentaje (17,5%) se centró en Madrid, seguido de Andalucía (11,9%) y Cataluña (11,5%), con un total de 451 millones para la comunidad catalana.

Al desglosar, Madrid recibió casi la mitad de toda la inversión que Renfe realizó en 2021 (352 millones, frente a un total de 644). En Cataluña, la inversión de Renfe apenas alcanzó 90,6 millones, el 14% del total anual. Sin embargo, en el caso de Adif Infraestructuras, Cataluña fue la principal destinataria en 2021 (169 millones, sobre un total de 708, el 23% del total), cifra que multiplicó por 2,5 veces la que recibió Madrid (67 millones).

Información escasa

En resumen, lo que parecía un avance claro hacia la transparencia corre el riesgo de perder impulso. La información publicada por Hacienda para calcular las balanzas fiscales, un compromiso asumido para apoyar los decretos contra la crisis, no parece suficiente. De los 106.504 millones de euros de gasto de la Administración del Estado, solo se ha territorializado 3.991 millones, es decir, el 3,75% del total.

De esa cifra, apenas el 3,84% corresponde a Cataluña (153 millones) y el 17,46% a Madrid (696 millones), según los datos publicados por Hacienda. La suma total se reparte entre 177 partidas de gasto.

En cuanto a los organismos autónomos del Estado, del total de obligaciones reconocidas en 2021, que suman 48.937 millones, solo figuran territorializadas 729,35 millones (el 1,5% del total). El resto corresponde principalmente a programas de gasto no regionalizados (48.144 millones, 98,4%), de servicios centrales (46 millones) y gasto en el extranjero (16 millones).

Ante estas cifras, la Conselleria de Economia afirmó que “no aportan ninguna novedad” y que la territorialización del gasto, clave para calcular la diferencia entre lo que aporta cada territorio a través de impuestos y lo que recibe como gasto e inversión del Estado, “todavía no se ha publicado”. El Ejecutivo central no ha dado a conocer estos datos desde hace más de diez años, aunque en 2018 proporcionó información, según denunció la Generalitat.

A juicio de Economia, los datos facilitados hoy por Hacienda son “la inversión territorializada del Estado y de la Seguridad Social”, información que ya es pública. Hasta ahora, la inversión se repartía por ministerios; ahora también se reparte por programas de inversión. En ese sentido, se mantiene la idea de transparencia, pero se advierte de que la metodología y la publicación deben ser consistentes y oportunas para que la diferencia entre gasto y aportación por territorio se entienda claramente.

Prudencia de Junts

Tras la publicación de los datos brutos, Junts señaló que analizará los números con expertos y se mantuvo en un “principio de prudencia” antes de verificar si se facilita toda la información necesaria para realizar el cálculo correctamente. Carles Puigdemont, a través de X, afirmó que “el cálculo de las balanzas fiscales debe hacerse con datos abiertos y contrastables, que es lo que a partir de ahora será posible”. El expresidente consideró la información de este martes como una muestra inicial que explica la negativa histórica del Gobierno español a publicar los datos.

Las últimas balanzas fiscales calculadas por la Conselleria de Economia, basadas en 2020 y 2021, mostraron un déficit fiscal que se acerca al 10% del PIB, frente al 8,5% en 2019. Este desfase entre lo que gasta e invierte el Estado y lo que se recauda en Cataluña fue de 21.982 millones en 2021, el 9,6% del PIB; y de 20.772 millones en 2020, el 9,8% del PIB. Es uno de los registros más altos desde 1986, año desde el que hay datos. Se sitúa ya en 2.831 euros por habitante, según estas estimaciones.

La consejera de Economia, Natàlia Mas, insistió en las críticas al Ministerio de Hacienda por su supuesta falta de transparencia y vinculó los datos de ejecución de la inversión territorializada para 2022 al segundo semestre, que debieron publicarse en mayo pasado. De hecho, se difundieron antes los de la primera mitad de 2023, también con retraso.

El Govern de ERC sostiene que este déficit fiscal crónico limita la capacidad de inversión y gasto de la Generalitat y que es obsoleto e arbitrario, con reiterados incumplimientos en la inversión del Estado en Cataluña.

Desde 2008, con el impulso de la llamada contabilidad territorial, se han ido ajustando las cifras entre lo que aporta Cataluña y lo que recibe. Las primeras versiones, vinculadas al periodo de 2005, se presentaron como un intento de medir el desequilibrio, y las revisiones posteriores buscaron clarificar el alcance de las balanzas fiscales y su impacto en el PIB y en los per cápita.

En suma, las cifras de estas cuentas territorializadas siguen siendo objeto de debate político y académico, con la promesa de mejorar la precisión de la inversión y la distribución de recursos a través de la Administración central y sus entes autónomos, para que cada comunidad pueda evaluar mejor su desempeño fiscal y su papel en el conjunto del sistema educativo, de transporte y de servicios sociales. La conversación continúa con miras a una mayor transparencia y comparabilidad entre territorios.