El avance del reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España se mantiene en marcha, con la intención de convertirlo en una política vigente en Naciones Unidas. En el marco de una gira por Oriente Medio, el presidente Pedro Sánchez prometió que España reconocerá a Palestina como Estado en el transcurso de este semestre. La Autoridad Nacional Palestina solicitó por escrito al secretario general de la ONU, António Guterres, que se inicie el proceso para su admisión como Estado miembro. ¿Qué implica todo esto para la escena internacional?
Cuantos más países reconozcan a Palestina como Estado, hoy ya respaldado por 139 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, mayor será su margen de acción en la arena global. Si esa sucesión de reconocimientos culminara con la admisión de Palestina como Estado miembro de la ONU, se abriría un conjunto de herramientas diplomáticas y políticas. Podría, por ejemplo, denunciar ante tribunales internacionales las presuntas violaciones de derechos humanos en Israel ante la Corte Internacional de Justicia, o integrarse a organismos como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. En conjunto, estas posibilidades redefinirían el marco de actuación de Palestina en el sistema multilateral.
El reconocimiento prometido por Sánchez tendría un impacto político inequívoco, aunque sus efectos prácticos en la política y la diplomacia serían moderados. En 2010, el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero elevó el rango de la representación palestina en España al de embajada, de modo que el jefe de misión ostenta la categoría de embajador. En 2022, el rey Felipe VI entregó las cartas credenciales al embajador palestino en una ceremonia palaciega habitual para los representantes extranjeros. Durante la actual crisis en Gaza, tanto el presidente Sánchez como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibió a la embajada palestina bajo el mismo protocolo que otros jefes de misión.
A la vez, las relaciones diplomáticas in situ con la Autoridad Nacional Palestina se gestionan desde el Consulado de Jerusalén, una presencia de rango inferior a la de una embajada. Esa asimetría contrasta con la relación que se mantiene con Israel, que cuenta con embajada y embajador en Tel Aviv.
Por lo demás, el Gobierno español ya trata directamente con el Gobierno palestino, con sede en Ramala. El propio Sánchez mantuvo una reunión con Mahmoud Abás durante la gira que también llevó a encuentros con dirigentes israelíes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha estado avanzando en la organización de un viaje para reunirse con el ministro de Trabajo palestino, con el objetivo de firmar acuerdos de cooperación en el ámbito laboral.
El factor central de este movimiento no es solo diplomático: es político. España estaría abriendo la puerta a que otros países occidentales sigan su ejemplo de reconocimiento. En la Unión Europea, nueve de los veintisiete Estados ya se han sumado a este reconocimiento. Si Irlanda y Eslovenia cumplen con la promesa de alinearse con Sánchez, se llegaría a doce países. Bélgica y Portugal, que también han mostrado voluntad de avanzar, podrían sumar otros dos, elevando la cifra a catorce y alcanzando más de la mitad de los países de la UE.
En Naciones Unidas, Palestina figura como un “Estado observador no miembro”. Este martes, la Autoridad Palestina solicitó formalmente ser reconocido como Estado de pleno derecho, según informaciones recibidas desde Nueva York. La intención es que el Consejo de Seguridad apruebe el inicio del proceso de admisión durante abril; Malta preside ese consejo y se ha mostrado favorable a los intereses palestinos. Cuentan con el respaldo de 140 Estados más. De prosperar, la propuesta pasaría a la Asamblea General, que la aprobaría por amplio margen. Un cambio así transformaría, de forma radical, el estatus jurídico de los territorios bajo ocupación.
De obtener estatus de Estado miembro, Palestina podría suscribir acuerdos comerciales y sumarse a las distintas entidades internacionales. Podría participar, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, la cual resuelve disputas entre Estados. Vale recordar que Sudáfrica ya presentó ante la Corte un caso en nombre de Palestina relacionado con presuntos actos de genocidio en Gaza. Ser Estado permitiría a Palestina involucrarse de manera más activa en estas instancias y firmar el Estatuto de Roma, base de la Corte Penal Internacional, de la que depende la investigación de crímenes de guerra y de genocidio.
Al mismo tiempo, Palestina tendría la responsabilidad de cumplir con las normas de la legalidad internacional y de los derechos humanos propias de los Estados miembros de la ONU, y sería objeto de supervisión por los mecanismos de derechos humanos, en particular por el Consejo de Derechos Humanos. Este marco generaría incentivos para un mayor control de grupos extremistas y su actividad podría someterse a un escrutinio internacional más riguroso.
Actualmente, algunos arrestos de milicianos palestinos son tratados por tribunales israelíes como civiles combatientes, lo que implicaría un cambio significativo si Palestina fuera un Estado con Ejército regular: esos detenidos podrían ser considerados prisioneros de guerra.
Respecto al procedimiento para reconocer a Palestina como Estado, persiste la confusión entre este reconocimiento y la idea de una solución de dos Estados. Esta última es una propuesta ampliamente respaldada a nivel internacional que aboga por la coexistencia de un Estado palestino funcional junto a Israel. En el terreno, la realidad es que tanto el gobierno de Netanyahu como la Knesset han obstaculizado este objetivo durante años, mediante la construcción de asentamientos y restricciones a la movilidad de la población palestina.
La existencia de un Estado, en esencia, se define por tres elementos: población, territorio y organización política. En ese marco, el reconocimiento de Sánchez podría considerarse un acto puramente declarativo de naturaleza política, con consecuencias jurídicas que no deben subestimarse. ¿Cómo se ejecutaría? El presidente podría anunciar formalmente, mediante una declaración institucional o una nota diplomática, que España reconoce a Palestina como Estado. Sin embargo, lo más probable es que la decisión se tome por resolución del Consejo de Ministros, siempre que cuente con el apoyo suficiente, apoyándose en resoluciones anteriores aprobadas por el Congreso.
En definitiva, este movimiento estratégico parece más una señal política que una transformación rápida de la realidad regional. No obstante, su impacto podría ser decisivo para otros países occidentales y para la dinámica de la política mediterránea, al tiempo que amplía el marco de juego en las instituciones multilaterales y redefine las herramientas disponibles para la defensa de los derechos de los palestinos.