Es una de las normas que la crisis energética dejó guardada en un cajón y que, con la normalización de los precios, el Gobierno aún no ha decidido restablecer. En 2021, el Ejecutivo aprobó un proyecto de ley para revisar la distribución de costes que soporta el sistema eléctrico con el fin de disminuir de manera permanente la factura de la luz. Sin embargo, esa revisión implicaría, a modo de contrapartida, subidas en el precio de los combustibles y del gas natural.
La subida de precios del gas y de los carburantes durante el punto álgido de la crisis llevó al Gobierno a frenar la tramitación parlamentaria de la norma en 2022. El objetivo era evitar provocar más aumentos en un momento de gran inestabilidad en los mercados y no añadir más tensión a las ya elevadas tarifas energéticas.
La norma que quedó congelada preveía la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Este fondo buscaba que la factura eléctrica dejara de cargar por completo la retribución a las antiguas plantas de renovables reguladas y trasladar parte de esos costes a las petroleras y a las gasistas. El resultado sería, a la postre, un encarecimiento adicional de los carburantes y de la factura del gas natural, afectando no solo a los hogares, sino también a las grandes industrias que consumen energía a gran escala.
El Gobierno defiende los objetivos de la norma y la fórmula elegida para alcanzarlos, pero sostiene que aún no es el momento de reactivarla en el Congreso. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló recientemente que persiste la incertidumbre sobre la evolución de los precios energéticos y que no parece oportuno activarla de inmediato, aunque dejó claro que la medida podría necesitar recuperarse en el futuro.
Desde el sector de las energías renovables, hay un llamado para retomar la tramitación de la norma y crear el FNSSE cuanto antes, con el fin de impulsar la transición energética y reducir el coste final de la electricidad. Se propone trasladar parte de sus costes a los combustibles fósiles para favorecer la electrificación de la economía y incentivar a los hogares y empresas a avanzar hacia una mayor penetración de tecnologías limpias. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, afirmó que el FNSSE podría ser una herramienta necesaria para acelerar la descarbonización y ampliar la electrificación de la economía.
El Gobierno ha ido retirando algunas de las medidas excepcionales adoptadas durante la crisis energética para frenar el aumento de la electricidad y ha iniciado una subida gradual de ciertos impuestos que se aplican a la factura eléctrica, buscando que el coste sea más estable en el tiempo conforme se normalizan los precios. En esta línea, el sector advierte que la subida de impuestos encarecerá la electricidad y que parte de esos costes podría trasladarse a los combustibles fósiles. El director de la patronal solar afirmó que no es razonable subvencionar continuamente los combustibles fósiles y que la fiscalidad debe avanzar hacia un modelo que incentive la electrificación.
El sector eólico ha expresado su apoyo a la creación del FNSSE como pilar para la descarbonización y subrayó la necesidad de compartir esfuerzos entre todos los actores energéticos, distribuyendo parte de los costes del despliegue de plantas verdes entre las distintas fuentes de energía para avanzar en la reducción de emisiones. Por su parte, las grandes compañías eléctricas también respaldan la idea de reanudar la discusión sobre la distribución de los costes, pero consideran que la propuesta del gobierno podría ser insuficiente y piden una revisión más amplia de la fiscalidad eléctrica. En particular, señalan que sería mejor una revisión global que fortalezca la política de precios y potencie una fiscalidad energética basada en el principio de quien contamina paga. Se recuerda que actualmente las eléctricas operan bajo un marco fiscal con múltiples gravámenes estatales y autonómicos.
El tema de las renovables reguladas sigue centrando la atención. El coste de la retribución a estas antiguas energías reguladas, alrededor de 4.500 millones de euros este año, continúa cargándose íntegramente en la factura de la luz. El Gobierno esperaba que el FNSSE permitiera reducir esa carga y distribuirla entre las petroleras y gasistas, trasladándola así parcialmente al precio de los combustibles y a la factura del gas.
Las discusiones sobre la aprobación de la ley se movieron en paralelo a la tensión en los mercados energéticos y a la puesta en marcha de escudos sociales para evitar impactos en hogares y empresas ante las fuertes subidas. El Ejecutivo decidió no aumentar de inmediato los costes para carburantes y gas, precisamente para evitar efectos adversos cuando se estaban aplicando medidas extraordinarias para contener el gasto público y el precio de estas energías.
En su momento, se estimó que la entrada en vigor del FNSSE podría aliviar en unos 663 millones de euros los costes que pesan sobre el sistema eléctrico. Estas cargas, que eran trasladadas a petroleras y gasistas, podrían ser absorbidas en parte por esas empresas y repercutirse en sus clientes. Paralelamente, se aprobó y luego se paralizó otro proyecto para recortar ingresos de las eléctricas por CO2 no emitido por nucleares, hidroeléctricas y eólica, lo cual habría agregado unos 483 millones de euros al sistema. En total, las dos normas podrían haber reducido alrededor de 1.140 millones de euros que actualmente se cargan a la factura eléctrica.
La iniciativa del fondo renovable despertó la alarma en grandes patronales industriales, que advertían de un impacto milmillonario para la industria y denunciaban que la medida coincidía con un periodo de crisis energética y costes disparados. Varios sectores, agrupados en asociaciones como Anfac, Sernauto, AOP, Aspapel, Feique, Fiab, Oficemen, Primigea y Unesid, solicitaron al Gobierno y a la oposición que suspendieran la tramitación para evitar que el reparto de costes de las renovables se trasladara a la industria. Aunque estas patronales valoraron la idea de desagregar el coste de las renovables de la factura eléctrica, pidieron que esa carga no afectara la competitividad industrial. Propusieron que las retribuciones de las renovables reguladas se trasladaran a los Presupuestos Generales del Estado de forma progresiva, para contener el impacto en la industria y mantener la viabilidad de la transición energética.