La ambición climática y la búsqueda de un entorno más sostenible han llegado para quedarse. Sin embargo, cuando hace unas semanas la protesta del campo inundó las calles europeas, la Comisión y los Veintisiete se vieron obligados a escuchar el descontento de agricultores y ganaderos. Respondieron con una batería de concesiones para aliviar las tensiones provocadas por las exigencias ambientales de la Política Agrícola Común y del Pacto Verde Europeo, políticas que el sector ve, en parte, como origen de su empobrecimiento.
Las quejas no son nuevas y la lista de reproches es larga. La caída de ingresos por la inflación en las ayudas, la competencia desleal de terceros países que exportan a la UE a precios más bajos sin respetar la regulación europea sobre bienestar animal o pesticidas, y la maraña de trámites necesarios para obtener subsidios han sido constantes. A cuatro meses de unas elecciones europeas, cuando la extrema derecha podría consolidarse en el Parlamento, el Ejecutivo comunitario respondió a algunas de las demandas del campo y a peticiones de la derecha que desde hace tiempo pide una pausa regulatoria en la PAC y en toda la política relacionada con el pacto verde y la biodiversidad, aprobadas con el aval de los Veintisiete.
Pagos directos de la PAC
Lo primero que anunció Bruselas hace dos semanas fue la derogación de la obligación de mantener un 4% de tierras cultivables en barbecho. Para recibir los pagos directos de la PAC, que se actualizó con una reforma en vigor desde el 1 de enero de 2023 y que se prolonga hasta 2027, los agricultores deben cumplir criterios que benefician al clima y al medio ambiente. Este principio de condicionalidad se aplica a casi el 90% de la superficie agrícola de la UE.
Entre esos criterios se exige dejar una pequeña porción de tierras en barbecho o en zonas no productivas, como setos, arboledas o estanques. Sólo quedan exentos los explotaciones con menos de 10 hectáreas. A partir de ahora, los agricultores pueden seguir recibiendo subsidios si alcanzan al menos el 4% incorporando no solo barbechos y zonas no productivas, sino también cultivos intermedios sin productos fitosanitarios o fijadores de nitrógeno como leguminosas. Esta flexibilidad estará vigente por ahora este año y responde a las demandas de muchos gobiernos y, sobre todo, a la presión de los agricultores.
Refleja las circunstancias extraordinarias a las que se enfrenta la comunidad agrícola y demuestra que la Comisión escucha y responde a estas necesidades en tiempo real, explicó el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, cuyos planteamientos han sido respaldados por organizaciones del sector. Datos oficiales señalan que una parte significativa de la financiación de la PAC está destinada a beneficios para clima, agua, suelo, aire, biodiversidad y bienestar animal, incentivando prácticas que van más allá de la condicionalidad obligatoria.
Políticas medioambientales
La derogación del 4% de barbecho no ha sido el único gesto de la Comisión en los últimos días. También ha decidido revisar hacia atrás una propuesta que buscaba reducir a la mitad el uso de pesticidas. Se trata de una de las piezas clave del Pacto Verde Europeo, un conjunto de medidas que pretende acercar a la UE a la sostenibilidad y que encontró resistencia tanto en el sector agrícola como en el Parlamento Europeo. La presión del campo llevó además a la Comisión a renunciar a exigir recortes de emisiones para el sector agrícola. Aunque se celebran victorias menores, el sector reclama aún cambios profundos: la posibilidad de pausar cualquier legislación europea que afecte a los agricultores, incluida la ley de restauración de la naturaleza, y cláusulas espejo en futuros acuerdos comerciales con terceros países para asegurar que se cumplen las mismas normas, así como mayores controles a las importaciones.
Los gobiernos central y autonómico
En España, el gobierno central recuerda las ayudas y apoyos ya desplegados desde el inicio de las movilizaciones. Se citan 4.000 millones de euros destinados al campo en los dos últimos años y 1.300 millones en 2023 como ayudas directas a los agricultores. Ante la posibilidad de nuevas movilizaciones, el ministro de Agricultura ha presentado una propuesta de medidas adicionales centradas en mejorar la economía rural, incluida la creación de una agencia para vigilar los precios de los alimentos y la voluntariedad del cuaderno digital, una herramienta diseñada para el control de la cadena de suministro.
La Generalitat también actúa para reducir la carga administrativa. Anuncia que pospondrá nuevos trámites dependientes de la administración regional y que no se iniciar1n procesos que agraven la carga de trabajo de los agricultores, mientras se pone en marcha una ventanilla única destinada a simplificar trámites y aliviar la burocracia que afecta al sector.
La situación en el país muestra cómo las decisiones europeas impactan a nivel nacional y regional, y cómo las respuestas gubernamentales buscan equilibrar la necesidad de una agricultura competitiva con las metas ambientales que marca la Unión.
En resumen, el impulso económico y las exigencias ambientales han logrado abrir un espacio de negociación entre el sector agrícola y las instituciones europeas. Los cambios anunciados reflejan un intento por acomodar la realidad práctica de los agricultores ante un marco normativo cada vez más exigente, sin dejar de lado la meta de una economía más verde y sostenible. Este equilibrio, aún por consolidar, seguirá siendo central en el debate público y político durante los próximos años, a medida que se afinen las políticas y se definan nuevos calendarios de implementación y supervisión.