El destacado defensor de los derechos humanos Oleg Orlov debe cumplir dos años y medio de prisión en Rusia, condenado por cargos de “desacreditar al Ejército ruso”. Este proceso marca su segunda pena desde que estalló la guerra en Ucrania en 2022. Su primer fallo, dictado por una crítica publicada a finales de ese año, se tradujo en una multa de 1.500 euros. En ese entonces pudo evitar la cárcel gracias a la edad de 70 años y a testigos a su favor, circunstancias que le permitieron esquivar la pena prisión temporalmente.
Se le imputó por el artículo “Querían fascismo. Tuvieron fascismo”, en el que afirmaba que la ofensiva contra Ucrania representaba un duro golpe para el futuro de Rusia y que el Kremlin la ideó para fines políticos propios. En el juicio celebrado este martes, la fiscalía sostuvo que Orlov siente “animosidad y odio contra el Ejército ruso”, un dato que fue considerado un agravante y llevó a un nuevo veredicto dentro del mismo caso.
En una entrevista previa al juicio con The Moscow Times, medio que ha sido señalado por las autoridades rusas como agente extranjero, Orlov afirmó estar siendo juzgado “por un artículo en un diario en el que llamé al régimen político establecido en Rusia totalitario y fascista”. Aun así, expresó optimismo, afirmando creer en “un futuro mejor para Rusia”. Al finalizar la conversación, sostuvo que “la verdad está de nuestro lado” (cita del medio citado).
Camino difícil
Antes de sufrir la persecución legal, Orlov fue uno de los líderes de Memorial, una oenegé dedicada a la defensa de los derechos humanos. A lo largo de su trayectoria, la organización trabajó para investigar los crímenes del estalinismo y para dignificar a las víctimas de ese periodo y de otros momentos de la historia soviética. Aunque Rusia no ha intentado retornar a la Unión Soviética, las investigaciones de Memorial no gozaron del favor de las autoridades, que buscaron frenar su labor y limitar su influencia. El primer golpe llegó en 2008, cuando los agentes confiscaron discos duros e información acumulada durante 20 años, con la finalidad de convertirla en una base de datos de víctimas del régimen soviético de acceso universal.
En 2014 las autoridades rusas declararon a Memorial “agente extranjero”, etiqueta que se aplica cuando hay ingresos desde el extranjero, incluso si son mínimos. La presión creció hasta 2021, año en el que el Tribunal Supremo ruso solicitó el cierre de la organización bajo una acusación de violación de la ley de agentes extranjeros. Memorial tuvo que acatar la medida. Esta decisión fue criticada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por la Unión Europea y por varios países occidentales, que expresaron su preocupación por el impacto en la labor defensora de derechos humanos y la libertad de expresión (fuente: declaraciones y cobertura de organismos internacionales citadas).
La trayectoria de Memorial y la labor de Orlov se insertan en un contexto más amplio de tensiones entre activismo independiente y el marco regulatorio en Rusia. La condena de Orlov, así como el destino de Memorial, refleja las complejas dinámicas entre gobiernos y organizaciones de derechos humanos cuando se perciben críticas a las políticas gubernamentales. Este episodio se interpreta por observadores internacionales como una señal de los límites cada vez más estrechos para la disidencia en el país (documentación de informes de derechos humanos y análisis de ONG). En ese marco, la defensa de Orlov ha señalado que el procedimiento judicial responde a un clima de intimidación que busca desincentivar la labor de defensa de derechos civiles y de investigación histórica, sin perder de vista la relevancia de preservar la memoria histórica y el marco de derechos humanos internacional (informes de observadores y análisis de expertos).