El dueño del Medusa Beach Club enfrenta una condena máxima de nueve años de prisión, según las fuentes jurídicas consultadas. En Mallorca, el empresario propietario del local ubicado en la Platja de Palma, cuya terraza ilegal se desplomó el pasado 23 de mayo y provocó la muerte de cuatro personas, enfrenta actualmente diez cargos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Se espera que estas acusaciones, tras las pesquisas, conlleven indemnizaciones que superan un millón de euros en total. Christian Arnsteiner, empresario austriaco radicado en Mallorca desde los años 90, fue detenido hace poco por la Policía Nacional y quedó en libertad tras la orden judicial correspondiente.
Los juristas consultados explican que los diez delitos —cuatro de homicidio y seis de lesiones— son autónomos, pero las penas no se sumarían de forma directa; se aplicaría, más bien, una condena global. Una reforma del Código Penal aprobada en 2019 aumentó las penas por muertes causadas por imprudencias graves. Aunque la modificación surgió para castigar conductas al volante, su aplicación se amplía a cualquier negligencia que atente contra la vida y la integridad de las personas.
Así, la condena máxima por homicidio imprudente, que se fija en cuatro años de prisión, podría ascender hasta nueve años “si el hecho revistiera notable gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y al deber normativo de cuidado infringido si el número de fallecidos fuera muy elevado”, tal como establece el artículo 142 bis del Código Penal, introducido en la reforma legal.
En la batalla judicial que apenas empieza y cuya resolución definitiva podría tardar años, también están en juego importantes indemnizaciones para las víctimas y sus familiares. Las fuentes citadas señalan que las compensaciones se rigen por baremos de accidentes de tráfico, que contemplan hasta 107.000 euros para cada uno de los familiares cercanos a las personas fallecidas. Aunque la cifra total depende de la condición de descendientes y ascendientes de los fallecidos y de las lesiones de los heridos, los cálculos iniciales apuntan a superar el millón de euros.
Terraza ilegal
En principio, estas cantidades deberían ser cubiertas por la aseguradora que tuviera contratado Medusa Beach, aunque podría desencadenarse un conflicto por la ilegalidad de la terraza que se desplomó. La aseguradora podría alegar que la póliza no cubre la actividad que se realizaba en la cubierta y que la responsabilidad recae única y exclusivamente en el empresario.
Qué papel juegan las administraciones en este proceso es una de las incógnitas. El Ayuntamiento de Palma anunció poco después de la tragedia que se personaría como acusación, aunque los juristas consultados señalan que podría ser necesario asumir responsabilidades por una posible inacción ante irregularidades ya detectadas antes del derrumbe. El alcalde, Jaime Martínez, comentó en una rueda de prensa cuatro días después de la tragedia que el Informe de la Inspección Técnica de Edificios de 2023 había sido desfavorable.
Por el momento, Christian Arnsteiner figura como el único imputado por el derrumbe mortal, pero la lista podría ampliarse a medida que avance la investigación. El juez debe estudiar ahora las posibles responsabilidades penales derivadas tanto del uso indebido de la terraza como de las obras ejecutadas, presuntamente sin licencias pertinentes, que provocaron la sobrecarga en la cubierta del edificio y desencadenaron el colapso estructural.