El periodista australiano Julian Assange se encuentra en un punto ambiguo respecto a la extradición hacia Estados Unidos. Después de un largo proceso que abarcó once años de disputas legales, los primeros seis años en la residencia de la embajada de Ecuador en Londres y los cinco posteriores en la prisión de Belmarsh, ha quedado claro que el sistema británico persigue la entrega. Este objetivo enfrenta obstáculos sanitarios y políticos, y sus consecuencias para la seguridad y la Democracia complican la decisión final.
El fallo reciente, emitido el martes anterior, planteaba un dilema que parecía simple: autorizar una nueva apelación o dar luz verde a la extradición en cuestión de días. Los jueces no tomaron una decisión definitiva sobre una u otra opción. El hecho de que no se haya aprobado una medida de inmediato se ha interpretado como una pequeña victoria, o un respiro, para Assange, que se encuentra al borde de un momento crucial. La escena recuerda a momentos de suspense en películas sobre condenas a muerte, donde una apelación retrasa la resolución final.
La corte indicó que Assange podría obtener permiso para apelar la decisión de extraditarle, siempre que primero se evalúen tres puntos clave. Pero ese permiso depende de una condición: la Administración Biden tiene tres semanas para aclarar si puede comprometerse a ciertas garantías en caso de que la entrega, ya judicial y políticamente decidida, se concrete. Una vez recibida esa aclaración, las partes podrán presentar argumentos de nuevo y la próxima audiencia está prevista para el 20 de mayo.
¿Esa audiencia determinará la extradición? No exactamente. Servirá para decidir si se permite a Assange recurrir la decisión sustantiva de extradición a Estados Unidos, no para resolver de inmediato el fondo del caso.
La cara y la cruz
Fidel Narváez, antiguo cónsul de Ecuador en Londres y figura cercana a Assange, observa el fallo desde su doble lectura. Describe una lectura dual: podría verse como una victoria parcial, pero también como una derrota, ya que la decisión final sobre la autorización de una última apelación se ha postergado. Los jueces han rechazado seis de los nueve motivos para apelar, y solo han aceptado que la apelación podría proceder sobre tres puntos. Entre los motivos rechazados hay uno crucial: el argumento de que la conducta queMotiva la extradición de Estados Unidos sea de naturaleza política, lo que, de ser cierto, impediría la entrega. En esa línea, la corte se inclinó por permitir la extradición en base a los delitos imputados, y no aceptó la argumentación de que Assange no podría recibir un juicio justo. Además, pidieron a Estados Unidos presentar garantías de que, en caso de extradición y condena, Assange no recibiría una pena de muerte; la Primera Enmienda podría invocarse para proteger su libertad de expresión, pero su defensa advierte que ese derecho no estaría automáticamente protegido en el entorno judicial estadounidense.
Narváez subraya el componente político del caso. Afirma que los jueces están involucrando a la Administración Biden en un proceso judicial, lo que evidencia que se trata de un asunto político. En mayo los jueces analizarán si las garantías presentadas por Estados Unidos son suficientes o si la defensa puede persuadir a los jueces de que no tienen valor. Durante cinco años, Assange ha permanecido en una prisión de alta seguridad sin haber sido condenado.
La cuestión de seguridad nacional aparece como un eje central. Muchos juristas consultados esperan que la Administración Biden aporte las garantías solicitadas. Independientemente de ello, Assange no recuperaría la libertad de inmediato; su situación sería la de obtener permiso para apelar. Se comenta que la afirmación de que se respetará la Primera Enmienda no garantiza la aceptación de ese argumento ante el tribunal, pues la doctrina vigente sitúa que lo publicado puede afectar la seguridad nacional y no está cubierto por la libertad de expresión.
Chelsea Manning, la fuente de la revelación de documentos sobre operaciones militares en Afganistán e Irak, ya fue condenada por su labor. Narváez recuerda que lo que Assange hizo se enmarca en lo que el periodismo debe hacer: publicar información que el gobierno prefiere ocultar. Sostiene que castigar esa labor sería un ataque contra la libertad de expresión y contra los periodistas en general.
El fallo menciona que se asume que Assange actuó por convicciones políticas y que sus acciones expusieron posibles irregularidades del Estado estadounidense. Sin embargo, aclara que ello no significa que la solicitud de extradición esté motivada por sus ideas políticas. El documento incluye declaraciones de un fiscal federal que apoyan esa conclusión. En este contexto, algunos analistas señalan históricamente que ciertos funcionarios han mostrado reservas sobre garantizar plenamente el respeto a la libertad de expresión en el proceso.
Una lectura separa dos conceptos que suelen confundirse: el estatuto de delitos políticos y el de extradición. El marco británico de 2003, modificado posteriormente, excluye la extradición por motivos políticos, pero no aclara si la extradición está vedada cuando el delito imputado sea político. Los jueces señalan que, si bien puede existir solapamiento entre estos conceptos, están claramente separados por la legislación. En este punto, la defensa ha destacado indicios de secuestro y de manipulación de documentos atribuidos a terceros. Los jueces no rechazan las pruebas en su totalidad; simplemente examinan si esas conductas están o no relacionadas con el proceso de extradición. En ese análisis, la preocupación de un posible escape a otros países como Rusia se mantiene como antecedente, pero no cambia la conclusión de que una extradición a Estados Unidos podría ser la consecuencia.
Hacia una decisión sobre vínculos y garantías
Tanto el fiscal como antiguos directores de agencias señalan que el compromiso con la libertad de expresión debe evaluarse con cuidado. Las declaraciones ante el tribunal sostienen que el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos —que protege la libertad de expresión— es un derecho cualificado y no absoluto. El interés público en la publicación de información sensible, así como las garantías legales, deben equilibrarse frente a las posibles repercusiones para la seguridad nacional, la integridad de las operaciones y la estabilidad internacional. Entre los documentos presentados, se mencionan daños potenciales y pérdidas de registros como elementos a considerar en el marco de un posible arresto y enjuiciamiento.
En última instancia, la decisión sobre si se permite o no la apelación se pospone para el 20 de mayo. Y si se admite la apelación, será solo sobre tres de los nueve puntos presentados: la compatibilidad de la extradición con la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo para un no ciudadano estadounidense, y la posibilidad de extralimitarse en relación con la pena de muerte. La decisión final se ha mantenido en silencio hasta esa fecha, con el proceso preservando la opción de revisar cada argumento a través de un nuevo escrutinio judicial. La expectativa de un desenlace claro continúa, mientras el mundo observa el próximo capítulo de este caso complejo y controversial.
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