Cuál es la peor de las tiranías, se preguntaba Montesquieu, el barón nacido en París a fines del siglo XVII. Y la respuesta del jurista y filósofo francés no tardó en aparecer: no hay tiranía más grave que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Bajo esa premisa, la amnistía y la propia justicia se cruzan en un escenario colonial de poder: un antiguo tribunal que manejó el proceso, con magistrados convertidos en una Sala, salvo una excepción, y un instructor que lidera la causa, han convertido la negativa a aplicar la ley de amnistía a condenados por malversación en un acto de rebelión contra el imperio de la ley. El tema, que puede parecer viejo, encuentra nuevas resonancias en un comentario de un profesor honorario de Filosofía del Derecho, que sugiere que la noción de imperio de la ley podría volver a ponerse de moda.
Quiénes han visto y quiénes ven ahora, como diría un clérigo vasco ante un episodio histórico, se repite ante un momento reciente. En julio de 2018, cuando las autoridades decidieron no extraditar a una figura política que había recibido una oferta de juicio en Alemania por malversación de fondos públicos, surgieron tensiones entre tribunales y la interpretación de los hechos. En esa coyuntura, la responsabilidad de perseguir un presunto delito no terminó siendo decisiva para todos; algunos entendieron que la cuestión de fondo era la rebelión que rodeaba el caso y otros insistieron en que la universalidad de la ley debía imponerse. Para algunos, la malversación parecía menor; para otros, era la prueba clave de un conflicto mayor con la ley y la amnistía como arma o freno de ese conflicto. La discusión, en última instancia, giró en torno a si la ley contemplaba o no la protección amparable para acciones de gasto indebido cuando eran parte de un proceso político.
El problema aparece cuando la unanimidad no llega. Una magistrada, en una sala formada por seis, adopta un voto particular que revela todo el mosaico de posiciones. Se compilan casi nueve folios que describen un marco jurídico complejo, presentado con claridad suficiente para sostener distintas interpretaciones. En estas páginas, la amnistía, modificada varias veces por resoluciones judiciales que parecían templar posibles abusos, exhibe fallos que podrían ser utilizados de forma que recuerdan respuestas anteriores ante leyes controvertidas.
En la primera versión, Marchena —según su propio auto— consideraba que la malversación para facilitar un referéndum debía amnistiarse. En la versión modificada, aparecieron añadidos que sugirieron que esa malversación no conllevaba beneficio personal. En términos llá personalizados: no se trataba de enriquecimiento propio. Esa formulación dio paso a una interpretación que, para algunos, excluía la malversación de la amnistía. Y así, la sala ejecutiva declaró que la amnistía no podría aplicarse, no porque se objete la norma en abstracto, sino porque la propia norma la excluía en este caso concreto.
Sobre estas líneas, Marchena y el instructor cerraron la posibilidad de aplicar la amnistía como un gesto claro de apoyo a la ley tal como se redactó. A partir de esa lectura, la amnistía quedaba fuera por la estructura de la propia norma. Aunque la decisión reconocía que, en términos generales, podría haber una amnistía para otros actos, la lectura específica en torno a este tipo de malversación acabó por rechazarla. En ese sentido, el imperio de la ley quedó en juego, no por una preferencia personal, sino por la interpretación de una norma que, en su versión reformada, se percibió como excluyente para este caso concreto.
La crítica no tardó en llegar. Un análisis judicial cercano habló de una jugada en la que la sentencia, más allá de la intención declarada, parecía haber desviado la aplicación de la norma hacia una consecuencia política de gran alcance. El cuestionamiento no se centró solo en la técnica legal, sino en si la forma de redactar y reformar la norma podía abrir un camino para un choque institucional más grande. Si la amnistía no se aplica, ¿qué detecta el observador externo sobre la voluntad legislativa y la capacidad de las instituciones para resolver disputas sin desestabilizar el marco democrático?
En el pasado, ciertas decisiones provocaron críticas sobre la forma en que se manejaron los indultos, y ahora la discusión parece entrelazar esos episodios con el estado de la jurisprudencia en este caso. Se ha comentado que una autoridad superior cuestionó parcialmente la interpretación de estos hechos, lo que llevó a una percepción de que el procedimiento se puso al servicio de una agenda política, más que de un cálculo estrictamente jurídico. Todo ello subraya una tensión constante entre la ley y su aplicación, entre la letra de una norma y su efecto práctico en la vida pública, especialmente cuando hay alto componente político y social.
Una lectura de estos hechos sugiere que, si la decisión de amnistía se entiende como un instrumento para la estabilidad, entonces la norma debe ser coherente y clara en su alcance. Pero si la lectura se centra en evitar que una determinada conducta sea amnistiada, entonces el marco se vuelve más estrecho, y la fuerza de la ley se percibe como la única guía fiable. En este contexto, la cuestión que queda resonando es si es posible una interpretación que mantenga la integridad del orden jurídico sin que se convierta en un obstáculo para la resolución pacífica de diferencias políticas. La discusión continúa, con múltiples voces que ofrecen matices y perspectivas, y cada una aporta un ángulo distinto sobre el equilibrio entre justicia, ley y política.
Por ahora, la lectura que emerge es esta: la amnistía, tal como se ha aplicado en estos casos, puede presentar límites que no son evidentes a primera vista. Y, más allá de las posiciones adversarias, lo que permanece es la pregunta sobre hasta qué punto las leyes deben ser flexibles para absorber tensiones sociales sin anular su función de guía. Así, el debate sigue vivo, con el marco jurídico que regula la convivencia en el centro de la escena, recordando que la verdadera prueba de una democracia madura es la capacidad para decidir con claridad, incluso cuando las decisiones no complacen a todos los actores involucrados.