El Gobierno intensifica esfuerzos para lograr que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidos como lenguas oficiales dentro de las instituciones europeas. Este compromiso fue acordado por el PSOE con Junts per Catalunya, lo que permitió desbloquear el inicio de la legislatura y quedó plasmado en una carta a la Unión Europea del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, formalizando la petición.
El jefe de la diplomacia española envió este martes un telegrama a los embajadores de España ante las capitales de los veintiséis países de la Unión Europea, solicitando que realicen gestiones formales a alto nivel para que las tres lenguas ingresen al régimen lingüístico de la UE. La comunicación interna del ministerio, a la que accede este medio, detalla tareas concretas para los diplomáticos.
Deben dirigirse tanto a las oficinas de los primeros ministros como a los ministros de Asuntos Europeos que participen en el Consejo de Asuntos Generales, el órgano de la UE que decide la entrada de nuevas lenguas en el repertorio europeo. Se entregará una carta del ministro Albares a sus homólogos, acompañada de una traducción de cortesía.
En esa misiva, el ministro recuerda que en septiembre pasado España propuso incluir catalán, gallego y vasco en el Reglamento 1/1958, que establece las lenguas de uso en las instituciones de la Unión. Esta cuestión se define como prioritaria para España, ya que forma parte de la identidad nacional y de las estructuras institucionales y constitucionales. El ministro se ofrece a seguir trabajando con cada uno de los ministros de Exteriores sobre el tema.
El asunto de las lenguas no ha logrado avanzar siete meses después de la carta de Albares a la Comisión, con varios bloqueos entre Estados miembros. Si el Partido Popular quisiera, podría plantearlo mañana mismo en la mesa del Parlamento Europeo para convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas de trabajo. Además, con su apoyo, podría lograrse también la oficialidad.
Entre los últimos países que han expresado dudas se encuentran Suecia y Finlandia, ambos gobernados por coaliciones de derecha con formaciones del Partido Popular Europeo. El PP se opuso a iniciativas que permitieron el uso de lenguas cooficiales en el Parlamento de España, alegando que podría desplazar al castellano como lengua oficial y que sería un pago político a independentistas para asegurar apoyo a una investidura.
El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, también responsabiliza a los populares de haber dificultado la oficialidad del catalán en la UE hasta ahora. El telegrama de Albares llega en un momento en que las fuerzas catalanas se preparan para las elecciones adelantadas.
Existe un documento adjunto al telegrama que presenta una lista de dieciséis puntos de argumentación para los embajadores. Este memorando, presentado en Bruselas por el secretario de Estado de la Unión Europea, detalla cómo argumentar ante los Veintisiete para evitar temores de un repunte de peticiones. El primer punto subraya que las circunstancias específicas de España no deben sentar un precedente para otros casos y que la propuesta no crea derechos nuevos, sino que busca corregir una situación lingüística excepcional en la UE.
A día de hoy, la Unión Europea reconoce como oficiales y de trabajo a veinticuatro idiomas. Existen reticencias por posibles problemas legales o costos asociados a hacer oficiales estas lenguas en la UE, y el Gobierno ha señalado que cubriría los gastos de traducción necesarias para el catalán, el euskera y el gallego.
El texto sostiene que las lenguas regionales conservan un valor cultural clave para el continente. Están protegidas por el marco del Tratado de la Unión Europea y por la Carta de Derechos Fundamentales. España defiende que el catalán, el vasco y el gallego forman parte de la identidad nacional y de la riqueza constitucional de un Estado descentralizado, con raíces históricas profundas y un gran número de hablantes. En estas conclusiones se subraya que estas lenguas cuentan con un estatus destacado en la Constitución y en el marco jurídico que reconoce la diversidad cultural de las comunidades autónomas, reforzando su papel cultural en Europa. (Fuente: informe de la administración y cobertura de noticias regionales)