La presión de los sindicatos ha empujado al Ministerio de Trabajo a revisar de manera normativa las reglas sobre despidos tras la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales de cuestionar la regulación española de la indemnización por cese improcedente. Los tribunales europeos han respaldado a los sindicatos y la Administración tendrá que adaptar la normativa a lo exigido por Bruselas para asegurar una protección más clara de los trabajadores cuando el despido no está justificado.
La regulación española no cumple con la Carta Social Europea
De acuerdo con el Comité, la normativa española sobre despidos improcedentes no satisface plenamente el artículo 24 de la Carta Social Europea. Este tratado del Consejo de Europa garantiza derechos y libertades sociales y económicas fundamentales, buscando mejorar las condiciones de vida y de trabajo en los países miembros. También promueve la igualdad de oportunidades, la justicia social y protege a grupos vulnerables mediante estándares compartidos de bienestar social.
En el artículo 24 se especifican las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho de protección ante el despido. Se reconoce el derecho de todos los trabajadores a no ser despedidos sin razones válidas relacionadas con sus aptitudes o conducta, o con las necesidades de funcionamiento de la empresa o del servicio; y el derecho a recibir una indemnización adecuada u otra reparación cuando el despido no esté justificado.
Para los tribunales europeos, España no se ajusta a las exigencias de la Unión Europea, ya que consideran que las indemnizaciones pueden no ser suficientes y que la normativa vigente no protege a todos los trabajadores en ciertos escenarios de cese.
Yolanda Díaz asume el fallo y promete reformas
La ministra de Trabajo ha indicado que se estudian cambios posibles en las reglas del despido. Esta es una cuestión de interés para el departamento y la titular, Yolanda Díaz, quien se ha mostrado abierta a reformas. El discurso oficial sugiere que el despido será objeto de revisión y que las modificaciones se discutirán en el marco de la mesa de diálogo social, buscando armonizar la legislación con las normas europeas.
Aunque aún no se han descrito todos los detalles de cómo se implementará este cambio, ya se puede anticipar la dirección que tomará el Gobierno. En el acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Sumar se comprometieron a garantizar derechos para las personas trabajadoras ante el despido, alineando las políticas con la Carta Social Europea y fortaleciendo la causalidad en los casos de extinción de la relación laboral.
Yolanda Díaz tiene una larga lista de reformas
La revisión de las condiciones de despido se sitúa junto a otras reformas que el Ministerio de Trabajo tiene en la agenda. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas y la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2025. Estas propuestas buscan equilibrar las condiciones laborales, mejorar la seguridad en el empleo y reforzar las garantías para las personas trabajadoras a la hora de tomar decisiones sobre su futuro profesional. La atención se centra en un marco de diálogo social que permita armonizar las políticas nacionales con las directrices europeas y asegurar un entorno laboral más estable y justo para todos.