conscientes Guardia Civil despliegó una red dedicada para actividades ilegales
Una operación llevada a cabo por la Guardia Civil reveló la existencia de una red dedicada a la falsificación de documentos y tarjetas de crédito, así como a la solicitud de préstamos y a la realización de compras en línea mediante cuentas fraudulentas. La investigación señala que los sospechosos atraían a sus víctimas a un apartamento en Madrid, especialmente en el distrito de Usera, a través de plataformas de contacto en línea. Allí se establecía un procedimiento que combinaba el engaño con la captación de las víctimas en ambientes controlados para su explotación.
En el marco de la operación, identificada como Evoiko, cinco personas fueron detenidas por falsificación de documentos personales y tarjetas de crédito, así como por la obtención de préstamos y la realización de múltiples compras online usando cuentas fraudulentas para facilitar la contratación de conductores no tripulados. La investigación de la Guardia Civil ha permitido esclarecer un amplio conjunto delictivo, con un balance de varias tipologías penales relacionadas con el fraude y la identidad.
Hasta la fecha, las autoridades han detallado un total de 46 infracciones por fraude, 85 delitos de falsificación documental, así como una serie de delitos en ámbitos como la salud pública y el trato indebido hacia animales, junto con otros casos vinculados a la seguridad vial. La magnitud de las imputaciones subraya la estructura organizada de la red y su capacidad para operar a gran escala mediante la manipulación de documentos y perfiles personales.
Las víctimas comenzaron a presentar quejas ante la Guardia Civil a finales de 2020. Los investigadores lograron trazar la totalidad del entramado criminal, que tenía su centro principal en un inmueble de Madrid. Este centro funcionaba como núcleo operativo desde el que se coordinaban contactos con víctimas a través de páginas o formularios de contacto en línea, generando un flujo de víctimas que eran invitadas a desplazarse a la residencia para continuar con las gestiones ilícitas.
El modus operandi de la banda incluía la administración de sustancias para facilitar el control de las víctimas. Se mencionó el uso de sustancias como mefedrona, nitritos y otras sustancias psicoactivas, así como cocaína o metanfetaminas, para drogarlas de forma repetida sin su consentimiento. En estas condiciones de sumisión, los agresores procedían a clonar documentos personales y tarjetas de crédito, asegurando que las transacciones fraudulentas se conservaran bajo control y sin riesgo para la identidad real de los perpetradores.
Además, la organización aprovechaba las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas para grabar encuentros sexuales sin consentimiento, instalando cámaras en diferentes puntos de la vivienda. Estas imágenes eran luego explotadas para obtener beneficios a través de portales de sexo en línea, en los que se exhibían o vendían las grabaciones como parte de una red de explotación y de generación de ingresos ilícitos. Este comportamiento constituye una grave violación de la intimidad y una forma de coacción que amplía el daño ejerciendo presión sobre las víctimas durante y después de los hechos.
Durante la diligencia realizada por las autoridades, se halló un perro en estado de maltrato en la vivienda, lo que provocó intervención de los servicios veterinarios municipales. Según las tres víctimas consultadas, el animal había sido sometido a condiciones de maltrato ante la presencia de los responsables, lo que llevó a su entrega a la comunidad para su cuidado y revisión. Este hallazgo añade una dimensión adicional a la investigación, evidenciando una conducta generalizada que afectaba no solo a las personas, sino también al bienestar animal en el entorno delictivo. Fuente: Guardia Civil.
Las autoridades continúan evaluando las pruebas y siguen a la espera de nuevos procesos judiciales para completar las imputaciones y las penas correspondientes. La investigación continúa con el objetivo de desmantelar por completo la estructura de la red y de identificar a cualquier colaborador adicional que contribuya a las operaciones fraudulentas y a la explotación de las víctimas. Este caso sirve como recordatorio de que los delitos de falsificación documental y fraude en línea pueden estar coordinados a través de redes organizadas que actúan con impunidad hasta que las fuerzas de seguridad intervienen. Fuente: Guardia Civil.