En Caracas, Nicolás Maduro afirmó que su partido mantiene un plan de país elaborado a partir de años de experiencia, al acudir al Consejo Nacional Electoral para inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Maduro, quien lidera el poder desde 2013, aparece frente a una situación electoral marcada por disputas internas y por la presencia de otros actores que buscan participar en los comicios. La nueva abanderada de la Plataforma de Unidad Democrática, escogida para suplir a María Corina Machado, no pudo completar su registro en la página del CNE, alegando razones técnicas que, desde la oposición, se perciben como un obstáculo político. Yoris, de 80 años, sostiene que su impedimento está vinculado a ser delegada de María Corina, y advierte que cualquier veto contra María Corina podría afectar a millones de votantes que respaldaron su candidatura en las primarias de octubre.
La autoridad principal del CNE, Elvis Amoroso, comunicó que el proceso de postulaciones cerró a última hora del 25 de marzo. La PUD denunció ante la población y ante la comunidad internacional la imposibilidad de registrar a Yoris y afirmó haber agotado todas las vías para resolver la situación.
Según Yoris, una ruptura en la unidad construida para su candidatura de emergencia podría acarrear consecuencias graves para el país, ya que afectaría el derecho de participar en las elecciones y, con ello, el apoyo otorgado por millones de electores en la primaria. Machado, por su parte, señaló que si el proceso no cumple con acuerdos previos de transparencia, las elecciones podrían no responder a un marco de certidumbre. Recordó que la unidad opositora se sustentó en una primaria amplia y que también estuvo sujeta a impugnaciones políticas.
Un exrector del CNE, Enrique Márquez, se inscribió como candidato por fuera de la PUD, que se encontraba en una encrucijada. Márquez expresó su deseo de representar al pueblo venezolano, afectado por la corrupción, la migración y la crisis económica, y afirmó que su postulación busca abrir un cauce de participación frente a la situación actual. Otros actores dentro de la escena también vieron impedimentos para inscribir a sus candidatos por diferentes motivos políticos.
Países de la región, junto con Estados Unidos, expresaron dudas sobre la transparencia del proceso electoral, señalando preocupaciones que reflejan la dimensión internacional que rodea estos comicios. En medio de este ambiente, se fue gestando una ofensiva política oficialista que buscó cimentar una narrativa de fortaleza y continuidad para el gobierno actual. Entre los dirigentes se destacó un tono de confianza en la victoria, aunque también se reconocieron desafíos en la conformación de una alianza opositora clara y sólida a minutos de la fecha límite de inscripción.
En un contexto de mayor relajación en algunos aspectos, el liderazgo chavista anunció que la campaña enfrenta una prueba crucial: la elección de un conjunto de candidatos que representen intereses diversos. El discurso oficial se centró en presentar a Maduro como una figura capaz de continuar con un proyecto nacional, mientras la oposición exploraba mecanismos para garantizar la participación a través de vías legales y democráticas, a pesar de las tensiones y las fricciones entre las partes involucradas.
Sobre la figura de Márquez, surgió la idea de que su candidatura busca canalizar la esperanza de sectores que desean un cambio, sin necesariamente depender de los apoyos tradicionales de la alianza unitaria. Márquez afirmó que su postulación es autónoma y que, si bien no cuenta con respaldo explícito de un bloque unificado, se propone como una herramienta de lucha para transformar las condiciones actuales de Venezuela. En su mensaje quedó claro que la orientación de su candidatura nace de un compromiso cívico y de independencia política.
En este escenario, la comunidad internacional mantiene una postura vigilante respecto a los procedimientos electorales, subrayando la importancia de garantizar niveles de transparencia y participación amplios. Cada actor político continúa evaluando opciones para avanzar, sin perder de vista la necesidad de garantizar un proceso electoral creíble y aceptado por la población venezolana y por la comunidad global.