El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana apunta a tener lista, antes de finalizar 2025, una plataforma estatal única que centralice datos, estudios y normativas sobre los alojamientos de pisos turísticos. El objetivo es medir qué prácticas funcionan mejor, aplicar medidas adecuadas y acelerar la lucha contra el fraude en este sector.
Con el desarrollo de esta plataforma dentro de los plazos previstos y basada en el reglamento europeo vigente desde el 20 de mayo, la normativa busca regular las operaciones de las plataformas que ofrecen este tipo de alojamientos. Según la ministra Isabel Rodríguez, España sería uno de los primeros países europeos en ponerla en marcha, y lo anunció antes de la Conferencia Sectorial destinada a analizar con las comunidades autónomas el impacto de los pisos turísticos en la vivienda residencial.
Los estados europeos disponen de un plazo de dos años para activar esta plataforma, según lo comunicó la titular de Vivienda. La iniciativa facilita un diagnóstico más completo, la implementación de herramientas y la persecución del fraude en un sector que, según sus palabras, presenta un alto grado de irregularidad y cuyo crecimiento reduce la oferta de vivienda para alquiler y eleva los precios.
La normativa europea busca, entre otros objetivos, homogenizar la gestión de los alojamientos turísticos, ya sean temporales de menos de un año o de habitaciones, siempre que se formalicen a través de plataformas dedicadas como Airbnb. El propósito es lograr una uniformidad de datos entre los estados miembros y, con apoyo de la inteligencia artificial, ir un paso más allá en la lucha contra el fraude.
Durante la sesión sectorial de este viernes, a la que asisten comunidades autónomas y responsables de Turismo, junto con representantes de los ministerios de Industria y Turismo y de la Federación de Entidades Locales, se propone utilizar la conferencia multilateral para avanzar en la implementación de la plataforma. El Ministerio de Vivienda insiste en que la proliferación de estos alojamientos reduce la oferta, eleva los precios y afecta el acceso a la vivienda.
La ministra subrayó que, frente a otros usos, lo residencial debe primar siempre. En ese marco, cuando se observa un abuso en otros usos, las administraciones deben intervenir para responder. Como ejemplo, señaló que entre 2010 y 2018 este tipo de alojamientos se incrementó un 80%, coincidiendo con la aparición de estas plataformas.
Con ese panorama, se aboga por transparencia y seguridad en estas fórmulas de alojamiento, buscando que sean compatibles con el acceso a la vivienda sin perder de vista que el turismo sostenible y desestacionalizado es fundamental para el país. Rodríguez ha expresado en varias ocasiones su apoyo a limitar los alojamientos turísticos en zonas con tensión, respetando las competencias autonómicas.
El sector turístico también reclama una ley estatal que controle el crecimiento acelerado de los pisos turísticos y evite desequilibrios en el mercado. Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias se solicita a todas las administraciones responsabilidad y acción sin sesgos ideológicos ante la grave crisis habitacional de las últimas cinco décadas. Tras la Ley de Vivienda, los representantes estiman un retroceso de la oferta de alquiler y un aumento de los precios, factores que agravan el reto de acceder a la vivienda para muchos ciudadanos.