Más de 50.000 personas homosexuales fueron sancionadas en Francia entre 1942 y 1982, una era en la que la homosexualidad estaba criminalizada y perseguida por las leyes. De esas personas, unas 10.000 llegaron a sufrir penas de prisión. También hubo quienes fueron deportados a campos de concentración, incluso cuando la guerra terminó. La represión se mantuvo durante décadas, impulsada por un marco legal heredado de la era de Vichy y continuó hasta comienzos de los años ochenta. Fue solo con la llegada al poder de François Mitterrand que se dio un giro significativo. Cuatro décadas después de la despenalización, se presenta un esfuerzo para reparar esa deuda histórica con las víctimas de la homofobia en Francia.
La Asamblea Nacional aprobó a medianoche una propuesta de ley para indemnizar a los homosexuales condenados. Los 331 diputados que participaron en la votación respaldaron la medida, incluyendo a representantes de Los Republicanos, al igual que a miembros de la formación ultraderechista que en otros ámbitos acompaña a Le Pen. Este paso se enmarca en una tendencia europea que intenta cerrar heridas históricas mediante compensaciones, similar a iniciativas adoptadas en Alemania, Reino Unido o España. En España, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó indemnizaciones de este tipo hace años, y aunque beneficiaron a varias decenas de personas, el impacto fue limitado por las circunstancias y los plazos de aplicación.
40 años después de la despenalización, la discusión parlamentaria muestra un marco de consenso en torno a reconocer el daño causado y a reparar la memoria pública. Un ministro de Justicia afirmó que llega la hora de pedir perdón en nombre de la República Francesa a las personas que sufrieron esa represión injusta. Aunque hubo algunas voces marginales dentro de la ultraderecha que cuestionaron la inclusión de compensaciones económicas, el conjunto del debate nocturno puso de manifiesto un respaldo general a la propuesta. Este movimiento político subraya la evolución del país en temas de derechos civiles, y la consolidación de un marco constitucional que protege libertades como la igualdad ante la ley y la autonomía de las personas para decidir sobre su vida afectiva y familiar, incluso en ámbitos sensibles como la orientación sexual y el aborto.
La iniciativa fue impulsada por el senador socialista Hussein Bourgi en 2022, coincidiendo con el 40º aniversario de la despenalización. Bourgi relató que algunas de las personas condenadas describieron haber sufrido acoso por parte de la policía, haber sido despojadas de su empleo o de oportunidades laborales y, en algunos casos, haber tenido que mudarse para rehacer su vida. Sus declaraciones resaltaron que la propuesta no era solo un acto simbólico; tenía una dimensión política y social que busca cerrar una página dolorosa y evitar que la memoria de estas injusticias se vea como algo residual. En palabras del propio Bourgi, la importancia de la ley reside en su carga simbólica y en la necesidad de reconocer plenamente el daño histórico.
La medida proyecta indemnizar entre 200 y 400 víctimas, con un mínimo de 10.000 euros por caso. El Senado ya había aprobado la propuesta el año anterior, y la versión que ahora se considera en la Cámara Baja amplía el monto y la cobertura. Un diputado destacó que Francia es capaz de hacer lo que otros países europeos ya han hecho, subrayando la voluntad de la nación de acercarse a estándares de reparación reconocidos internacionalmente. El reconocimiento estatal llega en un momento de reflexión sobre las responsabilidades del Estado frente a colectivos vulnerables y la importancia de garantizar que el daño infligido no quede sin reparación cuando la justicia social se redefine ante la sociedad moderna.
A pesar de las críticas sobre la posibilidad de que algunas víctimas ya hayan fallecido o no cuenten con pruebas concluyentes, el proyecto prevé la creación de una comisión independiente que evaluará las compensaciones. Esa comisión enfrentará el reto de verificar los casos y determinar la cuantía en función de la evidencia disponible, las circunstancias de la represión y el impacto vivido. Mediante este mecanismo de revisión, el país busca asegurar que la reparación no sea solo una declaración, sino una respuesta tangible para las personas afectadas y sus familias, para que el perdón deje de ser una palabra aislada y se convierta en una reparación concreta y verificable.