Más de 14 meses después de su encarcelamiento, el futbolista Dani Alves logró reunir un millón de euros en fianza, lo que le permitió salir de la prisión bajo libertad provisional en un momento de gran atención mediática. Debía entregar de inmediato los pasaportes de España y Brasil, no podrá viajar fuera del país y quedó obligado a presentarse semanalmente ante el tribunal para asegurar que no busca eludir la justicia.
La Audiencia de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de prisión por la presunta agresión sexual ocurrida a finales de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. Tras el fallo, la defensa de Alves volvió a solicitar la libertad provisional, un pedido que se había presentado en anteriores ocasiones sin éxito antes de que el caso llegara a juicio, dado que la sentencia todavía está en revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Carrera contrarreloj
Aunque el tribunal reconoció un riesgo de fuga, permitió la salida de Alves siempre que se pagara la fianza y se asumiera el compromiso de no abandonar el país. La decisión se fundamentó en la disminución de la percepción de peligro de escape, dado que la condena impuesta fue de una cantidad menor que la solicitada por la fiscalía, reduciendo así las probabilidades de que se fugara a Brasil. Este contexto fue destacado por las autoridades judiciales y analistas legales que siguen el caso de cerca.
Desde que la Audiencia de Barcelona decidió la libertad provisional, los entornos cercanos al jugador iniciaron una carrera para reunir la suma necesaria. Fuentes cercanas citadas por El Periódico, un medio de comunicación del mismo grupo editorial, indicaron que no era habitual encontrar una cifra tan alta y que se recurrió a la colaboración de familiares, a la solicitud de un aval y a recibir apoyo económico desde Brasil para completar el monto.
En su tercer intento, Alves logró reunir la cantidad y finalmente salió de Brians 2. Su salida se produjo en medio de una atención mediática constante. Fuera de la prisión, un coche esperaba para facilitar su marcha rápida y evitar el foco de las cámaras, que estaban atentos a cada movimiento del juramento de libertad bajo fianza. La cobertura periodística ha seguido a cada paso, buscando imágenes de su salida y comentarios que permitan entender el estado del proceso judicial y el impacto de la sentencia en su carrera y reputación.
El conjunto de medidas impuestas mantiene al exjugador sujeto a varios controles. La necesidad de presentarse ante la autoridad judicial cada semana sirve para demostrar su cumplimiento y para evitar cualquier indicio de intento de eludir la justicia. A su vez, la prohibición de abandonar España o el territorio europeo, junto con la entrega de pasaportes, busca garantizar que no se produzca una huida que complique el desarrollo del proceso legal. Las autoridades enfatizan que la supervisión continua es crucial para preservar la integridad del sistema y mantener la confianza pública durante un caso de alto perfil.
La historia reciente con Alves ilustra la compleja dinámica entre la justicia, la presión mediática y la gestión de la identidad pública de una figura deportiva de alto nivel. A medida que la situación legal avanza, analistas y aficionados continúan evaluando las posibles repercusiones en su trayectoria profesional, en contratos comerciales y en su relación con el club y la afición. En el marco de un procedimiento penal que ha captado la atención de varios países, las decisiones judiciales se interpretan no solo por su contenido legal, sino también por su impacto social y mediático, que trasciende las fronteras. [AP] [El Periódico]