“¡La Torre Trump es mía!”, “Mensaje para Letitia James: ¡Mantén tus manos fuera de la Torre Trump!” Esos son algunos de los encabezados que han aparecido en los mensajes recientes que Donald Trump envía para invitar a un millón de patriotas a donar para su campaña con miras a regresar a la presidencia de Estados Unidos.
Existe una explicación sencilla para el incremento de estas llamadas a contribuir, escritas en letras mayúsculas y con signos de exclamación, tanto en esos mensajes como en las publicaciones recientes de Truth Social, la red social del propio exmandatario. Este lunes, como parte de su estrategia electoral, debe efectuar un desembolso de 454 millones de dólares en Nueva York para cubrir la condena por fraude empresarial que le impuso en febrero el juez Arthur Engoron en un caso civil.
Aunque Trump ha apelado la condena, el pago debe realizarse mientras continúa la resolución del recurso, ya sea mediante un cheque propio o, con mayor frecuencia, a través de una garantía emitida por una compañía de fianzas que se compromete a cubrir la suma si la apelación falla. Si no se efectúa el pago, la fiscal de Nueva York que abrió el caso podría congelar cuentas bancarias o embargar bienes inmobiliarios del expresidente.
Esa acción por parte de Letitia James representaría, además de un golpe económico serio, un gran golpe a la imagen de empresario exitoso que Trump ha construido durante décadas. Aunque intentará convertir ese gasto en una victoria política para sus seguidores, presentando la situación como una persecución política, también expone una vulnerabilidad. En los cuatro procesos penales que enfrenta, su estrategia de dilación ha funcionado en varios frentes; sin embargo, en este caso específico la estrategia podría no dar frutos.
La fianza
El pasado lunes, los abogados de Trump, buscando la anulación o una reducción sustancial de la fianza, afirmaron ante el tribunal de apelaciones que era “prácticamente imposible” reunir los fondos. Informaron haber consultado a más de treinta empresas especializadas en este tipo de operaciones, pero ninguna aceptó.
Para asumir una cantidad de este tamaño, lo habitual es que esas compañías exijan garantías en efectivo o en activos líquidos, como acciones. La mayor parte de la riqueza de Trump, estimada por Forbes en alrededor de 2.600 millones de dólares en octubre, está dedicada a bienes inmuebles. Aunque el valor de ese patrimonio podría verse incrementado por la fusión que facilitaría la salida a bolsa de la empresa creada para la red social de Trump, esa ganancia aún no se materializa y podría tardar meses en hacerse efectiva.
Un obstáculo adicional para asegurar un avalista es que parte del dinero y de las acciones ya debieron emplearse este mes para obtener otra fianza, la de 91 millones de dólares con posibles costos superiores a 100 millones considerando la comisión de la aseguradora, para cubrir la multa por haber difamado a E. Jean Carroll. Esa condena también está en proceso de apelación.
En su última publicación en Truth Social, Trump afirmó contar con “casi 500 millones de dólares en efectivo” disponibles, resultado de “trabajo duro, talento y suerte”. Incluso si esas cifras fueran exactas, podrían no ser suficientes para cubrir la fianza, ya que, aparte de las comisiones, las compañías especializadas suelen exigir un extra de alrededor del 20% del valor de la multa. A medida que se acerca la fecha de vencimiento de la deuda, se intensifica la posibilidad de opciones menos deseables, entre ellas la reactivación de estrategias financieras pasadas. En su historial, ha recurrido a declaraciones de bancarrota para sortear fracasos empresariales en casinos de Atlantic City, una táctica que ha usado para salir de momentos difíciles, aunque ahora podría perjudicar sus aspiraciones de retornar al Despacho Oval.
Las crecientes facturas legales
Las conexiones entre los problemas legales de Trump y su campaña se han tornado más claras, tal como se anticipó. El Comité de Acción Política que lo respalda, Save America PAC, gastó el año pasado alrededor de 50 millones de dólares en honorarios legales, y en los dos primeros meses de este año ya ha desembolsado otros 8,5 millones. Cuando un donante aporta a la campaña de Trump, aproximadamente el 10% se destina a ese PAC.
Además, las donaciones que se hagan al nuevo comité establecido entre el candidato y el Comité Nacional Republicano beneficiarán primero a la campaña de Trump y a Save America. El liderazgo del partido ha sido reorganizado para colocar a aliados cercanos del expresidente en puestos clave, entre ellos su nuera. En su momento, el partido afirmó que no cubriría los juicios, pero la realidad indica que, de algún modo, ese apoyo financiero terminará materializándose. En un acto de recaudación programado para abril, por ejemplo, los primeros 6.600 dólares de una donación irán a las cuentas de campaña de Trump, los siguientes 5.000 a Save America y solo después llegarán los fondos, en montos significativamente mayores, al Comité Nacional Republicano y a los comités republicanos de los estados.
Estas dinámicas han tensado la relación entre la recaudación de fondos y la necesidad de sostener litigios, dejando claro que las tensiones entre finanzas de campaña y responsabilidades legales no son simples. El panorama sugiere que, mientras la contabilidad permanece bajo escrutinio público, la lucha por mantener a Trump en el centro de la escena política sigue siendo un eje estratégico para sus simpatizantes y para los opositores que vigilan cada movimiento financiero. La experiencia pasada y las decisiones presentes se entrelazan en un escenario donde cada dólar gastado para la defensa legal y cada campaña de recaudación comunican algo más que cifras: envían señales sobre la resiliencia, el apoyo y las limitaciones que definen la carrera hacia la Casa Blanca. El análisis de cobertura electoral y los registros judiciales actualizados respaldan estas afirmaciones.