La iniciativa del gobierno encabezado por el canciller Olaf Scholz para introducir en Alemania una especie de tarjeta prepago destinada a los solicitantes de asilo ha quedado estancada durante meses. La idea original era que los beneficiarios recibieran la ayuda económica, incluido el llamado dinero de bolsillo, a través de esa tarjeta y no en efectivo ni a través de una cuenta bancaria. El objetivo era que ese dinero se gastara dentro del país y, con ello, se generaran impuestos indirectos derivados del consumo, evitando que terminara en manos de familiares en el extranjero o, en el peor de los casos, en redes de trata de personas o en agendas radicales vinculadas al islam político.
En la práctica, la propuesta, fruto de un acuerdo tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales, tuvo que superar primero las reservas de los socios ecologistas. Ellos la veían como una fórmula que degradaba la supervisión de las ayudas. Una vez superados esos argumentos, enfrentó el rechazo de algunas autoridades regionales, responsables de la acogida de los refugiados y solicitantes de asilo, que creían que el sistema traería más problemas que beneficios.
Con el tiempo, varios estados federados, entre ellos Baviera y Baden-Württemberg, situados al sur, comenzaron a implementarlo, incluso en fases experimentales en ciertos distritos. Este avance ha complicado la situación, ya que obliga a quien recibe una de estas tarjetas a gastar el dinero dentro del distrito de su vivienda asignada. Además, surgen problemas prácticos: incluso sin salir de la zona, la venta con tarjeta no es universal en comercios alemanes. En muchas localidades, incluido Berlín, el cartel de “solo efectivo” sigue siendo común, incluso en establecimientos Döner o bares.
Desafíos de la acogida de refugiados
La tarjeta prepago apareció como una solución para calmar las tensiones de las autoridades regionales, que dicen sentirse abrumadas por la tarea de atender a los refugiados. En 2023 se registraron 351.900 nuevos solicitantes de asilo en Alemania; en los primeros dos meses de 2024, ya eran otros 53.000. Estas cifras están lejos del récord de más de un millón y medio de personas que llegaron durante la gran crisis migratoria de 2015 y 2016. Si se suman a ello un millón y medio de ucranianos recibidos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, que no se contemplan en las estadísticas de peticionarios de asilo por estar exentos de presentar esa solicitud, la magnitud del fenómeno es aún mayor. El tiempo que suele transcurrir, desde la formalización de la solicitud hasta su resolución, oscila entre un año y año y medio.
Cada nuevo solicitante recibe en el centro de primera acogida lo que se denomina “dinero de bolsillo” —182 euros—, además de una tarjeta sanitaria provisional, billetes para el transporte público y bonos de comida, ropa, etc., que se gastarán en el centro al que ha sido asignado. De esa cantidad pasará a los 410 euros para una persona sola, más otros 369 para su pareja, si se admite la petición. Pero 228 euros irán directamente a su manutención y alojamiento, de modo que el dinero destinado a gastos sigue siendo muy reducido.
El debate sobre la viabilidad de implantar una tarjeta prepago para estos gastos se centra en los costos administrativos que conllevaría. Las organizaciones de ayuda a los solicitantes de asilo, como Pro-Asyl, la ven como una concesión política para contrarrestar el discurso de la ultraderecha. Para la Alternativa para Alemania (AfD), la segunda fuerza en intención de voto a nivel nacional, cada euro recibido por el refugiado podría terminar financiando redes clandestinas, ya sean de tráfico de personas o de organizaciones yihadistas. Incluso si se trata de los 182 euros iniciales —equivalentes a 45 euros por semana—, el dinero de bolsillo puede generar preocupaciones sobre su uso final y destino final. [Cita: Informe parlamentario y declaraciones de líderes regionales, 2023-2024]