Cuando el republicano Donald Trump regrese a la Casa Blanca, Estados Unidos podría pasar de liderar una agenda climática proactiva a adoptar una postura más favorable a los combustibles fósiles y menos dependiente de la acción humana como motor del calentamiento global. Se anticipa un giro en la política hacia una mayor desregulación y una revisión de las inversiones en energías limpias, con un énfasis en acelerar proyectos de extracción y reducir la interferencia regulatoria, todo mientras se cuestiona la narrativa sobre la responsabilidad humana en el cambio climático.
La historia reciente demuestra que el cambio climático no siempre fue un tema estrictamente bipartidista en la capital. El republicano Richard Nixon creó la Agencia de Protección Ambiental en 1970 para responder a la creciente preocupación por la polución. Esa acción dio paso a leyes claves para proteger la calidad del agua y del aire, así como a esfuerzos para conservar especies en peligro de extinción y establecer un marco de regulación ambiental que aún perdura.
Con la era Reagan, la cooperación internacional para eliminar sustancias dañinas para la capa de ozono continuó, pero la desregulación de las industrias de hidrocarburos redujo la intervención del gobierno. En su época, la conciencia pública sobre el cambio climático era limitada, y todo cambió cuando el climatólogo de la NASA James Hansen declaró ante el Congreso en 1988 que el calentamiento global era una consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana. Ese momento marcó un antes y un después en el debate público y político sobre el tema.
El último ecologista republicano
George Bush padre, que ejerció la presidencia entre 1989 y 1993, no siempre estuvo a la altura de su retórica en la opinión pública, pero tomó medidas para prevenir la lluvia ácida, apoyó la investigación en energías renovables y firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un hito que abrió el camino a enfoques globales para atender la problemática. En su campaña se escuchó la afirmación de que estos asuntos no conocen ideologías ni respuestas políticas, sino que exigen una respuesta basada en la ciencia y la prudencia ambiental.
Sin embargo, esa sensibilidad bipartidista empezó a cambiar. Con el demócrata Bill Clinton en la Casa Blanca, su vicepresidente Al Gore lideró las negociaciones para aprobar el Protocolo de Kioto, el primer acuerdo internacional legalmente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El tratado no obtuvo la ratificación en el Senado. En ese periodo, petroleras como Exxon promovieron campañas de relaciones públicas para cuestionar las conclusiones científicas y presionaron al Congreso a través de grupos de influencia, lo que afectó la dinámica política y la percepción pública sobre el tema.
Sembrando escepticismo
Aquel esfuerzo para sembrar dudas sobre la ciencia climática y la formación de una nueva generación de negacionistas encontró un impulso en centros de pensamiento como la Heritage Foundation y el Heartland Institute. Estos centros promovieron la idea de que la acción climática sería una amenaza para el capitalismo y para la libertad regulatoria. Sus mensajes encontraron amplificación en cadenas de noticias influyentes, como Fox News, donde se reforzaron narrativas que desdibujaban la urgencia de una respuesta coordinada. Además, la visibilidad de Al Gore a través de libros y documentales contribuyó a polarizar el debate y a transformar la discusión climática en una cuestión ideológica.
Durante la era de Bush hijo, la cuestión climática dejó de ser un tema marginal para convertirse en un eje central de política energética. Se privilegió la desregulación y la retirada de compromisos internacionales, y se retiró a Estados Unidos del Protocolo de Kioto. Su sucesor, Barack Obama, no logró aprobar una legislación extensa en el Congreso, pero impulsó regulaciones para reducir emisiones y acelerar la transición hacia una economía más limpia, además de ser uno de los artífices del Acuerdo de París.
La dinámica continuó en la administración siguiente, cuando Trump anunció nuevas políticas que buscaban revertir avances logrados en materia climática y fomentar la extracción de combustibles fósiles, además de recortar inversiones en renovables. Estas decisiones generaron críticas por su impacto en la agenda de descarbonización y su efecto en la credibilidad de Estados Unidos frente a socios internacionales.
El panorama se mantiene tenso, y no es fácil predecir el alcance de cada giro político. Expertos señalan que las fuerzas que impulsan la transición energética hacia una economía baja en carbono seguirán influyendo, incluso ante cambios de gobierno, porque el cambio climático es un fenómeno complejo que trasciende a gobiernos y partidos. Según la BBC, la figura de Christiana Figueres, antigua coordinadora ejecutiva de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, subraya que no se puede frenar la descarbonización por completo y que la acción global debe continuar para cumplir con los objetivos y mantener la estabilidad climática. Estas observaciones refuerzan la idea de que la cooperación internacional y las soluciones basadas en la evidencia son esenciales para avanzar, incluso cuando la política interna se torne extremadamente competitiva.