Irlanda se encuentra en un nuevo momento decisivo en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres. Cerca de cuatro millones de personas han acudido a las urnas para decidir, mediante referéndum, si aprueban los cambios constitucionales propuestos por el Gobierno en materia de familia y cuidados para dejar atrás la influencia de la Iglesia católica en la Constitución de 1937. La modificación más significativa implica eliminar la vinculación de la mujer con las tareas domésticas y los cuidados recogida en los artículos 41.2.1 y 41.2.2. Aunque su impacto práctico será limitado, su valor simbólico es alto. El recuento de votos se espera este sábado.
El primer artículo señala que la mujer, con su vida en el hogar, presta al Estado un apoyo sin el cual no puede lograrse el bien común. El segundo artículo establece que el Estado debe procurar que las madres no se vean obligadas por necesidad económica a dedicarse al trabajo en detrimento de sus deberes hogareños. La propuesta sometida a votación prevé eliminar estos dos artículos y sustituirlos por un nuevo párrafo que especifica que la prestación de cuidados, entre los miembros de una familia, en razón de los vínculos que existen entre ellos, proporciona a la sociedad un apoyo sin el cual no puede alcanzarse el bien común.
El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha señalado que la victoria del no en el referéndum representaría un retroceso en la lucha por la igualdad en Irlanda. Votar en contra significaría mantener un lenguaje anticuado sobre el papel de las mujeres en el hogar. Varadkar, líder del partido Fine Gael y primer jefe de Gobierno abiertamente homosexual, ha sido un defensor destacado de los avances en igualdad social, incluida la aprobación del matrimonio igualitario en 2015 y de la ley del aborto en 2018.
Avances en igualdad
El referéndum de este viernes refleja la voluntad de una parte importante de la sociedad irlandesa de reducir la influencia de la Iglesia católica en la redacción de la Constitución de 1937, impulsada por Éamon de Valera. Según el Consejo Nacional de Mujeres, la redacción de una nueva Constitución contenía elementos que muchas feministas consideraban siniestros, relegando a las mujeres a una posición de inferioridad. Desde entonces, Irlanda ha mostrado avances notables en igualdad, destacando la aprobación del aborto en 2018 y del matrimonio igualitario en 2015. El país ha mantenido, en promedio, un nivel de igualdad superior a la media de la Unión Europea, según el Instituto Europeo de Igualdad de Género, aunque con pequeños retrocesos interanuales.
Las principales organizaciones civiles dedicadas a la igualdad destacan estos avances, pero advierten de que siguen existiendo retos. La Asamblea Ciudadana, un grupo de representantes de la sociedad civil convocado por el Parlamento, subraya la necesidad de eliminar barreras como la brecha salarial entre hombres y mujeres, la desigualdad en el acceso a oportunidades y la participación en la toma de decisiones, además de las dificultades para conciliar.
Tareas pendientes
En lo que respecta a los cuidados, algunas organizaciones han criticado la reforma constitucional por no ir lo suficientemente lejos. Se argumenta que sería necesario un mayor apoyo gubernamental para el cuidado de personas con discapacidad, de mayores y de los cuidadores, y que la redacción propuesta se limita principalmente al ámbito familiar. Karen Kiernan, directora de One Family, señala que la reforma es un paso hacia adelante, aunque todavía queda mucho por hacer.
Además del papel de la mujer en el ámbito doméstico, el referéndum celebrado en el Día de la Mujer propone modificar el artículo que obliga al Estado a custodiar la institución del matrimonio y a protegerla contra posibles ataques. La propuesta gubernamental desvincula la familia del matrimonio y subraya que el núcleo familiar puede construirse a partir de otras relaciones duraderas. A pesar de que el apoyo al sí lidera las encuestas, un tercio de los electores se muestra indeciso, dejando incierto el resultado final.