El 12 de junio de 2024, el expresidente Carles Puigdemont accedió a su acta de diputado en el Parlament de Catalunya tras renunciar a la intención de concursar en las elecciones europeas del 9 de junio y asegurar su escaño en la cámara catalana. Al completar el trámite para obtener la presidencia catalana, perdió automáticamente la inmunidad que protegía su puesto de eurodiputado. No obstante, el magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, decidió no cursar una nueva euroorden de detención a Bélgica para Puigdemont y a Lluis Puig y Toni Comín por el delito de malversación. Esa euroorden quedó suspendida mientras se tramitaba el recurso presentado por la defensa de Puigdemont frente a la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que le retiró la inmunidad en julio de 2023. Como esa sentencia no tenía firmeza por el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Llarena respondió a las peticiones de la Fiscalía del Supremo y de Vox y mantuvo en suspenso la reactivación de las euroórdenes de detención hasta el fallo del TJUE.
Esa situación dio un giro cuando Puigdemont decidió presentarse a las elecciones autonómicas catalanas anticipadas el 12 de mayo y, por ello, renunció a volver a ser eurodiputado el 9 de junio.
Renunciar a la inmunidad
Esa renuncia sitúa el foco en lo sustancial: abandonar la inmunidad que le protegía durante cinco años, desde 19 de julio de 2019, cuando ganó su escaño por la lista Lliures per Europa en la IX legislatura del Parlamento Europeo, hasta el 12 de mayo de 2024, cuando obtuvo el acta en el Parlament.
El magistrado Llarena consiguió, al 12 de junio de 2024, un escenario inédito en su investigación. Por primera vez Puigdemont quedaba expuesto sin inmunidad europea y, además, fue una decisión tomada por voluntad propia. El escaño obtenido en el Parlament no impidió que se emitiera la euroorden citada.
Sin embargo, no se reactivó la euroorden de detención a partir del 12 de junio. Y cuando, el 1 de julio, Llarena y Manuel Marchena, al frente de la Sala Segunda, acordaron no aplicar la amnistía al delito de malversación, tampoco se reactivó de inmediato la euroorden. Se ordenó, eso sí, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantener la alerta porque seguía vigente la orden de detención nacional.
Llarena no podía actuar de oficio. La nueva posible euroorden ya no respondía al recurso suspensivo ante el TJUE por la inmunidad que se había eliminado en julio de 2023.
Acusación popular de Vox
Vox presentó el 4 de julio un escrito centrando su argumento en que, el 1 de julio, no se aplicó la amnistía a Puigdemont y que ya no mantiene inmunidad por no haber continuado en las elecciones europeas del 9 de junio. En consecuencia, la magistratura tiene una petición formal de la acusación popular de Vox y no se constata que se haya pedido información a la Fiscalía del Supremo ni a la Abogacía del Estado.
En la situación actual, el cambio de postura por la junta de fiscales de la Sala del Supremo, que favorecía la aplicación de la amnistía para malversación y terrorismo, hace prever que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado podrían oponerse a la reactivación de la euroorden. Fuentes judiciales señalan que ni Llarena ni Marchena muestran entusiasmo por reactivar esa orden.
“Furor cautelar escaso”
No obstante, la opinión de algunos observadores es que no se actuará de inmediato si Puigdemont no impulsa la situación. Se advierte que sus argumentos sobre la inaplicabilidad de la amnistía para la malversación son débiles y es probable que el Tribunal Constitucional los desestime. En ese caso, podría plantearse la cuestión ante el TJUE con argumentos no menos creativos y podría aparecer un nuevo paréntesis temporal hasta que el Tribunal de Luxemburgo tome una decisión. ¿Mantendrán las autoridades belgas la detención si el proceso para evitar la amnistía podría resolverse de forma inesperada? Fuentes cercanas señalan que no parece probable que la extradición se concrete de inmediato. En cualquier caso, Llarena podría reactivar la euroorden para detener a Puigdemont desde el 4 de julio si así lo decide Vox, pero no ha ocurrido.
Con todo, la posible extradición por malversación o administración desleal de fondos públicos aún se ve como un desafío para las autoridades belgas. Lo que sí está claro es que, por ahora, el proceso permanece en una fase de debate y posible revisión, sin que se haya reenfocado la acción penal de forma definitiva.
A lo largo de este periodo, la vigilancia y el seguimiento de la situación continúan, con la expectativa de que las decisiones judiciales futuras podrían redefinir las posibilidades de acción y la eventual entrega a las autoridades españolas. En todo caso, las autoridades competentes han mantenido un cuidado especial para no precipitarse en medidas que pudieran exceder la legalidad vigente o dañar la cooperación interinstitucional entre España y Bélgica.