Los resultados de las elecciones al Parlament de Catalunya celebradas el 12 de mayo han provocado un giro decisivo en la política catalana. Por primera vez desde la recuperación del autogobierno, el PSC ha obtenido la mayor cantidad de votos y escaños, mientras que el independentismo ha visto reducida su influencia parlamentaria, rompiendo con una hegemonía que se mantenía desde 1984, cuando el nacionalismo evolucionó hacia el independentismo. En este contexto surge una mayoría matemática de fuerzas no independentistas formada por PSC, Partido Popular y VOX, aunque su viabilidad para lograr la investidura aparece limitada políticamente.
El retroceso del independentismo imposibilita un nuevo gobierno de esa orientación. ERC parece haber reconocido la necesidad de abrir una nueva etapa política. Esto se aprecia en la afirmación de Pere Aragonès de que ERC debe pasar a la oposición, en su renuncia a recoger el acta de diputado y a permanecer en la primera línea política, y en el anuncio de la secretaria general Marta Rovira de no optar a la reelección en el congreso de ERC previsto para finales de noviembre. Además, Oriol Junqueras anunció un proceso de reflexión que iniciará tras las elecciones europeas, tras abandonar la presidencia del partido al menos hasta la celebración del cónclave. En contraste, Carles Puigdemont, desde la noche electoral, dio indicios de no aceptar de forma automática el resultado al sugerir la viabilidad de un gobierno independentista y anunció su candidatura a la presidencia de la Generalitat. En los días siguientes, llamó a ERC y a CUP a sumar fuerzas y pidió al PSC no obstaculizar su investidura, advirtiendo que sería mejor no intentar la investidura de Salvador Illa con el apoyo de PP y Vox para evitar posibles riesgos para la mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso.
Sin embargo, esa voluntariedad de Puigdemont se mantiene bastante alejada de la realidad política. La ausencia de una mayoría independentista exige la participación directa del PSC en la investidura, además de la de ERC, que ya ha descartado su apoyo. Aunque no es inusual que el candidato investido no sea necesariamente el ganador de las urnas, en las circunstancias actuales esa hipótesis resulta poco realista, incluso si se considerara que Sánchez podría estar dispuesto a sacrificar a Illa para continuar en La Moncloa. La viabilidad de tal escenario parecía plausible solo si el independentismo hubiera mantenido su mayoría y la distancia entre Junts y el PSC fuera menor, algo que ya no se sostiene ante los resultados.
Y no conviene olvidar que el margen de maniobra de Junts es limitado. ¿Qué podría hacer? ¿Propiciar una moción de censura y unir sus votos a los de PP y Vox para romper el cordón sanitario que se ha establecido? ¿Votar en contra de los presupuestos y renunciar a exhibir logros ante el electorado, presentándose como una fuerza útil en las votaciones recientes? Nada de ello parece favorable. También está en juego la ley de amnistía, al menos hasta finales de mes, y a partir del 29 de mayo el presidente del Gobierno podría convocar elecciones, una posibilidad que podría resultar tentadora para liberarse de la presión independentista, al menos de aquellos que hacen chantaje y si los resultados de las europeas resultan favorables. Por todo ello, si la gobernabilidad y la continuidad de la legislatura dependen de alguien, ese alguien es Sánchez.
En este escenario, las decisiones que tomen Junts, ERC y PSC definirán no solo la composición de un nuevo gobierno, sino también el ritmo de la política catalana y su relación con Madrid. Las próximas semanas serán decisivas para delinear alianzas posibles, redefinir prioridades legislativas y gestionar un pulso entre distintas visiones de futuro para Catalunya, España y la convivencia entre sus actores políticos.