Un juez haitiano presenta cargos y señala a figuras clave en el magnicidio de 2021
El juez haitiano Walther Voltaire formalizó cargos contra Martine Moïse, viuda del asesinado presidente Jovenel Moïse, acusándola de complicidad y de participar en una asociación criminal para ejecutar el magnicidio ocurrido en 2021. Este avance legal forma parte de un informe judicial al que tuvo acceso EFE en la jornada de hoy y que marca un hito en la investigación de uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de Haití.
Además de Moïse, el proceso involucra a otras 50 personas, entre ellas el ex primer ministro Claude Joseph y Léon Charles, antiguo jefe de la Policía Nacional, quien actualmente representa al país haitiano ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el expediente, Joseph enfrenta los mismos cargos que Moïse; por su parte, Charles está señalado por asesinato, intento de asesinato, posesión y porte ilegal de armas, conspiración contra la seguridad del Estado y asociación para delinquir, entre otros delitos.
Entre los imputados se encuentran 17 colombianos y haitiano-estadounidenses como Christian Emmanuel Sanon, James Solage y Joseph Vincent. También figuran el coordinador y el jefe de seguridad de Moïse, Jean Laguel Civil y Dimitri Hérard, respectivamente; así como exmiembros de la Unidad Anticorrupción y exministros, como Ardouin Zéphirin y Louis Edner Gonzague Day.
“Existen cargos concordantes y pruebas suficientes para justificar su responsabilidad en los hechos que se les imputan”, reveló la decisión del magistrado, que envía a las personas implicadas al Tribunal Penal para ser juzgadas por asociación para delinquir, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad en asesinato, delitos cometidos en perjuicio de Jovenel Moïse.
Respecto a Moïse, se señala que sus declaraciones sobre el asesinato contienen contradicciones que generan dudas sobre su credibilidad, de acuerdo con el auto emitido por el juez de instrucción. La investigación subraya que existen indicios de participación de la ex primera dama y de miembros cercanos en una red de intereses que buscaba desbancar al presidente para tomar poder.
Según el acusado Joseph Félix Badio, en torno a la figura del presidente se formaron diversos grupos de poder dentro del Palacio Nacional, todos con el objetivo de deshacerse de Moïse para obtener control político y económico. Entre esos actores estarían Marie Moïse y Claude Joseph, según el documento judicial.
El informe detalla también que la viuda de Moïse acudió al Palacio Nacional la noche del martes 5 de julio de 2021, dos días antes del asesinato, y permaneció en las instalaciones durante casi cinco horas, hasta las primeras horas del martes siguiente. Este movimiento fue descrito como parte de una secuencia de hechos que, según el texto, sugieren planificaciones y vínculos entre varios involucrados.
El magistrado Voltaire señala que existen cargos compatibles y suficientes indicios para sostener la responsabilidad de los imputados en los hechos imputados, y que el caso avanza hacia su siguiente etapa procesal. El auto de 122 páginas fue enviado a un fiscal, quien informará a las personas vinculadas sobre la acusación, y el siguiente paso consistirá en la organización de un juicio por parte del presidente del Tribunal Supremo de Haití.
Por su parte, ya se han obtenido declaraciones de culpabilidad frente a la justicia de Estados Unidos en relación con otros aspectos del complot, que incluyó financiamiento y planificación coordinada desde territorio norteamericano. Este componente externo del caso ha acentuado la complejidad de un expediente que ha estremecido a Haití y generado una intensa atención internacional sobre el funcionamiento de las instituciones haitianas y la seguridad del país.
El 7 de julio de 2021, Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe. En el asalto resultó herida su esposa, quien recibió atención médica y fue trasladada posteriormente a Miami para recibir tratamiento. El ataque dejó al país en un estado de conmoción y ha impulsado debates sobre la seguridad interior, la integridad institucional y la lucha contra la corrupción y la infiltración de redes criminales en el poder.
La investigación continúa, con el objetivo de esclarecer todos los reclamos y avanzar hacia un proceso judicial que aporte claridad sobre los hechos, las responsabilidades y las motivaciones detrás de uno de los episodios más trágicos de la historia reciente haitiana. Las autoridades aseguran que el procedimiento mantendrá el rigor legal necesario para, en su momento, determinar las condenas correspondientes a cada implicado y asegurar la aplicación de la justicia en este caso tan sensible para Haití y sus aliados internacionales.