El Ministerio de Trabajo propone que las empresas registren de forma digital la jornada laboral de sus empleados, eliminando métodos analógicos. Desde 2019 es obligatorio realizar un control de horarios y computar las horas trabajadas cada día. Aunque no se especifica exactamente qué mecanismo deben usar las empresas, la medida busca asegurar un registro fiable. En el marco de las negociaciones para reducir la jornada máxima a 38,5 horas semanales en 2024, el departamento propone avanzar hacia la digitalización completa de este proceso.
Hasta ahora la normativa y la jurisprudencia han dejado claro que todo sistema de registro debe ser objetivo y fiable. Sin embargo, la dirección encabezada por Yolanda Díaz considera que ciertos formatos, como los soportes en papel, resultan difíciles de cumplir esos criterios. El responsable del área ha descrito estos formatos como susceptibles de manipulación tras concluir reuniones con representantes patronales y sindicatos.
Esta opinión cuenta con el respaldo de varios inspectores de Trabajo, ya que algunas empresas aprovechan formatos rudimentarios para presionar a los trabajadores o para falsificar el registro sin su conocimiento. Es más económico registrar mal la jornada que pagar horas extraordinarias no remuneradas. No cumplir con el registro de jornada puede acarrear multas de la Inspección de Trabajo entre 751 y 7.500 euros, sin importar la facturación o el tamaño de la plantilla.
Ahora se plantea digitalizar también los mecanismos para remitir de forma automática a la Inspección de Trabajo los cuadrantes laborales. De este modo, los inspectores pueden verificar que no se dilate la entrega de pruebas para manipularlas. La tercera pieza de la reforma contempla revisar al alza las sanciones, ya que se considera que los importes actuales no cumplen su función disuasoria.
Hasta la fecha, el grado de cumplimiento de la normativa de registro horario registra resultados modestos. Desde mayo de 2019, cuando empezó a ser obligatorio registrar la jornada, hasta mayo de 2023, la Inspección de Trabajo llevó a cabo 7.900 actuaciones específicas para verificar el cumplimiento. Entre estas, se detectaron 4.232 infracciones, lo que indica que más de la mitad de las empresas no superan una revisión. En total, las multas sumaron 6,1 millones de euros, con un importe medio por sanción de 1.440 euros, datos que se obtuvieron a partir de respuestas a preguntas realizadas al organismo por un medio de comunicación de referencia.