La opa esperada del consorcio húngaro Ganz-Mavag sobre Talgo desata un giro político importante. El Gobierno afirmó que hará todo lo posible para rechazar la oferta, tal como explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante el II Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenibilidad organizado por el Grupo Prensa Ibérica. La decisión gubernamental, motivada por la preocupación de posibles inversiones de origen ruso o incluso de un respaldo estatal, marca un golpe significativo en una operación en la que el consorcio húngaro, con un 55% controlado por Magyar Vagon de András Tombor y un 45% por el fondo estatal Corvinus, había ultimado la presentación formal de la oferta de adquisición de Talgo.
El Gobierno de España mantiene reservas políticas hacia el Ejecutivo de Viktor Orbán, pese a la condición de Hungría como miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde 2004. Orbán, clasificado por algunos como conservador y nacionalista e incluso descrito como ultraderechista en ciertos sectores, sostiene vínculos estrechos con Vladimir Putin que sitúan al primer ministro húngaro como un aliado relevante de Rusia dentro de la UE. El inversor András Tambor tiene antecedentes como asesor cercano a Orbán, lo que añade capas de lectura a la operación.
Ganz-Mavag tenía previsto enviar por carta al consejo de administración de Talgo la oferta formal, valuada en cinco euros por acción. En bolsa, Talgo cotizaba por encima de los cuatro euros por título, con una valoración que rondaba los 570 millones. A partir de ese momento, se abría oficialmente el proceso ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el anuncio de la opa.
Según la publicación de Activos, la opa del consorcio húngaro sobre Talgo estaba a horas de hacerse realidad, tras lograr Tombor el respaldo de los bancos acreedores de la compañía española. El acuerdo buscaba garantizar que estas entidades, que suman más de una veintena y mantienen préstamos por más de 300 millones, no ejecutaran estos créditos cuando Talgo pasara a manos extranjeras. Además, el pacto contemplaba que las entidades financieras continuaran apoyando a la nueva Talgo bajo control húngaro.
Una empresa estratégica
En su momento, el entonces ministro de Industria, Jordi Hereu, ya había señalado que Talgo era una empresa estratégica. Por ello, la hoja de ruta del grupo húngaro pasaba por obtener el respaldo de los bancos y, con la confirmación de la opa, jugar la parte política ante el Consejo de Ministros. Esta fase política contemplaba presentaciones formales de información que, aproximadamente en un mes, culminarían con una decisión favorable o contraria. En la actualidad, la decisión parece haber sido un rechazo.
El proceso previsto implicaba que los inversores presentaran su documentación a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía, que convoca a la Junta de Inversiones Extranjeras. Este órgano interministerial elabora un informe y, si la operación supera los 5 millones de euros, lo eleva al Consejo de Ministros para su decisión final.
La dinámica de la opa muestra cómo una operación empresarial de gran envergadura puede convertirse en un asunto de interés público, con múltiples capas de evaluación que van desde la viabilidad financiera hasta las implicaciones estratégicas para la industria y la cooperación internacional. En este contexto, los lanzamientos oficiales y las valoraciones de mercado pueden ser tan relevantes como los principios políticos que enmarcan la operación.