Revisión del conflicto en Darfur Norte y impacto humanitario

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Al menos nueve civiles han perdido la vida y otros catorce han resultado heridos este lunes tras un bombardeo efectuado por el Ejército de Sudán sobre la ciudad de El Fasher, capital de la región de Darfur Norte. El ataque se enmarca dentro de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido RSF. Este es el segundo golpe contra la ciudad en menos de 24 horas, según informaciones recogidas por Radio Dabanga, que también reporta pérdidas entre las RSF sin precisar cifras definitivas.

Por su parte, las RSF condenaron el ataque que causó una destrucción extensa tanto en la capital regional como en la ciudad de Kutum. El grupo armado afirmó que los recientes ataques por parte de las Fuerzas Armadas sudanesas y sus aliados yihadistas buscan hacer un mal uso de la ayuda humanitaria para promover sus objetivos militares. Las RSF sostienen que no permitirán que la ayuda humanitaria se convierta en una herramienta de guerra ni que fluya armamento y desinformación. Además, llamaron a la comunidad internacional a rechazar estos ataques contra civiles y expresaron su compromiso de combatir a las fuerzas que amenazan a Sudán con injusticia y corrupción.

La guerra entre el Ejército sudanés y las RSF estalló en abril de 2023 a raíz de profundas diferencias sobre el proceso de integración del grupo, que entonces era paramilitar, dentro de las Fuerzas Armadas. Este conflicto contribuyó al colapso de la transición que se había iniciado en 2019 tras la destitución de Omar al Bashir.

Los enfrentamientos, en los que ambos bandos han sido señalados por ataques contra civiles según distintos informes, han provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Las cifras señalan más de 14 000 muertos verificados, millones de desplazados y refugiados, y una inseguridad alimentaria que afecta a unos 18 millones de personas. Estas condiciones extremas han intensificado la necesidad de ayuda internacional coordinada y de una respuesta humanitaria que proteja a la población civil, garantice acceso a servicios básicos y permita la entrega de suministros esenciales.

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