A medida que la economía española encara un 2025 con límites claros, la atención se centra en la salud de las finanzas públicas. Tras la última reunión gubernamental se confirmó la senda de estabilidad, y el Ministerio de Hacienda empezó a trasladar a las comunidades autónomas un mensaje contundente: en el próximo año las entregas a cuenta serán menores. Este giro presupuestario anuncia ajustes inevitables y marca un rumbo difícil de sortear para muchos ejercicios regionales.
Se anticipaba la reapertura de las reglas fiscales, pero el hecho de que el departamento encabezado por María Jesús Montero ya esté avisando de una reducción sustancial de recursos para el ejercicio siguiente sugiere que se requerirá un esfuerzo notable por parte de las comunidades. Este aviso llega en un momento en que las arcas de los territorios demandan respuestas precisas ante un entorno de ingresos menos generosos, y subraya la necesidad de planificación para sostener servicios esenciales sin incrementar la deuda de forma descontrolada.
En la Conselleria de Hacienda han captado el mensaje y entienden el sentido de la propuesta. Ahora bien, la aceptación política no es uniforme, ya que la escena territorial está marcada por tramos de financiación diversos y por la disparidad de escenarios entre comunidades infrafinanciadas y las que han mostrado mayor capacidad de movilización de recursos. El escenario es especialmente complejo para una Comunitat Valenciana que ha visto crecer sus cuentas este año, pero que podría enfrentar un reajuste significativo en el futuro si no se corrigen de manera equitativa los criterios de reparto.
El Ejecutivo central plantea un reto mayúsculo: lograr un equilibrio presupuestario para 2025 con déficit cercano a cero, al tiempo que se reduce la entrada de ingresos. Es relevante recordar que la Generalitat mantiene un conflicto abierto con el Gobierno al no aceptar el umbral de déficit del 0,1% impuesto para todas las autonomías y al defender el 0,3% que aprobó en sus presupuestos. Este choque entre criterios nacionales y regionales añade tensión a una situación que ya de por sí es compleja y que requiere una coordinación más fluida entre las instituciones.
A nivel político, la medida tiene un componente estratégico claro. Se prevé que el ajuste no afecte a todas las comunidades por igual, y la mayor parte de ellas no están gobernadas por el mismo color político que el PSOE, lo que podría intensificar la discusión sobre prioridades, mecanismos de compensación y criterios de distribución. En este contexto, el aviso busca orientar a las autonomías con mayores crecimientos presupuestarios este año, que en algunos casos han elevado sus cuentas hasta un diez por ciento, aunque la valenciana no figura entre las que han experimentado incrementos tan marcados. El incremento valenciano se sitúa alrededor del 4,5% en términos globales, o 2,3% si se mide el gasto real, descontando el coste de la deuda.
La alerta es especialmente preocupante para la Comunitat Valenciana, que afronta un periodo de ajuste tras años de crecimiento y de cierta relajación de las reglas fiscales durante la pandemia. La cuestión pendiente es resolver un problema de financiación autonómica que, tras una década de cambios y retrasos, sigue sin una solución definitiva. En escenarios históricos parecidos, la Generalitat ha recurrido a grandes mecanismos de deuda para sostener servicios públicos esenciales como sanidad, educación y atención social, cuyas cifras han tendido a estabilizarse en la media nacional en los últimos años, pero que siguen necesitando recursos para mantener su normal funcionamiento.
El ministerio propone la creación de un fondo de nivelación temporal, concebido para suavizar el tránsito hacia un sistema de financiación más justo. Este fondo, contemplado en los acuerdos de gobierno entre las formaciones que apoyan la coalición, aparece como un instrumento de transición. Sin embargo, la titular de Hacienda ha indicado que no figura entre las prioridades actuales y que su implementación dependería de un acuerdo amplio entre partidos. En la autonomía valenciana surge entonces una necesidad apremiante de asegurar ingresos extra, sobre todo ante la incertidumbre de un consenso que aún no se alcanza entre todas las fuerzas políticas.
Mientras tanto, la legislatura avanza, oscilando entre el presente y las herencias del pasado. El caso de Emergencias sirve como ejemplo de los debates actuales: el Gobierno regional ha puesto el servicio público de emergencia en el foco, examinando la gestión de la sociedad pública creada para este fin y las posibles anomalías en la asignación de recursos. Por su parte, la izquierda solicita aclaraciones sobre la respuesta ante repetidos incendios, aunque hasta ahora los siniestros han sido de baja magnitud, y sobre las condiciones laborales de los bomberos forestales. El tiempo dirá cuánta influencia tendrá la presión pública en las decisiones, pero lo que es claro es que la dinámica política seguirá siendo un factor decisivo en la definición de políticas de financiación y gasto público.
En este contexto general, la atención pública continúa centrada en la cuestión de fondo: la financiación suficiente y justa para sostener servicios básicos, la estabilidad de las cuentas regionales y la capacidad de las comunidades para responder ante eventualidades sin recortar derechos sociales. El paisaje político y económico está en tránsito, y cada movimiento se observa con atención, porque el resultado podría redefinir el equilibrio entre ingresos, gastos y deuda a medio plazo.