El diputado Damián Arabia parecía sonriente en Venecia, y no dudó en compartir en Instagram un guiño irónico sobre su experiencia en el carnaval. Se le atribuye al diario Ámbito Financiero la nota donde se afirma que defendía su vida privada y su orientación sexual frente a la conversación pública. Sus vacaciones, que fueron muy comentadas, generaron memes y críticas en un contexto argentino marcado por conflictos sociales y sindicales que se extienden a las discusiones públicas en las redes.
En las últimas horas, una huelga de trabajadores ferroviarios paralizó el servicio por completo, y también se expresaron protestas de médicos. El lunes está prevista la participación de maestros, y parece probable que no comience el ciclo lectivo. El ministro del Interior comentó que deben adaptarse a la nueva realidad argentina. Este viernes, las organizaciones sociales se movilizan contra el programa económico del presidente Milei. Una dirigente sostuvo que el gobierno está llevando a cabo una crisis social que afecta a millones de familias que enfrentan la falta de alimentos. Se señaló que existen 44.000 comedores populares que esperan asistencia del Estado y de la ministra de Capital Humano para entregar alimento a la población necesitada.
La Confederación General del Trabajo, CGT, que ya ha realizado huelgas contra políticas consideradas de choque, advirtió que podría haber nuevas paralizaciones en el corto plazo. Uno de sus principales dirigentes, relacionado con los obreros de la construcción, se reunió con la segunda al mando del Fondo Monetario Internacional, para expresar preocupación por los efectos de un programa económico que ha contribuido a reducir salarios debido a la devaluación de la moneda, a la inflación y a recortes en el gasto público. Según un diario de circulación nacional, el Decreto de Necesidad y Urgencia que restringe el derecho a huelga podría terminar con indemnizaciones por despido y recortar otros derechos laborales, cuestionando el contrato social del país.
La fuerza y la debilidad del ajuste
El mandatario reiteró que las difíciles condiciones que padecen muchas familias —con altos índices de pobreza— son producto de decisiones anteriores y de la herencia de un periodo de políticas populistas. Aunque se habla de una luz al final del túnel, las expectativas se apoyan en medidas económicas dirigidas a estabilizar la situación. Se mencionan reducciones y ajustes en el gasto público, con impactos en inversión y subsidios, y cambios en costos para usuarios de transporte, energía y otros servicios. Las pensiones y ayudas a la población vulnerable muestran recortes. La inflación ha afectado la capacidad de compra de los trabajadores formales, elevando la sensación de precariedad en el corto plazo.
La llamada “motosierra” que caracterizó la campaña electoral ha sido trasladada a la gestión, con efectos en varias áreas del Estado. Se señala que algunas carteras enfrentan limitaciones presupuestarias, y que la ministra de Educación, que depende de la Secretaría correspondiente, ha enfrentado tensiones por la falta de fondos para atender las demandas sociales. En semanas recientes, miles de personas se han manifestado frente a la sede ministerial. En medio de la discusión, un secretario de la cartera fue protagonista de tensiones internas vinculadas a ajustes, expresadas en debates con sindicatos y autoridades provinciales.
Los límites de la tolerancia
La delegación del FMI mantuvo reuniones con autoridades del gobierno para evaluar la satisfacción con las políticas implementadas. Se discutió la capacidad de la sociedad para soportar los rigores del ajuste y la duración de las medidas necesarias. Varias consultoras señalan que la mayoría de los argentinos ha reducido gastos y que muchos lo hacen por necesidad ante la necesidad de llegar a fin de mes. Un porcentaje significativo está dispuesto a esperar cambios durante meses para ver mejoras.
En este marco, las fuerzas políticas buscan terreno en una batalla cultural que ha ganado atención tras una polémica entre el presidente y una figura mediática de la música pop. El portavoz presidencial anunció que la política institucional debe reconfigurarse, mientras un ministro quedó a cargo de una comisión parlamentaria que debe debatir las medidas oficiales. Organismos defensores de derechos humanos expresaron su sorpresa ante estas decisiones y cambios. Un senador afectado por debates históricos defendió su trayectoria, al tiempo que se mantienen voces críticas sobre el rumbo de las políticas de seguridad y derechos sociales.