Un total de 18 personas han comparecido en el proceso judicial que se tramita contra un hombre, cuyas iniciales son J. I. F., antiguo propietario de una academia de música en Murcia. El caso se investiga por haber instalado una cámara oculta en el baño del centro para grabar a mujeres y a niñas.
El sospechoso, hoy con 46 años, permanece en libertad. Su arresto se produjo cuando estalló el escándalo en 2015. La primera investigación se abrió después de que una menor denunciara haber sido grabada en el aseo del centro. Aquella causa no llegó a juicio porque se alcanzó un acuerdo económico entre la familia de la víctima y el hombre, y el asunto de la menor quedó archivado.
Instrucción terminada
No obstante, J. I. F. encara aún una causa pendiente. El titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Murcia dio por concluida la investigación a finales de abril de 2020, concluyendo que, a partir de las pruebas, existía una imputación indicativa y provisional de que el individuo instaló una cámara oculta en el baño de la academia de la que era dueño.
En los registros ordenados por el juzgado dentro de la academia se incautaron nueve dispositivos de almacenamiento —ordenadores, una tableta y memorias USB— donde la Policía Científica halló más de medio millar de archivos con contenido íntimo. Estos archivos habrían sido grabados entre 2012 y 2015 y mostraban tanto a profesoras como a alumnas.
Sin embargo, en ese momento no se conocía la identidad de la mayoría de las víctimas, y el perito señaló que no pudieron detectar la presencia del dispositivo de grabación. El juez sostuvo que los hechos caen dentro de un delito de vulneración de la intimidad que no exige denuncia cuando afecta a varias personas, por lo que ordenó continuar las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado.
Traslado a la Fiscalía
Meses después, en julio de 2020, la Fiscalía solicitó la suspensión del plazo para formular acusación y pidió, como diligencias complementarias, identificar a las víctimas grabadas sin su consentimiento al entrar al baño y ofrecerles la posibilidad de personarse en la causa.
El instructor autorizó la averiguación y ordenó a la Policía Judicial que determine cuántas mujeres habían sido grabadas. Tras recibir la relación de alumnas afectadas, se les ofreció participar en el proceso, y 18 se han personado como perjudicadas. Fuentes judiciales indican que ahora corresponde al Ministerio Fiscal presentar, en su caso, un escrito de acusación.
El proceso se ha demorado también por la pandemia de coronavirus, que ralentizó un sistema judicial ya sobrecargado. Mientras tanto, algunas víctimas han buscado asesoría legal para preparar la acusación.
Con respecto a la academia, que albergó la cámara oculta, ha cambiado de nombre y de ubicación. Actualmente continúa operativa en el mismo barrio y no guarda relación con J. I. F.