El director de una cárcel provincial en Sumbíos, Ález Guevara, fue blanco de un tiroteo mortal durante la pasada semana, cuando un vehículo en el que viajaban también dos funcionarios quedó comprometido por la violencia. Este trágico suceso conmocionó a la comunidad local y encendió un debate sobre la seguridad de las instalaciones penitenciarias y la protección del personal que trabaja en ellas. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque y para identificar a los responsables de la agresión que dejó al menos a tres personas afectadas en el acto, entre ellas Guevara, quien perdió la vida. Los primeros indicios apuntan a un atentado dirigido contra el personal penitenciario, una situación que ha generado preocupación entre los trabajadores y sus familias, así como entre los organismos de seguridad y justicia del país.
Los agresores circulaban en una camioneta y propinaron más de una veintena de impactos de bala contra el coche donde estaban los tres funcionarios, según informó un diario de circulación nacional. Sobre el terreno, las autoridades hallaron un panfleto que amenaza al director y que parece atribuirse a una banda criminal conocida como Los Choneros. Este hallazgo ha sido motivo de recomendaciones para reforzar la vigilancia en áreas cercanas a los centros penitenciarios y para intensificar los patrullajes en las rutas utilizadas por el personal de seguridad. Las fuerzas del orden siguen investigando para confirmar la autenticidad del panfleto y su posible relación con redes delictivas.
Por su parte, el Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI) confirmó el ataque y expresó su pesar por la pérdida de Guevara. En un comunicado, el organismo destacó que Guevara dedicó gran parte de su vida a la gestión y mejora del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, subrayando su compromiso con la reinserción y la seguridad de quienes trabajan dentro del sistema penitenciario. Las autoridades señalan que el legado de Guevara incluye iniciativas para optimizar los protocolos de seguridad, fomentar la capacitación del personal y fortalecer las estructuras de apoyo a la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Este reconocimiento llega en un momento de tramos difíciles para el sistema, donde la seguridad y la transparencia son prioridades de políticas públicas y de organismos de control.
El pasado sábado, información adicional señala que otras dos trabajadoras de una cárcel ecuatoriana perdieron la vida en un ataque similar cuando se dirigían al centro donde desempeñaban sus funciones. Este hecho se produjo poco después del anuncio de la extensión del estado de excepción por 30 días más, una medida decretada por el presidente Daniel Noboa. La ampliación alcanza a 19 cantones distribuidos en seis provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, además del cantón Ponce Enríquez en la provincia de Azuay. Las autoridades han indicado que la continuidad de estas medidas refleja la preocupación por la seguridad pública y la necesidad de una respuesta firme ante actos de violencia que afecten a las instituciones y a las familias de los trabajadores. Mientras tanto, distintas agencias trabajan para evaluar el impacto de estas decisiones en la vida cotidiana de las comunidades y en la operación de los centros penitenciarios.