La Policía Nacional detuvo en Aspe a tres ciudadanos rumanos por someter a compatriotas a una explotación laboral en tareas agrícolas. Las víctimas eran obligadas a trabajar jornadas de diez horas diarias por un salario semanal de cuarenta euros, una situación que evidenció un claro abuso y coacción. La actuación policial se enmarca en una respuesta integral ante indicios de trata y explotación laboral entre ciudadanos de la misma nacionalidad, con un patrón de control y abuso que afectaba a varias personas.
La investigación comenzó tras una información urgente recibida desde Rumanía, que alertaba sobre la posible retención de ciudadanos rumanos por parte de un grupo criminal que los obligaba a trabajar en frentes agrícolas en España, señalando especialmente la localidad de Aspe como el escenario de estas conductas delictivas.
Ante la gravedad de los hechos, agentes de la Policía Nacional, adscritos al Grupo 2º de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante, asumieron la pesquisa. Se llevaron a cabo gestiones para localizar con precisión la finca donde se desarrollaban las jornadas laborales coercitivas y se identificaron a las personas involucradas.
Los agentes presenciaron a un hombre que trasladaba a otros dos hombres desde un domicilio en Aspe hasta la finca agrícola. En el lugar identificaron a los dos trabajadores conducidos y a un tercer hombre que afirmó ser el propietario de la explotación y que empleaba a los otros dos como trabajadores, todos de nacionalidad rumana. Rápidamente mostró a los investigadores una nómina a nombre de uno de los dos supuestos empleados.
Tras las identificaciones, los agentes confirmaron que una de las personas que había denunciado la presunta retención resultó ser la que alertó sobre la situación. Al ser consultada, confirmó que estaban siendo retenidos, coaccionados y explotados laboralmente y solicitó ayuda.
Deuda
En un relato privado, la víctima relató haber pedido un préstamo de cien euros a un compatriota, conductor del vehículo que les llevaba a la finca y que los recogía. Este demandó como condición que la deuda se duplicara cada mes en que no cobraran. Durante la pandemia de COVID-19 la víctima tuvo que regresar a su país, dificultando el pago y el saldar la deuda por completo.
Al regresar a España, el prestamista exigió el pago de la deuda, que había crecido a tres mil euros. A partir de entonces le fue retenida la documentación y se le obligó a trabajar diez horas diarias en explotaciones agrícolas tanto en España como en Francia, sólo recibiendo cuarenta euros semanales para alimentación. En condiciones indignas, llegó incluso a alojarse en contenedores adaptados como viviendas. Se estima que la víctima trabajó durante dos años y, aunque ha reconocido haber generado alrededor de noventa mil euros para el prestamista a través de su labor, este continúa reclamando tres mil euros adicionales.
La víctima también indicó que no denunció antes por temor a represalias y a la peligrosidad de las personas involucradas, que eran descritas como una pareja coautora del delito.
Implicados
Las pesquisas revelaron que el propietario de la explotación colaboraba con la persona que sometía a los trabajadores a coacciones y explotación, y que los salarios de los dos empleados se ingresaban en cuentas de titularidad del propio cabecilla y de su esposa, de modo que el dinero no llegaba a los trabajadores, sino a las cuentas de los líderes del grupo. Posteriores indagaciones indicaron que en otras fincas propiedad del mismo hombre se encontraban trabajando otros dos varones, identificados como víctimas adicionales del grupo criminal.
Se constató que esos dos trabajadores también habían contraído deudas con el cabecilla y estaban sometidos a explotación para pagarlas, sin que la deuda se saldara. A ellos también les habían retenido la documentación y se les amenazó con daños a sus familias si intentaban escapar o denunciar la situación.
Otras víctimas en Francia
En el registro efectuado en el domicilio del cabecilla se incautaron ciento sesenta y cinco euros y mil ochocientos dos leus rumanos en efectivo. También se localizaron extractos bancarios a nombre de los investigados y de familiares, con saldos superiores a cien treinta mil euros, procedentes de transferencias de empresas agrícolas francesas que abonaban por el trabajo de las víctimas. Adujo la inspección que existían nóminas a nombre de las cuatro víctimas, sin que éstas figuraran dadas de alta en la Seguridad Social.
Finalmente, los agentes identificaron al cabecilla de la organización y a su esposa, quien recibía los salarios en sus cuentas, así como al propietario de las fincas agrícolas. Todos fueron detenidos por la presunta comisión de los delitos de trata de seres humanos, extorsión, organización criminal y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Libertad para el cabecilla y su mujer
Los detenidos eran dos hombres y una mujer, cuyas edades oscilaban entre los 24 y los 47 años, todos de nacionalidad rumana. Tras pasar a disposición del juzgado de guardia de Novelda, el cabecilla y su esposa quedaron en libertad, tras contar con la asistencia letrada adecuada. La policía continuó ofreciendo apoyo a las víctimas a través de servicios sociales para facilitar su recuperación y reinserción social. Asimismo, se mantiene la coordinación con autoridades francesas y rumanas para ampliar la acción policial ante nuevas indicios de explotación en otros territorios.