Un grupo de 45 países miembros de la ONU elevó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos una clara exigencia: que Venezuela ponga fin de inmediato a la represión contra opositores políticos y manifestantes que se ha intensificado en distintos rincones del país. Además, reclamaron la liberación incondicional e inmediata de todas las personas detenidas sin causa justificada, subrayando la necesidad de salvaguardar la integridad de los derechos fundamentales en todo momento.
Los firmantes de la declaración —que fue leída ante el Consejo por la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino— pidieron a las autoridades venezolanas que observen sin restricciones las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención, enfatizando la importancia de juicios justos, atención adecuada a las garantías procesales y la protección de víctimas y detenidos durante el proceso judicial.
Entre los Estados que respaldan la declaración figuran naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a Estados miembros de la Unión Europea como España, Portugal, Italia, Francia o Alemania, además de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón y Canadá. Esta coalición busca enviar una señal de preocupación coordinada ante la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela mientras se aproxima un marco electoral reciente en el país.
Mondino destacó ante el Consejo que los países firmantes desean expresar su profunda inquietud por la crisis estructural de derechos humanos que afecta a Venezuela, la cual se ha visto especialmente agudizada en el marco del proceso electoral que está en curso. La declaración subraya la necesidad de que todas las acciones públicas gesten una atmósfera de transparencia, rendición de cuentas y protección a la libertad de expresión y de reunión.
En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, la situación ha mostrado signos de empeoramiento con reportes de detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo a menores, mujeres y personas con discapacidad. Diversos observadores advierten sobre la creciente dificultad para ejercer derechos políticos y la denuncia de restricciones a la prensa y a la libertad de movimiento que limitan el debate público.
También se ha señalado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad e incluso por grupos armados civiles conocidos como “colectivos”, así como otros abusos, entre ellos la persecución judicial iniciada contra el candidato presidencial Edmundo González, quien se encuentra en exilio en España. Estos hechos despiertan preocupación por el estado de las libertades y la seguridad de quienes participan en el proceso político y los actos de protesta pacífica.
La declaración advierte que, bajo excusas como la incitación al odio o la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su derecho legítimo a manifestarse. El documento pide una evaluación objetiva de cada caso y la garantía de que las autoridades respeten las salvaguardias internacionales que protegen a los ciudadanos que expresan su opinión o reclaman cambios mediante la protesta pacífica.
La resolución también cuestiona la retirada de la cooperación entre el Gobierno venezolano y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que provocó la expulsión de trabajadores de esa oficina en el país el mes pasado. Se instó a restablecer ese canal de apoyo y diálogo profesional para que la vigilancia sea constante y basada en pruebas, con acceso a información verificada y a visitas independientes que permitan evaluar la situación en terreno.
Además, se solicitó que se permita la entrada de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos a Venezuela, la cual tiene la responsabilidad de investigar abusos de derechos humanos y presentará su informe más reciente ante el Consejo en la próxima sesión, programada para el 19 de septiembre. La presencia de esa misión se considera fundamental para esclarecer hechos, evitar la impunidad y fortalecer la confianza internacional en los procesos de rendición de cuentas que deben seguirse en el país.