El sector de los asuntos públicos y el lobby ha vivido una notable transformación y crecimiento en España durante la última década, tanto en su base profesional como en los servicios de consultoría. Este informe inaugural del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada (ICGEA) ofrece un análisis comparativo sobre el desarrollo de este sector en España, contrastándolo con las tendencias observadas en Europa y Estados Unidos.
Identifica patrones de calidad y áreas de oportunidad que pueden aplicarse en el contexto español para promover un crecimiento sostenido y mayor. Se contextualiza la evolución hacia un rol corporativo cada vez más relevante, donde la interacción entre instituciones, autoridades, reguladores, administraciones y empresas no solo es necesaria, sino beneficiosa. Aporta conocimiento de sectores muy especializados, extiende la capilaridad de los instrumentos de ejecución de las políticas públicas y facilita la comprensión de su eficiencia y alcance respecto a los efectos propuestos y los realmente alcanzados, señala la entidad.
Se señala que el sector ha crecido de forma significativa ante la creciente complejidad de la legislación europea, estatal y de múltiples comunidades autónomas y administraciones locales, además de la necesidad de las empresas de interactuar eficazmente con el ecosistema político. En este marco, se observa un aumento interanual de la facturación del 25% en los últimos cinco años. Firmas destacadas como LLYC, Acento y Vinces superan los 25 millones de euros en ingresos, ampliando sus equipos y servicios.
Además, han emergido nuevas consultoras como Estrategos y BeBartlet, que se han unido a firmas clásicas como Nitid, Political Intelligence y Reti. Las agencias de comunicación siguen incorporando asuntos públicos a su oferta, como Kreab, Roman o Harmon. El valor actual del sector se sitúa entre 40 y 50 millones de euros, con expectativas de crecimiento significativo para 2030, sin incluir el bloque de consultoría pública de las grandes firmas de auditoría, especialmente las cuatro grandes.
Perfil del profesional
Las posiciones corporativas de asuntos públicos están ganando autonomía dentro de las empresas a través de equipos especializados, con presencia almost total en el Ibex-35 y en las filiales de grandes multinacionales asentadas en España. El número total de profesionales se sitúa entre 700 y 900 en la actualidad, con proyecciones de crecimiento hacia 5.000 profesionales en 2030.
Se advierte, no obstante, que el sector en España aún carece de formación cualificada suficiente para sostener el crecimiento esperado. Universidades como Deusto ofrecen un curso anual de ocho horas, Comillas un postgrado, la Universidad Católica de Ávila un máster online y la Autónoma de Madrid un programa de diez sesiones. Una fuente relevante de desarrollo profesional son los políticos y altos cargos de la Administración que, al finalizar sus periodos de servicio, aportan su conocimiento empírico al sector privado.
Compartiva internacional
El Instituto estima que la demanda de asuntos públicos podría duplicar los valores representativos en España a corto plazo, aunque aún existiría una brecha notable con Europa. En Reino Unido, Alemania y Francia se registran crecimientos robustos: en el Reino Unido, el sector generó más de 2.000 millones de euros el año pasado con más de 4.000 profesionales; en Bruselas, epicentro de los asuntos públicos en Europa, se estima que hay más de 10.000 profesionales directos.
Eurostat señala que el sector crece un 16% anual en la Unión Europea. A diferencia de España, estos países cuentan con una mayor penetración de tecnologías digitales en la consultoría de asuntos públicos, y la integración de herramientas analíticas avanzadas ha sido clave para el análisis de políticas y la toma de decisiones estratégicas.
En Estados Unidos, el sector está fuertemente desarrollado, con alrededor de 12.000 profesionales y un ingreso anual de 10.000 millones de dólares. El uso de tecnologías avanzadas ha sido fundamental para el éxito, destacando la incorporación de big data e inteligencia artificial en el análisis de políticas y la toma de decisiones estratégicas.
Recomendaciones
Frente a esta situación, se concluye que el sector de consultoría de asuntos públicos en España está bien posicionado para continuar creciendo. El modelo de registro de la Unión Europea se percibe como un caso de referencia internacional que podría ser replicado por la Administración española. La implantación de multinacionales especializadas en España y las colaboraciones con líderes en Bruselas o Washington podrían fortalecer la capacitación de los operadores en el país.
Asimismo se señala que España adolece de tecnología aplicada al sector y de programas educativos vinculados a asuntos públicos en comparación con Reino Unido y Estados Unidos; se espera que surjan proveedores que cubran estas necesidades y, en poco tiempo, permitan cerrar la brecha. Se estima que la economía española está preparada para duplicar el sector y alcanzar 5.000 profesionales y una facturación anual de 200 millones de euros para 2030.
La visión de un representante del Instituto señala que los asuntos públicos se vuelven cada vez más relevantes para la evolución política y empresarial, con una corresponsabilidad entre ambos lados que resulta beneficiosa para la sociedad, el estado y la economía.