A mediados de enero, varios votantes demócratas en New Hampshire, Estados Unidos, recibieron una llamada telefónica sospechosa. La voz que les habló no era la del presidente Joe Biden, sino un mensaje generado por inteligencia artificial que imitaba su voz. La escena, que parecía sacada de una novela de actualidad, puso en el centro del debate el poder demográfico de la IA y sus posibles usos para influir en procesos electorales.
Este jueves, un consultor político fue señalado como el responsable de suplantar a Biden y de intentar frenar la participación cívica. Su nombre es Steven Kramer, un hombre de 54 años que trabajaba como asesor del congresista demócrata Dean Phillips, quien representó a Minnesota y que enfrentó a Biden en las primarias mencionadas. Phillips y su equipo habían visto la retirada de la candidatura ocurrida en marzo.
Kramer enfrenta cargos por trece delitos graves de supresión del voto y trece delitos menores por suplantación de identidad de un candidato, según anunció el fiscal general de New Hampshire. Aunque la investigación continúa, la Comisión Federal de Comunicaciones propuso imponer multas que pueden sumar hasta seis millones de dólares a Kramer y otros dos millones a la empresa telefónica que transmitió esas llamadas.
La identidad de Kramer salió a la luz en febrero tras una investigación de NBC News. En esa ocasión, el consultor defendió haber realizado la serie de llamadas falsas como un acto de desobediencia civil destinado a llamar la atención sobre los riesgos políticos de la IA.
Dijo que su acción tenía como objetivo marcar una diferencia real. Según sus palabras, con 500 dólares podía conseguirse una atención mediática que se traduciría en acciones reguladoras o cambios noticiosos de peso. Poco después, Estados Unidos prohibió las llamadas automáticas generadas por IA, equiparándolas al spam comercial.
Kramer también defendió que el equipo político de Phillips no tenía conocimiento previo de las maniobras, y la oficina del representante se distanció de las acciones descritas. En el marco de las investigaciones, se han señalado elementos de tecnología de voz, verificación de identidad y límites legales para campañas electorales que ahora quedan en el foco de análisis público y judicial.
A medida que se desarrollan las pesquisas, el caso alimenta un debate más amplio sobre la responsabilidad de los actores políticos y las plataformas en el uso de herramientas de IA para campañas, así como sobre la necesidad de salvaguardias para proteger el voto y la integridad de los procesos electorales. En el análisis de expertos, la aparición de este tipo de tácticas ilustra hasta qué punto la IA puede alterar la percepción pública y generar confusión, especialmente cuando se intenta asociar mensajes a figuras públicas sin consentimiento.
La cobertura de medios y las autoridades coinciden en que se requieren medidas claras para evitar abusos que puedan afectar la confianza cívica. Las autoridades ya han puesto en marcha marcos normativos y procedimientos de verificación para identificar y contrarrestar engaños de este tipo. Los responsables de Phillips han reforzado que no tenían participación ni conocimiento de la operación, dejando claro su compromiso con la legalidad y la transparencia durante el proceso electoral.