Poco se sabe hasta ahora del concierto económico para Cataluña pactado entre el Gobierno y ERC para investir a Salvador Illa como president del Govern. Aunque la letra pequeña no se ha revelado, las fuentes republicanas sostienen que Cataluña saldría del régimen común del Sistema de Financiación Autonómica y gestionaría todos sus impuestos a largo plazo, comenzando por el IRPF en 2026. Este marco, si se concreta, marcaría un giro profundo en la distribución de recursos y en la relación entre comunidades autónomas dentro del Estado.
Pero el Consell no necesita conocer los detalles para extraer conclusiones preliminares: vería como se rompe la igualdad entre españoles y se agravan los problemas financieros de territorios como la Comunitat Valenciana, ya ya de por sí infrafinanciada, que perdería aportes al fondo común. En concreto, los primeros cálculos apuntan a que la llamada independencia fiscal de Cataluña podría dejar al Estado sin decenas de miles de millones de euros en el largo plazo.
El Ejecutivo valenciano ha convocado una rueda de prensa para valorar el pacto, en la que participaron las máximas autoridades en financiación autonómica: la consellera de Hacienda y el secretario autonómico. La portavoz ha expresado desconfianza hacia el acuerdo, que considera una ruptura de los principios de igualdad y solidaridad interterritorial, además de percibir un paso adicional hacia la independencia catalana. Lo describió como un giro de gran gravedad que podría ser bendecido por el líder nacional a cambio de apoyos políticos.
El Consell sostiene que, con los señalamientos de ERC sobre el alcance del pacto y el silencio del Ejecutivo central, Cataluña pasaría a gestionar, recaudar y liquidar sus impuestos, lo que representa un cupo de facto similar al que ya existe en otras comunidades. Esta posibilidad, a su juicio, perjudicaría a los valencianos al desviar fondos de la caja común de financiación y afectar servicios públicos. En cifras, Cataluña tendría control sobre cerca de 52.000 millones de euros que actualmente recauda en IRPF, IVA e impuestos especiales, negociando anualmente con la Moncloa el pago al Estado. El agujero para el sistema de reparto aparecía estimado en aproximadamente la mitad de esa cantidad, unos 26.000 millones de euros, según un análisis citado por instituciones de estudio regional.
La consellera ha afirmado que el Consell está convencido de que el pacto sería inconstitucional y ha adelantado que la Generalitat recurriría a los tribunales si se confirma un atentado contra los intereses de la Comunitat Valenciana y que podría suponer una puntilla para servicios públicos ya con recursos insuficientes del Estado. Estas declaraciones refuerzan la preocupación por el impacto presupuestario y la sostenibilidad de los servicios ante cambios en el modelo de financiación.
La Generalitat ya ha iniciado contactos con otras autonomías tras conocer el concierto fiscal, y según la consellera hay sintonía entre ellas, incluso cuando las orientaciones políticas difieren. Se recordó que la unidad frente a la singularidad catalana ya se evidenció en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todas las comunidades salvo Cataluña votaron en contra. En ese marco, la consellera señaló que la defensa de la cohesión fiscal sigue siendo un eje central para la Comunitat Valenciana.
La consellera ha llamado al PSOE a alzar la voz contra el acuerdo y ha puesto el foco sobre ciertos líderes regionales dentro de su propia coalición. Se cuestionó la postura de la federación valenciana ante una posible modificación de la estructura de financiación que afectaría directamente a los recursos para servicios y actuaciones públicas. Este debate revela la intensidad de las tensiones entre comunidades y los riesgos de pronto reacomodo de las cargas fiscales en el corto y medio plazo. La conversación política en torno a este tema subraya la relevancia de la distribución de ingresos y la solidaridad entre comunidades para mantener la calidad de los servicios públicos y la estabilidad presupuestaria a nivel nacional.
¿Dónde está Morant?
La Generalitat ha indicado que ha buscado alianzas con otras comunidades tras conocer el concierto fiscal y que, pese a las diferencias políticas, existe cierta sintonía cuando se trata de defender la cohesión territorial. Se recordó que, en el último foro de política fiscal, la oposición de varias comunidades frente a la propuesta catalana mostró el grado de acuerdo general en la protección de recursos para servicios públicos y equilibrio entre regiones. En ese sentido, la consellera remarcó la necesidad de mantener la unidad frente a medidas que puedan desestabilizar la financiación autonómica.
La dirigente ofreció críticas hacia el liderazgo provincial dentro de su propia coalición, destacando que ciertas posturas habían mostrado apoyo a la singularidad fiscal sin considerar las implicaciones para el conjunto del país. Estas declaraciones resaltan la complejidad de gestionar la solidaridad interregional cuando los tentáculos de la financiación se vuelven más cambiantes y difíciles de predecir. El debate continúa, con cada actor recordando que el objetivo final es garantizar servicios públicos adecuados para todos los ciudadanos, sin sacrificar la equidad ni la estabilidad fiscal.