El vicegobernador de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, acudió a las calles de Alicante por primera vez desde que asumió el cargo. Sin embargo, su visita no tuvo como objetivo inspeccionar instalaciones deportivas ni promover actividades culturales en la ciudad. Tampoco buscó impulsar la rehabilitación del Teatro Principal, que es copropiedad de la Generalitat, ni activar la designación de un nuevo director para el centro cultural, un puesto vacante desde hace casi cinco años, cuando Francesc Sanguino dejó el cargo para aspirar a la alcaldía en 2019. No fue eso lo que movió su presencia en la urbe.
Se rodeó de otros cargos de Vox, como la portavoz adjunta en las Cortes y vecina de Alicante, Ana Vega, junto a los cuatro concejales de la formación en el Ayuntamiento de Alicante, para reunirse con entidades sociales de la Zona Norte, área que concentra la mayor parte de los barrios más vulnerables de la ciudad. En plena reunión en el centro comunitario Juan XXIII, apareció inesperadamente el concejal de Seguridad, Julio Calero, del Partido Popular, lo que fue interpretado por los representantes de Vox como un indicio de que el alcalde, Luis Barcala, podría buscar frenar que Vox capitalice el descontento social existente en la zona.
Durante el encuentro con las entidades sociales se abordaron temas como la ocupación de viviendas, la inmigración irregular y la carencia de inversiones en barrios que se sienten completamente abandonados por las administraciones. También se reclamó mayor limpieza, más seguridad y mejoras en el transporte público. Al cierre de la cita, Barrera, ya frente a los micrófonos, reiteró mensajes propios de su partido, sin aportar datos concretos ni presentar propuestas específicas para afrontar, según él, los dos grandes retos de la Zona Norte: la inmigración irregular y la ocupación de viviendas. Indicó haber recibido cifras que superaban el 50%, calificándolas como una barbaridad, y explicó que la intención era empezar a abordar los problemas de ocupación e inmigración que afectan a esos barrios, dejando las soluciones en manos del Gobierno central. Sobre las competencias autonómicas, reconoció que faltan inversiones y que deben considerarse como prioridad ante el deterioro del entorno, aunque no se comprometió a medidas concretas. Solo afirmó que trasladaría las demandas de los vecinos a Mazón.
Estos, al ser consultados por los medios tras la reunión, expresaron su condena a la ocupación de viviendas y, al mismo tiempo, enfatizaron la necesidad de ampliar la oferta de alquiler social. Negaron que los barrios sean inseguros y pidieron a las administraciones inversiones para la mejora de la trama urbana, de los edificios y de las infraestructuras públicas.
Por último, desde la Subdelegación del Gobierno se pidió a Barrera no politizar un tema tan serio como la seguridad y se instó a trabajar en vivienda e infraestructuras educativas, dos prioridades en la zona. En ese sentido, subrayaron la importancia de un enfoque práctico y coordinado entre las administraciones para avanzar en soluciones tangibles que beneficien a las familias que residen en la Zona Norte de Alicante.