Un ataque armado contra un furgón policial en Eure, Francia, deja agentes fallecidos y un preso huido
Al menos dos agentes del Servicio Penitenciario de Francia han muerto durante un ataque armado dirigido contra un furgón policial que trasladaba a un preso en el departamento de Eure, en el norte del país. El incidente dejó tres agentes heridos de gravedad y provocó la fuga del recluso. Las fuerzas de seguridad trabajan para recuperar al detenido y esclarecer las circunstancias exactas del asalto.
El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas cuando un grupo de individuos armados interceptó el furgón mientras circulaba cerca de una zona de peaje. En el interior iba Mohamed Amra, un recluso de 30 años apodado “La Mosca”, quien es objeto de múltiples causas judiciales. Este traslado formaba parte de un proceso de regreso a la prisión tras una comparecencia ante un juez de instrucción por tentativa de homicidio, según informaciones recogidas por la cadena de televisión BFM TV. Amra ya tenía condenas anteriores por robos y afrontaba otros procesos pendientes.
Las autoridades aseguran que el asalto fue planificado y que los agresores consiguieron neutralizar a los guardias y evadir la escena con la fuga del preso. En la actualidad, los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad mantienen dispositivos de búsqueda en la zona para localizar a los responsables y restablecer la seguridad en la región. El ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, confirmó que dos de los tres heridos se encuentran en estado crítico y anunció su intención de viajar a Caen para apoyar a los equipos que trabajan en el lugar de los hechos. Asimismo, recordó que la última agresión con resultado mortal contra personal penitenciario en Francia data de 1992 y subrayó la necesidad de esclarecer las responsabilidades y reforzar la protección de las instalaciones penitenciarias.
El presidente Emmanuel Macron reaccionó a la noticia subrayando que el ataque es un “shock para todos” y afirmó que “todo está en marcha para hallar a los autores de este crimen y hacer justicia en nombre del pueblo francés”. En su cuenta en X, el mandatario añadió que “seremos inflexibles” y que la nación está al lado de las familias, de los heridos y de sus colegas. La declaración presidencial refleja la gravedad de la situación y la determinación de las autoridades para responder con firmeza ante este tipo de ataques.
También el primer ministro Gabriel Attal expresó sus condolencias durante una intervención en la Asamblea Nacional. En su discurso, destacó que los responsables de este “crimen abyecto” rendirán cuentas y pagarán por sus actos. Estas palabras se enmarcan en un marco de actuaciones rápidas y coordinadas entre los distintos organismos del Estado para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el sistema penitenciario y para reforzar los protocolos de traslado de reclusos, especialmente cuando están involucrados en procesos judiciales de alto perfil o de alto riesgo.
La Unión Federal Autónoma Penitenciaria UFAP declaró en un comunicado difundido en su sitio web que el reo fue trasladado para comparecer ante un tribunal en Caen y que, lamentablemente, varios agentes perdieron la vida durante el incidente. En su mensaje, la organización expresó sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos y subrayó la necesidad de proteger al personal penitenciario ante amenazas cada vez más violentas, pidiendo respuestas claras y medidas eficaces para evitar que escenarios como este se repitan.
Este suceso eleva la preocupación sobre la seguridad de las sedes penitenciarias y de los traslados de internos, una preocupación que ya se venía gestando por la frecuencia de incidentes de este tipo en distintas regiones. Las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de los trabajadores y con la investigación exhaustiva que permita identificar a todos los responsables y fortalecer los procedimientos de seguridad para el traslado de reclusos, especialmente quienes afrontan cargos graves o tienen antecedentes delictivos relevantes. Las investigaciones continúan bajo la coordinación de las autoridades judiciales y policiales, con un escrutinio público que refleja la relevancia de este episodio para la seguridad nacional y para la estabilidad de las instituciones penitenciarias.