A los dos procesos civiles abiertos en sendos juzgados de Primera Instancia de la capital se suma la tensión de la disputa por la finca ubicada en la avenida Costa Blanca, número 50, en Alicante, cuyo terreno ha estado sujeto a intervención mediante excavaciones. Esta situación ha desencadenado la apertura de una fase previa de naturaleza penal que acompaña a las contiendas administrativas y civiles ya en curso.
Gestipaulista S.L. y Juan Carlos B.T., esposo de la administradora y único socio de la sociedad que reclama la posesión de la finca, se enfrentan a la familia Boluda. Ambos plantearon la solicitud para celebrar un acto de conciliación como paso previo a la presentación de una querella contra siete miembros de la familia Boluda y su abogado, Alejandro Bas, por presuntas injurias y calumnias.
“Alusiones de índole peyorativo”
Entre las disputas sobre la posesión de este terreno, que se remontan a noviembre pasado, los demandados habrían utilizado expresiones que podrían considerarse despectivas respecto al supuesto origen ilícito del dinero utilizado para adquirir la propiedad. Se sostiene que estas palabras reflejan una actitud de menosprecio hacia las personas involucradas y afectan a su honra personal y profesional. Además, se citan fragmentos de la demanda principal que aluden a un posible “fraude registral”.
Como condición para no interponer la querella, los demandados habrían aceptado reconocer ciertos hechos como inciertos y, dentro de un plazo de cinco días contados desde el acto de conciliación, verse obligados a indemnizar a las partes: 60.000 euros a cada una de las partes, distribuidos entre Gestipaulista S.L. a través de su administradora y la otra parte en la suma correspondiente, alcanzando un total de 448.000 euros. El acto de conciliación está programado para el 19 de abril.
El conflicto se centra en una finca de 4.000 metros cuadrados ubicada en Cabo de la Huerta, cuyo dominio discuten los Boluda, que afirman ser propietarios y poseedores desde hace más de medio siglo, frente a Gestipaulista S.L., que sostiene haberla comprado.
Trabajos paralizados
Los trabajos de demolición que la empresa ha iniciado en dos ocasiones en la parcela están detenidos por orden judicial hasta que se resuelva el litigio. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número dos de Alicante considera que los demandantes, la familia Boluda, parecen respaldar su derecho por indicios razonables presentes en la documentación aportada, que sugieren probabilidad y verosimilitud en su situación sobre la finca.
Asimismo, se advierte que los actos de despojo y la destrucción de elementos arquitectónicos, respaldados por fotografías presentadas ante el juzgado, podrían hacer irreversible una sentencia favorable a la parte demandante si no se detienen a tiempo, representando un riesgo que podría complicar la ejecución futura de cualquier resolución judicial.
Posesión, no titularidad
Para justificar la necesidad de las medidas cautelares durante la resolución del fondo del asunto, la magistrada distingue entre el día 15 de diciembre, cuando se eliminaron prohibiciones anteriores, y el 18 de diciembre, periodo en que no se realizaron trabajos en la finca. A partir del día siguiente, martes 19, se reanudaron las actividades de demolición de la piscina, con la entrada de maquinaria al inmueble.
En cuanto a la posición de Gestipaulista S.L., se aporta la memoria y la licencia municipal que respaldan la legalidad de las actuaciones en el terreno. No obstante, la juez subraya que la cuestión principal no es la titularidad del inmueble, sino una petición de posesión, que es el núcleo del procedimiento en curso.