Retrasar la edad de jubilación aumenta el riesgo de fallecer entre los 60 y 69 años y, además, no resulta rentable para la sociedad en su conjunto. Este es el hallazgo de un informe difundido recientemente por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El documento argue que los ahorros fiscales derivados de posponer la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de pensiones no compensan la pérdida social asociada a la caída de la esperanza de vida, por lo que estas reformas no serían beneficiosas dentro del marco general del bienestar social.
Concretamente, los autores del informe concluyen que retrasar un año la edad de jubilación eleva en un 38% el riesgo de morir durante la década de los 60. Este riesgo se concentra especialmente en ocupaciones físicamente exigentes y en aquellas actividades con mayor carga emocional y mental. En cambio, es significativamente menor para quienes cuentan con mecanismos de jubilación parcial que permiten reducir las horas de trabajo a partir de cierta edad.
Experimento
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El informe publicado en los últimos días se apoya en un experimento surgido de una reforma de 1967 que endureció la opción de prejubilarse a partir de los 60, sin necesidad de esperar a los 65. Los datos de aquel experimento se han puesto a disposición de los investigadores, y los autores han ajustado sus aspectos para reflejar la realidad actual, incluida la evolución de la calidad de vida y la esperanza de vida.
Los números
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A partir de estos cálculos, los economistas estiman que la jubilación anticipada adelanta, en promedio, la muerte en 0,46 años. Eso se traduce en una pérdida social valorable en 8.564 euros, es decir, el individuo dejaría de contribuir a la sociedad a través de impuestos, consumo, ahorro e inversión.
En el lado opuesto se reconoce que la reforma genera una prolongación de la vida laboral que, en promedio, aporta al sistema de pensiones a través de cotizaciones y recaudos fiscales unos 1.925 euros. Además, por la mortalidad temprana, la Seguridad Social podría ahorrar alrededor de 3.228 euros por jubilado en pagos de pensiones. En conjunto, se calcula que la ganancia fiscal para la Seguridad Social sería de unos 5.200 euros gracias a la reforma, según estas estimaciones.
La conclusión
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Al comparar la cifra de 8.564 euros que representa la pérdida para la sociedad por una muerte prematura con los ahorros de 5.200 euros para la Seguridad Social, se concluye que retrasar la jubilación no resulta rentable. Se sostiene que los ahorros fiscales derivados de posponer la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de pensiones no compensan la pérdida social asociada a la menor esperanza de vida, lo que indica que la reforma no es económicamente beneficiosa en el marco más amplio del bienestar social.
Por ello, se propone que, ante la posibilidad de alargar las carreras laborales para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, cualquier decisión política tenga muy en cuenta el grado de exigencia física, emocional y mental de las ocupaciones a la hora de fijar edades mínimas y legales de jubilación, ya que esas edades no pueden ser iguales para todos. Además, se recomienda introducir mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a las personas ajustar sus horas de trabajo en las etapas finales de su trayectoria profesional.
La jubilación anticipada cae por debajo del 30%
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En España, la edad de jubilación se sitúa actualmente en 66 años y medio, con un avance progresivo hacia los 67 años para quienes han cotizado menos de 38 años. Si la cobertura de cotización supera ese umbral, la edad se reduce a 65 años. Entre otras metas, las reformas recientes buscan desincentivar la prejubilación y estimular la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de retiro. Estas políticas han reducido la prejubilación por debajo del 30% (en 2019 era 40%), mientras que quienes han retrasado su jubilación han aumentado de 4,8% en 2019 a 9,9% en la actualidad. En promedio, la edad efectiva de jubilación ha subido y ya supera los 65 años.
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Más recientemente, en julio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llegó a un acuerdo con empleadores y sindicatos para modificar el sistema de pensiones con el objetivo de alargar las carreras profesionales y facilitar una salida más gradual del mercado laboral.
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