Los vaivenes de la vida obligan a muchos a buscar empleo por diferentes motivos. La falta de experiencia, la alta competencia o cualquier circunstancia similar pueden dejar a alguien en el desempleo y registrado en SEPE, con ciertas obligaciones que atender. En estas situaciones, cumplir con las responsabilidades ante el Servicio Público de Empleo Estatal es clave para evitar complicaciones.
Por ello, cuando no se cumplen los compromisos asumidos ante SEPE, puede aparecer una sanción y, en los casos más graves, la interrupción o pérdida de la prestación económica que se esté recibiendo.
Entre las obligaciones básicas se encuentran sellar la cartilla del paro, buscar activamente trabajo y estar atento a los cursos que ofrece SEPE que puedan favorecer la empleabilidad. En estas líneas se abordará, principalmente, la búsqueda de empleo activa.
Cuando alguien está apuntado en SEPE, se espera demostrar interés en encontrar un empleo adecuado a sus capacidades y dejar de formar parte de la población inactiva. Por ello, uno de los compromisos con SEPE es aceptar colocaciones adecuadas y participar en acciones que incrementen las posibilidades de colocación, entre las cuales se incluye la formación profesional.
Rechazar una oferta de trabajo
El problema surge cuando llega una oferta laboral que se ajusta a la profesión del beneficiario y, sin una razón válida para ello, se rechaza la propuesta. Este comportamiento se considera una infracción grave para las personas beneficiarias y solicitantes de prestaciones.
Como consecuencia, pueden aparecer distintas sanciones:
- Pérdida de la prestación durante tres meses en la primera infracción.
- Pérdida de la prestación durante seis meses en la segunda infracción.
- Extinción de la prestación si se repite por tercera vez.
Es relevante que la oferta de trabajo se ajuste a las condiciones del beneficiario para que la sanción tenga sentido y sea razonable.
- El puesto debe guardar relación con el perfil laboral del interesado.
- Debe corresponder a sus habilidades y capacidades.
- Debe estar vinculado a la última profesión desempeñada por la persona beneficiaria.
- El salario debe equipararse o superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
- La ubicación del puesto debe quedar a una distancia razonable, por ejemplo dentro de un radio de 30 kilómetros desde la residencia habitual del beneficiario.
Si no se cumplen alguno de estos requisitos, es necesario justificar la negativa. De no hacerlo, el proceso sancionador podría resultar en la pérdida de la prestación que se recibe del estado.