La Guardia Civil detalla inspecciones y sanciones por uso de gasóleo tipo B en Marina Alta y Marina Baixa

La Guardia Civil ha llevado a cabo más de 190 inspecciones para detectar el uso de gasóleo del tipo B, descubriendo su utilización por parte de 23 empresas que realizaban trabajos en la Marina Alta y la Marina Baixa. Las muestras obtenidas junto con las actas administrativas han sido remitidas a la Oficina Gestora de Aduanas e Impuestos Especiales, dependiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. La sanción total de las infracciones detectadas podría alcanzar los 150.000 euros. Este operativo forma parte de una campaña continua de control de combustibles dirigida a evitar fraudes fiscales y a garantizar que se cumplan las normativas vigentes para el uso de combustibles no sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos. Las autoridades mantienen el compromiso de llevar a cabo investigaciones exhaustivas para identificar irregularidades en el consumo de diésel y prevenir daños económicos al erario público. En este tipo de fraudes, las consecuencias pueden extenderse no solo a las empresas involucradas, sino también a la economía local y a la competencia leal entre operadores de la zona, por lo que las fuerzas de seguridad y la administración tributaria subrayan la importancia de la transparencia y del cumplimiento normativo. El control riguroso de combustibles busca, además, disuadir a otros actores que podrían verse tentados a recurrir a prácticas ilícitas y a reforzar la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos. Este procedimiento coincide con una serie de inspecciones que la Guardia Civil mantiene en marcha para vigilar la procedencia y la utilización de combustibles dentro de actividades industriales y de transporte, con especial énfasis en aquellos combustibles que no están gravados por el Impuesto Especial de Hidrocarburos. La colaboración entre las distintas unidades de la defensa del patrimonio fiscal es clave para identificar irregularidades con rapidez, analizar muestras y documentar cada actuación para sustentar posibles sanciones o medidas administrativas. En las actas y registros asociados se detallan las circunstancias de cada intervención, incluyendo la localización de los vehículos inspeccionados y la identi‑ficación de las personas jurídicas involucradas, lo que facilita un seguimiento claro y trazable de las actuaciones. Las investigaciones señalan que el control se extendió a múltiples vehículos estacionados en zonas de las dos campañas costeras, y las verificaciones de la coloración y características del combustible sirvieron como primer indicio para abrir la muestra y avanzar hacia un análisis más riguroso. El proceso de verificación consiste en extraer muestras de gasóleo de los depósitos, observar a simple vista la apariencia del combustible, y, ante cualquier irregularidad, proceder al muestreo formal en envases precintados y debidamente marcados. Estas muestras se envían luego a la oficina correspondiente para su análisis, junto con el acta de denuncia, como parte de un procedimiento administrativo exhaustivo que garantiza la trazabilidad y la adecuado procedimiento sancionatorio. En total, la inspección logró identificar a 23 personas jurídicas infractoras, asociadas a distintas empresas con sedes en Alicante, Albacete, Valencia y Murcia, lo que refleja un entramado empresarial diverso y extendido que operaba en la geografía regional. Las sanciones por el uso de este tipo de combustible, que no está sujeto al Impuesto Especial de Hidrocarburos, según la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, se ajustan a las características técnicas del vehículo utilizado y pueden llegar a cuotas elevadas. En este caso específico, el monto máximo observado para todos los infractores suma 150.000 euros, con topes que pueden alcanzar los 12.000 euros por infracción individual según las circunstancias, como el tipo de maquinaria o la intensidad de uso reportada. Todo ello subraya la necesidad de una vigilancia meticulosa y de procesos de verificación rigurosos para salvaguardar el marco tributario y evitar pérdidas para la hacienda pública. La coordinación entre unidades de inspección y el cuerpo fiscal se mantiene como una pieza clave de la Estrategia de Control de Combustibles, asegurando que cualquier desviación sea detectada y documentada con la debida solvencia legal para futuras actuaciones administrativas o judiciales. Este conjunto de actuaciones refuerza la idea de que el cumplimiento normativo y la integridad de los mercados no admiten atajos cuando se trata de recursos tan sensibles para la economía y para la convivencia de las comunidades locales que dependen de la actividad portuaria y logística de la región.