Mientras el sector privado discute cómo reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, el sector público avanza a un ritmo propio, intentando ir un paso más allá y disminuir el tiempo de trabajo de los funcionarios a 35 horas semanales. Aunque ya hay experiencias puntuales en administraciones que aplican esta medida entre su personal, como algunos ayuntamientos que ya la implementan o comunidades como Euskadi o Andalucía, los sindicatos presionan ahora para generalizar esas 35 horas en la Generalitat. [Fuente: observadores sindicales y medios regionales].
El Govern, que en el proyecto de presupuestos para 2024 prevé superar los 290.000 empleados en nómina, ya ha estimado cuánto costaría reducir la jornada para técnicos, docentes y sanitarios: 531 millones de euros anuales, según la conselleria de Presidència. [Fuente: Conselleria de Presidència].
En octubre de 2022, el Gobierno acordó con CCOO y UGT un paquete amplio para reformar las condiciones laborales de los empleados públicos. Entre los puntos figuran una senda de incrementos salariales hasta 2024 y la reducción de la jornada a 35 horas semanales. En la actualidad, las instituciones públicas ya tienen esa competencia, aunque depende de la voluntad de cada administración; lo habitual es que los empleados públicos—incluida la administración y las empresas públicas—trabajen 37,5 horas. [Fuente: actas del acuerdo 2022].
De momento, solo parte de los servicios autonómicos han reducido sus jornadas a esas 35 horas, y Catalunya no se encuentra entre ellas. El mapa autonómico refleja una división casi mitad y mitad: Euskadi, Andalucía y Valencia ya han adoptado la medida, mientras Murcia, Aragón o Baleares aún están en 37,5 horas. Catalunya se sitúa más cerca de Madrid. [Fuente: recopilación de CCOO para EL PERIÓDICO].
Durante este 2024 está previsto que los empleados públicos de la Administración General del Estado cierren un acuerdo marco para rebajar la jornada a 35 horas. Este compromiso fue señalado por autoridades y sindicatos representativos en encuentros recientes. El acuerdo podría arrastrar a múltiples municipios pequeños, que, por su tamaño, se verán influenciados por lo pactado a nivel nacional, mientras que los grandes municipios negociarán según sus circunstancias. [Fuente: declaraciones de ministros y sindicatos].
Cuestión de presupuestos
La Generalitat de Catalunya, por ahora, está evitando comprometerse de forma definitiva. Un factor clave es el desembolso económico significativo que implica. Para ilustrar, los 531 millones de euros anuales equivalen prácticamente al presupuesto que este año se destinó al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). [Fuente: informes presupuestarios y autoridades regionales].
La operación conlleva costos y riesgos: una percepción de que la calidad del servicio empeora podría generar costes políticos para el partido gobernante, especialmente con las elecciones en Catalunya a la vista. Además, esos recursos deben salir de algún lado, lo que podría afectar otras políticas públicas. [Fuente: análisis de impacto presupuestario].
Otro motivo de la ralentización es la obligación legal de reducir la temporalidad en la administración. La Dirección de Funció Pública se centra en completar los procesos de estabilización iniciados hace año y medio, con el objetivo de disminuir el elevado número de interinos y rebajar la temporalidad a cerca del 8%, cuando al inicio de la legislatura rondaba el 30%. [Fuente: Dirección de Funció Pública y observadores].
Estos procesos de estabilización extraordinarios deben concluir este 2024, y la Generalitat teme que rebajar la jornada de sus funcionarios afecte las estadísticas. Transitoriamente, para incorporar más personal que compense trabajar menos, podría recurrir a eventuales. [Fuente: previsiones de recursos humanos y sindicatos].
Por ahora, lo poco que la Generalitat ha comunicado a los sindicatos es un cálculo aproximado de cuánto costaría reforzar las plantillas para poder asumir esa reducción de jornada: unos 530 millones de euros anuales, según el Govern y diversas fuentes sindicales consultadas. [Fuente: conversaciones con la Generalitat y sindicatos].
No obstante, desde Presidència también señalan que esa cifra corresponde al costo actual y que podría aumentar conforme suban los salarios y se amplíen las plantillas. Voces de la oposición cuestionan el cálculo, considerándolo excesivamente optimista. El problema para los intereses de los empleados públicos es que no se ha incorporado ninguna partida específica en los nuevos presupuestos, aún pendientes de las mayorías necesarias para su aprobación. [Fuente: declaraciones de oposición y análisis presupuestario].