A partir de esta semana, las personas que permanezcan en situación de paro y se registren en cualquier oficina pública de empleo tendrán derecho a recibir un itinerario de inserción laboral personalizado en un plazo máximo de 30 días. El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros el reglamento que despliega la nueva ley de empleo y establece un conjunto de derechos básicos garantizados para todo desempleado, sin importar la comunidad autónoma en la que resida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo explicó durante la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, subrayando que, al igual que en sanidad, se fija una cartera común de servicios.
Uno de estos derechos es precisamente ese itinerario de inserción, donde un tutor de referencia, comparable a un médico de cabecera del trabajo, realizará un primer diagnóstico en el plazo de un mes. En ese informe se describirá un retrato detallado del perfil profesional, destacando fortalezas y debilidades, y se indicarán las actividades formativas prioritarias para mejorar la empleabilidad. También se señalarán los sectores con mayores probabilidades de encontrar un empleo similar al anterior y se contemplarán alternativas ante la necesidad de reciclarse hacia otros perfiles.
La nueva cartera común busca homogeneizar la oferta mínima que las comunidades autónomas, encargadas de la mayor parte de las políticas activas de empleo, proporcionan a sus ciudadanos. Sobre esa base, cada región puede ampliar la oferta según su presupuesto, pero la base no se debe reducir. En Cataluña, por ejemplo, el organismo gestor de este servicio es el Servei d’Ocupació de Catalunya, conocido como SOC. En paralelo, existe la ventanilla del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, que gestiona las prestaciones por desempleo y depende directamente del Ministerio de Trabajo, mientras que otras ventanillas atienden a quienes buscan asesoría para encontrar un nuevo empleo.
Otra novedad del reglamento es la creación de un expediente único. Del mismo modo que, cuando un ciudadano visita al médico, tiene acceso a su historial, ahora el técnico de inserción que atiende a un desempleado podrá ver qué trabajos ha desempeñado y qué formaciones ha recibido. Esto resulta especialmente relevante para aquellas personas que cambian de residencia, ya que no será necesario vuelva a explicar toda la trayectoria laboral al nuevo tutor de referencia. En algunos servicios de empleo, como el SOC, ya se está implementando esta medida.
Con la nueva normativa se prescinde de la obligatoriedad de publicar ofertas de empleo en una ventanilla única para todos. El texto definitivo, que se espera sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, ha reducido algunas aspiraciones iniciales del Ministerio de Trabajo. En noviembre de 2021 se planteó la idea de crear un portal estatal similar a Infojobs, donde las empresas estarían obligadas a anunciar sus ofertas. En la versión aprobada, solo las compañías que se registren previamente como colaboradoras de los servicios públicos de empleo deberán hacerlo.
Asimismo, la obligación de que los servicios públicos de empleo proporcionen a cada persona en paro al menos una oferta de trabajo adecuada a su perfil en un plazo de un año ha quedado fuera del reglamento. Esta decisión modifica el alcance de las responsabilidades a nivel nacional y regional, dejando la forma y el alcance de la oferta laboral en manos de la gestión de cada comunidad.
Sin registro obligatorio de ofertas