La OCDE respalda la reforma laboral de 2021 en España que limitó estrictamente el uso de contratos temporales y recomienda ir más lejos por ese camino y promover más la transición a contratos indefinidos regulares.
En un informe dedicado a las formas de corregir los serios problemas de productividad que arrastra la economía española desde hace décadas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también propone dar más facilidades para que los trabajadores puedan rescindir sus contratos de mutuo acuerdo sin perder el derecho al paro o a los servicios del desempleo.
Se trata de corregir algo que distingue a España de muchos otros países miembros, y es que al no tener derecho al paro o a esos servicios, están menos dispuestos a rescindir voluntariamente sus contratos y en paralelo aumenta el coste de despido para las empresas.
Sobre el tipo de contratos, los expertos que han elaborado el estudio se felicitan de que la reforma de 2021 haya “restringido considerablemente el uso de contratos de duración determinada”, para los que había una “dependencia excesiva”.
Si España era todavía en 2021 con un 20% el segundo país de la OCDE (sólo por detrás de Corea del Sur) donde más pesaban los contratos temporales, en el primer trimestre de 2023 el porcentaje había bajado al 15%.
El peso de los fijos discontinuos se ha duplicado
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Alrededor de una quinta parte del aumento del empleo indefinido se ha debido al mayor uso de los contratos fijos discontinuos, que pasaron de ser un 2,7 % del total en el primer trimestre de 2021 al 5,3 % en el cuarto trimestre de 2022.
La OCDE reconoce que el formato de los fijos discontinuos ofrece más estabilidad laboral que el de los temporales, “pero no necesariamente más seguridad de ingresos”, que varía en función del periodo de actividad y de la temporada. De ahí su recomendación para ir más lejos con los contratos indefinidos regulares.
El punto de partida del informe es que desde mediados de la década de los 90 el crecimiento de la productividad en España ha sido muy mediocre, si se compara con la media de la OCDE. En los últimos años del 0,5 % de media anual, frente al 1,2 % en la OCDE.
El problema es que los salarios no sólo han seguido esa misma senda de una menor progresión, sino que su evolución ha sido incluso peor, en parte por una pérdida del poder de negociación de los trabajadores o por otros efectos como la creciente concentración de ganancias de productividad en las empresas intensivas en capital.
Una baja eficiencia y una baja inversión
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Detrás de esas malas cifras de la productividad están sobre todo una menor eficiencia en la adopción de tecnologías de producción y prácticas de gestión avanzadas por las dificultades de las empresas y de los trabajadores para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la globalización.
También a una caída de la inversión, especialmente acusada por la burbuja inmobiliaria a comienzos de los años 2000, que absorbió mucho dinero, así como por la exposición de los bancos al ladrillo.
Los autores del estudio insisten en que para reactivar la progresión de la productividad hay que “corregir los persistentes desequilibrios de cualificación que limitan la adopción de nuevas tecnologías”, transferir recursos de las empresas menos productivas a las más productivas y abordar las disparidades entre comunidades autónomas en este asunto.
Eso pasa por atacar el abandono escolar temprano, ya que en España un 13% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado los estudios sin haber superado el primer ciclo de secundaria, frente a una media del 9% en la OCDE.
Igualmente por establecer vínculos más estrechos entre el sistema educativo y el mundo laboral, dirigir más estudiantes a la Formación Profesional (FP) y promover el aprendizaje durante toda la vida laboral (formación de adultos) para adaptar la mano de obra a las necesidades cambiantes del mercado laboral.
Flexibilidad y negociación
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Además, el organismo con sede en París considera que el Gobierno español debe aprovechar la fuerte implicación de los interlocutores sociales en la regulación del tiempo de trabajo para promover la “experimentación política” de una reducción de la jornada laboral, en la medida en que pudiera mejorar el bienestar y la productividad. Subraya que la flexibilidad del sistema español y la negociación colectiva se prestan a esa experimentación.
Los autores reconocen que “solo hay pruebas limitadas sobre el impacto de una reducción de la semana laboral en la productividad” y que de cara al futuro es clave determinar que un recorte puede generar una mejora suficientemente grande en esa productividad para compensar a los empresarios por el aumento del coste laboral por hora o a los trabajadores por la pérdida de ingresos.
También se trata de evaluar en qué medida los efectos en la productividad dependen de la forma en que se organiza una jornada laboral más corta (con horarios de trabajo más comprimidos durante menos días o menos horas al día) y de la actividad económica de la empresa.
La organización constata que en España, como en otros países, cobra fuerza el debate sobre esa cuestión, en particular sobre la posible introducción de una semana laboral de cuatro días, para mejorar el bienestar y la productividad.
Reducir la jornada sin que disminuya el empleo
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Subraya que hay “pruebas claras” de que las jornadas laborales “muy largas” aumentan los riesgos para la salud y reducen la satisfacción y la productividad por hora trabajada.
También, por las reformas que se han llevado a cabo en algunos países de la Unión Europea, que reducir la semana laboral normal puede aumentar los salarios y la productividad “con escaso o ningún efecto sobre el empleo”.
Los expertos que han elaborado el estudio, que han evaluado el impacto de la reforma del salario mínimo de 2019, destacan que condujo a un aumento de los ingresos mensuales de una media del 5,8 %, mientras que sólo redujo el empleo en un 0,6 %, es decir unos 7.000 puestos de trabajo.
“En resumen -concluyen- la subida del salario mínimo de 2019 tuvo un efecto positivo en los salarios de los trabajadores con salarios bajos, sin causar pérdidas sustanciales de empleo“.
España partía de bastante abajo, ya que en 2018 el salario mínimo representaba el 45 % del salario bruto, lo que lo hacía en términos relativos el octavo más reducido de la OCDE.
Una vez hecha la reforma, con un ascenso de una tacada del 22 %, que benefició al 7-8 % de los trabajadores por cuenta ajena, en 2022 era el 58 %, con lo que España había ascendido hasta la posición 20. Como está previsto que continúe subiendo hasta el 60 %, eso le hará escalar seis puestos más.
Críticas a la reforma de 2012
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En el informe se hace una crítica sin tapujos de la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy que pretendía una descentralización de la negociación colectiva al nivel de la empresa para dar mayor flexibilidad y atacar el problema del desempleo masivo.
La OCDE duda de que en la práctica supusiera una mayor negociación a nivel de la empresa “posiblemente debido a la falta de representación de los trabajadores en las empresas más pequeñas”.
Además, señala que “se teme que haya socavado la posición de los sindicatos a nivel sectorial, y que haya contribuido a desvincular el crecimiento salarial del crecimiento de la productividad”.
Por eso, el conocido como el “club de los países desarrollados” sugiere que en España “se podrían hacer más esfuerzos para promover la representación de los trabajadores en el lugar de trabajo, especialmente en las empresas más pequeñas, como se ha hecho por ejemplo en Italia”.
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Y al mismo tiempo estima que hay que seguir implicando a los interlocutores sociales a nivel nacional en los acuerdos salariales entre sectores. EFE
Source: Informacion
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