En las últimas semanas está siendo noticia la política de recortes que viene aplicando la Unión Europea (UE) a la pesca de arrastre del Mediterráneo, que pese al apaño de última hora que le permitirá seguir operando este año, se encuentra en grave peligro de muerte por un acoso normativo que ha dejado a las embarcaciones sin apenas margen de rentabilidad. Una cuestión nada menor, teniendo en cuenta que lo que está en juego no es solo el futuro de un sector económico de notable importancia, sino también el de una actividad milenaria con profundas raíces tanto sociales como culturales.
[–>[–>[–>[–>La pesca del Mediterráneo es un sector que, en el caso de España, genera 17.000 puestos de trabajo y un negocio anual de 1.300 millones de euros. Unas cifras nada desdeñables, que ahora mismo se encuentran amenazadas por los recortes que se vienen aplicando desde Bruselas sobre el arrastre, arte pesquero que, por su volumen, sostiene todas las estructuras, desde las cofradías hasta las propias lonjas. Está compuesto por 556 embarcaciones repartidas por los puertos de Cataluña, Murcia, Andalucía, Baleares y la Comunidad Valenciana, y se da la circunstancia de que la mayor flota, integrada por 116 barcos, se sitúa precisamente en la provincia de Alicante, que es el territorio en el que las restricciones están teniendo un mayor impacto.
[–>Fue hace cinco años cuando las autoridades comunitarias empezaron con los recortes, justificándolos con la notable presión que vienen soportando las aguas del Mediterráneo y los consiguientes efectos negativos sobre la fauna marina. Así, y de forma paulatina, las embarcaciones han pasado de faenar 240 días al año a solo 133 en el último ejercicio. Un drástico tijeretazo que ya había dejado sin apenas margen de viabilidad económica al sector. Sin embargo, y siendo ya grave esta situación, la propuesta planteada para el año actual, que implicaba solo 27 días de trabajo, ya habría supuesto la sentencia de muerte definitiva.
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Con todo, las maniobras realizadas por los gobiernos de España, Francia e Italia, sumadas a las movilizaciones protagonizadas por los propios pescadores, permitirán mantener los 133 días de trabajo a cambio de que los barcos sustituyan sus actuales redes por otras más amplias, lo que, eso sí, implicará una reducción de entre un 5 % y un 30 % de las capturas. Un apaño de última hora que se ha intentado vender como una gran victoria, pero que no despeja para nada la incertidumbre de cara al futuro, toda vez que no hay compromiso alguno por parte de la UE de que no vaya a aplicar nuevas restricciones el próximo año.
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Así que el sector se encuentra en estos momentos caminando sobre el alambre, por culpa de unas decisiones que se toman en Bruselas, a 1.440 kilómetros de los puertos alicantinos, y que demuestran un claro desconocimiento de lo que es esta actividad y lo que representa. Y es que se afirma que las medidas se adoptan con la finalidad de recuperar las especies marinas, pero resulta que los datos en los que se basan están por actualizar, sin que se haya analizado si los recortes en los días de trabajo de los últimos años y las vedas llevadas a cabo por los pescadores han tenido o no efectos positivos.
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Las restricciones, por otro lado, son aprobadas por unos países, los del centro y el norte de Europa, a los que lo que pueda suceder con el Mediterráneo les importa más bien poco, de manera que se imponen criterios que muchas veces responden a intereses puramente comerciales, siendo utilizados los pescadores del sur como moneda de cambio para favorecer a los del norte.
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La UE, asimismo, gestiona el Mediterráneo como si se tratase de un mar de propiedad exclusiva, cuando resulta que también los países del norte de África faenan en estas aguas. ¿Cómo es posible que se impongan limitaciones a los pescadores propios sin que antes se alcancen acuerdos en el mismo sentido con Argelia o Túnez, por poner solo dos ejemplos, que en los últimos ocho años han cuadriplicado su flota? El pescado que se deje de capturar en aguas europeas llegará a nuestros mercados procedente de las costas africanas, con lo que no se habrán conseguido los efectos positivos que en teoría se persiguen. Algo muy parecido a lo que sucede con la agricultura, dado que no se exigen las mismas normas a los productos importados que a los que se producen en territorio comunitario, en lo que acaba convirtiéndose en un claro ejercicio de competencia desleal.
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De hecho, sorprende la extrema implacabilidad de Bruselas con el sector primario, en este caso pescadores y agricultores, frente a la laxitud que en ocasiones muestra con industrias más poderosas, como puede ser la del automóvil o la de la energía, a la hora de aplicar medidas como la reducción de emisiones a la atmósfera.
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Las restricciones, igualmente, se adoptan sin que vayan acompañadas de ayudas compensatorias adecuadas, toda vez que no llegan a cubrir las pérdidas del sector y se cobran con mucho retraso. Todo ello sin tener en cuenta la situación de los trabajadores, que agotan sus prestaciones por desempleo con las paradas de la flota, propiciando, además, que haya serios problemas para encontrar mano de obra.
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Llegados a este punto, y una vez enumeradas las dudas que arrojan las políticas comunitarias, también sería justo mirarnos el ombligo y analizar hasta qué punto es sostenible una actividad pesquera que cada vez tiene que suministrar más producto a unos restaurantes que también atienden a un mayor número de turistas. Y es que en el equilibrio suele estar la virtud.
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Source: Informacion
Dolores Johnson is a voice of reason at “Social Bites”. As an opinion writer, she provides her readers with insightful commentary on the most pressing issues of the day. With her well-informed perspectives and clear writing style, Dolores helps readers navigate the complex world of news and politics, providing a balanced and thoughtful view on the most important topics of the moment.