If this time passes, it is the law that allows the Treasury to remain in your account

Abrir una cuenta bancaria es un acto cotidiano, una herramienta fundamental para gestionar nuestras finanzas personales, canalizar ahorros o planificar el futuro patrimonial. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y no es infrecuente que algunas de estas cuentas caigan en el olvido. Ya sea por un simple descuido, el fallecimiento del titular sin que sus herederos tengan constancia, o simplemente por dejar de utilizarla activamente, una cuenta puede permanecer inmóvil durante años, acumulando polvo digital en los registros de la entidad financiera. Lo que muchos desconocen es que esta inacción prolongada puede tener una consecuencia drástica: la pérdida total de los fondos a favor del Estado español, un mecanismo legalmente establecido que permite a la Administración Pública hacerse con el control de estos saldos considerados abandonados.

Lejos de ser una medida arbitraria o una simple penalización, esta posibilidad se encuentra rigurosamente regulada. No se trata de una sanción como las que Hacienda puede aplicar por operaciones en efectivo sospechosas o transferencias no declaradas, sino de una disposición específica contemplada en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Esta normativa, que rige la gestión de los bienes y derechos del sector público, dedica su artículo 18 a los “Saldos y depósitos abandonados”, estableciendo las condiciones bajo las cuales el dinero depositado en entidades financieras puede pasar a formar parte del patrimonio estatal. La clave reside en un prolongado periodo de inactividad imputable al titular de los fondos.

El umbral de los 20 años: la inactividad que activa la reclamación estatal

El criterio temporal que marca la diferencia es claro y contundente: veinte años. Según lo estipulado en el mencionado artículo 18 de la Ley 33/2003, si los saldos de una cuenta corriente, una libreta de ahorro, un depósito a plazo fijo o cualquier otro bien mueble depositado en una entidad financiera (incluyendo bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, sociedades o agencias de valores) no han experimentado ninguna gestión por parte de sus titulares durante un periodo ininterrumpido de dos décadas, la Administración General del Estado adquiere el derecho a reclamarlos como propios.

Es crucial entender qué significa exactamente “ninguna gestión”. La ley especifica que debe tratarse de una falta de acciones por parte del titular que impliquen el “ejercicio de su derecho de propiedad” sobre dichos fondos. Esto quiere decir que no basta con que la cuenta genere intereses de forma automática o reciba comunicaciones genéricas del banco. Para que la cuenta se considere “activa” y se interrumpa el cómputo de los 20 años, el titular (o sus representantes legales o herederos) debe realizar alguna operación voluntaria: un ingreso, una retirada de efectivo, una transferencia ordenada, la actualización de datos personales, la contratación de un nuevo producto vinculado, o cualquier otra gestión que demuestre de manera inequívoca que sigue teniendo conocimiento y control sobre ese dinero. La simple pasividad durante veinte años se interpreta legalmente como un abandono de facto.

El proceso de declaración y el destino final de los fondos

La transferencia de estos fondos al Estado no es automática ni secreta. La propia Ley 33/2003 establece un procedimiento que involucra a las entidades financieras. Estas tienen la obligación legal de identificar aquellas cuentas y depósitos que cumplen el requisito de los 20 años de inactividad por parte del titular. Una vez identificados, deben comunicarlo preceptivamente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, siguiendo las directrices que este departamento establezca. Además, esta situación debe quedar reflejada en los informes de auditoría de las entidades, dejando constancia formal de la existencia de saldos que no han registrado movimiento alguno atribuible al dueño en dos décadas.

Una vez que el dinero pasa a manos de la Administración General del Estado, surge la pregunta sobre su destino. Contrario a lo que podría pensarse, estos fondos no se diluyen en el presupuesto general para cubrir gastos corrientes. La ley les asigna un fin social muy específico y loable: deben destinarse íntegramente a financiar programas dirigidos a la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad y a políticas de fomento de la accesibilidad universal en entornos, productos, servicios y procesos. La gestión de estos bienes recuperados corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado, organismo que tiene la facultad de administrarlos, conservarlos o incluso venderlos (enajenarlos) si fuera necesario, siempre con el objetivo de materializar ese fin social establecido por la normativa. Por tanto, aunque la pérdida de los ahorros olvidados pueda suponer un disgusto para posibles herederos desconocedores, la ley asegura que ese capital revierta en un beneficio tangible para colectivos vulnerables de la sociedad. La mejor forma de evitar esta situación, por supuesto, es mantener un mínimo control y realizar alguna gestión periódica, por pequeña que sea, sobre todas nuestras cuentas bancarias.