La decisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de levantar las barreras de la AP-7 de Alicante durante tres meses como experiencia piloto tuvo la consecuencia de dejar en el aire el trabajo de 31 personas. Los peajistas afectados por la medida han iniciado esta semana las negociaciones con Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa). La empresa pública que se encarga de la gestión de las autopistas ha entregado la documentación inicial en la que se apuntan a una regulación temporal de empleo por «causas organizativas y productivas».
La mesa de negociación se constituyó la semana pasada y en ella estarán UGT y CCOO que son las organizaciones con representación sindical en la empresa. Fuentes sindicales han explicado que se está procediendo al análisis de la documentación que se ha entregado para empezar a negociar las condiciones, pendiente de fijar los términos.
En la actualidad, los empleados están en suspensión temporal de sus puestos hasta final de mes, pues se les concedió «15 días retribuidos o hasta que se cierre una negociación». «Nos indicaron que se iba a buscar la mejor solución para los trabajadores, pero dudamos de estas intenciones por todo lo que ha sucedido». Junto a los 31 trabajadores – 24 peajistas, 4 de primera, dos coordinadores y una administrativa – están afectados otras diez personas procedentes de las empresas de empleo temporal.
Desde CCOO han reiterado las denuncias respecto a las formas que se han utilizado desde el principio. En esta última semana, además, han visto como Seittsa ha cambiado cerraduras y ha impedido que los trabajadores pudieran acceder a sus efectos personales, según han indicado. No obstante, la mayor preocupación sigue siendo la situación de espera en la que quedan, pues la medida afecta a los tres meses que dura la prueba.
La incertidumbre, pues, permanece a pesar de los diez días que han pasado; aunque los trabajadores consideran que el ERTE saldrá adelante. Más allá de este tiempo lo que preocupa es lo que sucederá después, pues hasta el propio ministro anunció que se analizarían los resultados.
Traspaso de tráfico
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Los sindicatos avanzan que las causas lógicamente no podrían ser económicas, porque la AP-7 alicantina estaba dando beneficios. La clave, para ambas partes, es que económicamente suponía un ingreso de algo más de 1,5 millones de euros. Para Transportes, esos ingresos eran menores atendiendo a la gravedad que presenta la circunvalación alicantina y la necesidad de trasvasar tráfico a este segundo cinturón viario.
Para los trabajadores, la cantidad era menor, porque desde el principio se estaba a la espera de la instalación del peajes en San Vicente del Raspeig; ya que, según detallan, el pago del 1,74 euros solo se producían si se efectuaba la entrada desde Monforte del Cid.La propuesta del ministerio tiene como objetivo descongestionar una carretera saturada que llega a registrar picos de 95.000 vehículos diarios.
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La gratuidad será hasta el 15 de octubre, ya que desde el Gobierno central se quería medir tanto el tráfico de verano que es el más alto, como el regular en periodo laboral y universitario.
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Source: Informacion
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