Europa ya tiene una ley para proteger la información que circula dentro de los confines de la unión, a los periodistas que la producen y a los ciudadanos que la consumen. Es uno de los últimos legados que dejó el Parlamento Europeo al final de la legislatura de cinco años que terminó con las elecciones del 9 de junio y que tendrá que implementar la nueva Comisión Europea en el nuevo curso político, que echa a andar el 16 de julio en Estrasburgo. El llamado Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación nace de la necesidad de protegerse ante la injerencia rusa, la desinformación y la deriva autoritaria que comienza a abrirse paso en algunos países de la Unión Europea (UE).
“La ley surge de ver un ecosistema informativo que se está degradando. Sin pluralidad informativa no tenemos democracia“, explica a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, Diana Riba, eurodiputada de Esquerra Republicana que desde el Grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea ha sido la ponente de esta norma en la Eurocámara.
Según el nuevo reglamento, las autoridades tendrán prohibido presionar a los periodistas para que divulguen sus fuentes y no podrán detenerlos, sancionarlos o hacer búsquedas en sus oficinas o archivos. Para protegerlos de los vaivenes políticos, los medios públicos estarán sujetos a estrictos estándares de transparencia en la elección de los directivos y los presupuestos anuales. Por su parte, los medios privados deberán compartir qué publicidad estatal reciben y quién es el propietario, que se aglutinará en una base de datos pública.
Injerencia rusa
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La Eurocámara espera que conocer quién está detrás de cada medio ayude a combatir las noticias falsas. “Para ser reconocidos como medios creíbles, los medios deben ser independientes de terceros países. Esta transparencia ayuda a identificar y mitigar las injerencias extranjeras, incluidas las noticias falsas“, explica a este diario la eurodiputada alemana Sabine Verheyen, que ha liderado la propuesta de ley desde el Partido Popular Europeo.
Si bien desde los años 90 existió una cierta preocupación por regular el entorno mediático en la UE, algunos Estados miembros se oponían a ceder estas competencias nacionales. Las alarmas saltaron en 2016 con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuando el entonces candidato Donald Trump lanza una campaña sustentada en falsedades y acusa de complot a los medios de comunicación que tratan de verificar sus discursos.
“Desde entonces surge una preocupación por la injerencia rusa entre las autoridades europeas por el impacto que puede tener la desinformación sobre los procesos electorales”, explica a este diario Carmina Crusafón, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y especializada en políticas de comunicación de la Unión Europea. La normativa está pensada también para frenar los intentos de “países de influencia prorrusa que quieran desarrollar mecanismos autoritarios de control de los medios”, permitiendo establecer límites sobre el poder del Estado que respeten la libertad de prensa, explica la experta.
El dilema de las redes sociales
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La ley centra su punto de mira en los gigantes tecnológicos Meta, la matriz de Mark Zuckerbergbajo la que están Facebook, Instagram y Whatsapp, así como X, anteriormente Twitter, y la compañía china TikTok. La ley prohíbe que las plataformas eliminen de forma unilateral los contenidos generados por los medios de comunicación. A su vez, los medios de comunicación tendrán que registrarse como tal en las plataformas, para que estas los identifiquen de forma clara y visible.
Cómo se generarán estas listas está por ver, ya que las tecnológicas previsiblemente evitarán generar nuevos departamentos que les conlleven un coste añadido. De optar por una alternativa en la que el propio medio se registre como tal, los expertos temen que se convierta en un coladero de blogs sesgados que no cumplan la función de desinformar sino todo lo contrario. “Vamos a ver si las plataformas actúan por ellas mismas o van a esperar a que la comisión les llame la atención“, explica Crusafón.
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[–>Lo cierto es que esta regulación es de obligado cumplimiento, a diferencia de las recomendaciones anteriores. Para ello se crea un ente regulador que dependerá de la Comisión Europea en tanto que da sus primeros pasos pero que deberá convertirse en un ente independiente. A su vez, cada país tendrá un ente homólogo, que en el caso de España será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se abre la puerta a que puedan participar las entidades reguladoras regionales. De entrada, se optará por una política de pedagogía y no punitiva.
Source: Informacion
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